PRETORIANISMO PARLAMENTARIO

Por Xavier Rodríguez Franco

 

Pretorianismo1El carácter cívico de la política sigue entre comillas también después de la muerte de Hugo Chávez. La huella militar en la forma de conducir los asuntos públicos pervive en las arterias de la revolución bolivariana, más allá de los imperativos de “gobernabilidad democrática” que la actualidad sugiere. Los días posteriores a las elecciones sobrevenidas del pasado 14 de abril, han mostrado toda la toxicidad de una polarización que se ha recrudecido tras un controvertido proceso electoral, que más allá de su autenticidad o credibilidad, revela la lejanía de aquel país monocolor de diciembre de 2006 [1].

 

Contexto sociopolítico que sigue sin ser entendido por quiénes aseguran gobernar hasta el “dos mil siempre”. De aquí el talante de las forzosas acusaciones -que sin escatimar recursos- emiten sobre una oposición sensiblemente distinta a la del 2005. La actuación gubernamental, nos evidencia la incapacidad ¿o quizá indisposición? de comprender la movilidad social que ocurre en su electorado y también en el de sus adversarios políticos, aferrándose argumental y actitudinalmente al prisma de aquel -mucho más lejano- 2002. Comportamiento que demuestra no saber cómo llenar el vacío dejado por un liderazgo carismático sin igual, pero intransferible.

 

Optar por la radicalización, prescindiendo de la “otrospectiva” (perspectiva del otro) en la gestión pública, fue y es pauta habitual en la conducción política revolucionaria. Es aquí donde se afianza el endurecimiento mostrado por el tándem Maduro-Cabello; lo cual nos muestra que polarizar ya no es el último recurso, sino el que mejor conocen y aplican, aunque ahora sin el cobijo del gran arquitecto de esta forma de gobierno y sin el respaldo popular que éste mantenía.

 

Una de las expresiones más saliente de esta pauta de comportamiento, especialmente en su versión más pretoriana, ha tenido lugar en la Asamblea Nacional en las últimas sesiones. Los diputados Diosdado Cabello y Pedro Carreño, han demostrado la abrasiva vigencia del carácter pretoriano que subyace en la institución deliberativa más importante del país.

 

Las recientes agresiones físicas, las ofensas verbales, aunadas al arbitrario condicionamiento del derecho de palabra y la supresión selectiva de los salarios a los diputados de la oposición (entre otras muchas restricciones manifiestas desde la reforma del RIDAN [1] de diciembre de 2010) ponen de manifiesto la incomprensión de la naturaleza dialéctica, doctrinaria y sociológica del ámbito deliberante por excelencia de cualquier democracia, como lo es su PARLAmento [2]. Especialmente en momentos en los que la legitimidad, legalidad y estabilidad de un nuevo gobierno en funciones está seriamente cuestionada.

 

Pero, ¿a qué nos referimos con pretorianismo? Y más aún, ¿cómo podríamos definirlo en el ámbito parlamentario? A lo largo de nuestra vida republicana, la figura de los «hombres de armas» ha jugado un rol protagónico en la conducción del Estado y sus instituciones, así como en nuestra socialización política. La repetición crea patrones de conducta: de los 55 gobiernos que nos hemos dado como República de Venezuela, 37 han sido por controlados por figuras provenientes del sector castrense. Por lo que la mentalidad militar forma parte inexorable de nuestra representación social de lo público. Una tendencia  sociopolítica de nuestro pasado proyectada sobre el presente. De modo que las ilegales decisiones recientemente asumidas por el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al menos no deberían sorprendernos ni en forma ni en fondo.

 

En este sentido, el pretorianismo se refiere a aquella propensión del sector militar de una sociedad de intervenir abusivamente en su vida política (Irwin; 2003). En el caso venezolano, los militares gustan de presentarse ante la opinión pública como «garantes» de la estabilidad, la última reserva patria del «deber ser» de la democracia, argumentación que siempre los ha tentado a confundir -a su manera- revancha con justicia, así como también legitimidad con legalidad.

Los lamentables episodios pretorianos que presenciamos en el hemiciclo parlamentario días atrás, y que amenazan severamente su funcionamiento para el futuro inmediato, responde a una actitud supraconstitucional, que nos recuerdan los momentos más funestos de los gobiernos militares latinoamericanos del siglo XX y su automática propensión de amordazar el debate, condicionarlo, maniatarlo y en última instancia, silenciarlo.

 

Una actuación que además de acusar y amenazar a los diputados, nos muestra cuán ligero puede llegar a ser el ropaje democrático de quienes presiden un espacio en el que las palabras -y no los golpes- deberían ser las protagonistas cotidianas de la política.

 

Referencias

[1] Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN)

[2] Mayúsculas deliberadamente sugeridas para evidenciar la naturaleza social, burocrática y normativa que tiene el recinto donde se recrea el gobierno de la palabra: el parlamento. Por lo tanto, sin la posibilidad de “parlar” el principio de representatividad de toda democracia debilita seriamente la voluntad popular manifiesta electoralmente.

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