Encuestas en dictadura El caso Venezuela (1/2)

¿Qué validez tienen las encuestas de opinión política en dictadura? ¿Recogen los sondeos de opinión en dictaduras las preferencias de la gente, de forma tal que se logran representar las valoraciones del ciudadano promedio? ¿Qué importancia tiene responder a estas preguntas para Venezuela?

A veces responder una encuesta tiene costos

Las encuestas de opinión pública son instrumentos concebidos para evaluar las preferencias políticas de ciudadanos que viven en sociedades abiertas. En este sentido, un aspecto característico de una encuesta es que, más allá del tiempo que se invierte en responderla, los costos promedios de revelar preferencias políticas sea cero. En sociedades en las que se respetan los derechos humanos, el secreto estadístico es resguardado y existe garantía del cumplimiento de las normas, la decisión de manifestar explícitamente en una encuesta preferencias por una tendencia, un candidato, o un partido no acarrea costos políticos.

Un supuesto que subyace al diseño de sondeos de opinión pública es que las personas que responden encuestas difieren de quienes no lo hacen principalmente en el valor que asignan al costo de oportunidad del tiempo que implica responderlas (esto es: difieren en el costo que implica abandonar la actividad alternativa preferida a contestar una encuesta).[1] La evaluación del costo de oportunidad de contestar una encuesta se asume distribuido de forma aleatoria en relación con las preferencias políticas, esto es: se supone que los factores que determinan cómo la gente valora su tiempo, o no influyen sobre, o no están correlacionados con, la forma como se configuran las preferencias políticas. Las encuestas logran representatividad poblacional (es decir destacan las preferencias políticas que subyacen a la opinión del ciudadano promedio o representativo) en la medida en que el costo de oportunidad del tiempo no se correlaciona con las preferencias políticas de la gente que se pretende encuestar.

Supongamos que los criterios que las personas usan para decidir si responden a una encuesta o no son los mismos que determinan sus preferencias políticas. Por ejemplo, supongamos que una persona piensa “responder esta encuesta podría hacerme perder mi empleo, porque este es un totalitarismo represivo” y al mismo tiempo piensa “yo no apoyo a quienes están en el poder porque mantienen un totalitarismo represivo”. En este caso, el atributo de valoración “totalitarismo represivo” influencia la decisión de responder encuestas y simultáneamente es la base de una valoración negativa sobre quienes controlan el poder. Es de esperarse entonces que la probabilidad de participar en encuestas entre las personas que piensan de este modo (que el régimen es represivo) tienda de forma sistemática a ser baja, en relación con personas que piensan que el régimen no es represivo (por ejemplo: piensan que viven en una democracia). Consecuentemente, la valoración de las preferencias políticas de aquellas personas que se niegan a responder una encuesta queda sub-representada en una muestra poblacional que selecciona personas al azar (independientemente del modo de muestreo que se emplee).

La opinión del que responde no necesariamente representa la del que no responde

Los diseños muestrales en sondeos de opinión pública, es decir, los algoritmos que permiten determinar a quién se ha de encuestar y a quién no, se fundamentan en la idea de que el costo de oportunidad del tiempo no influye en las preferencias políticas. Consecuentemente, cuando se comparan dos personas observacionalmente equivalentes (valga decir: con el mismo perfil socio-demográfico, etario, etc.) una de las cuales responde a una encuesta, y la otra no, la respuesta de la persona que responde la encuesta sirve para hacer inferencia sobre las preferencias políticas de la persona que no responde a la encuesta  (valga decir: se puede predecir lo que opinaría quien no responde sobre la base de la opinión de quien si responde). Sin embargo no es este siempre el caso.

El aspecto que importa, relativo a la decisión individual de contestar una encuesta de opinión política que hace a las sociedades abiertas diferir de las dictaduras es que, en las segundas, más allá del tiempo invertido en hacerlo, los costos individuales de revelar preferencias políticas NO son cero. En otras palabras, a la dimensión del costo de oportunidad del tiempo ha de sumársele las consideraciones individuales sobre el “costo  político” que puede acarrear revelar dichas preferencias. Los llamados “costos  políticos”  estarían asociados con la posibilidad de que al revelar lo que se piensa sobre el “status quo”, se perdería acceso real (o en expectativa) a programas sociales, fuentes de financiamiento, empleo, y/o poder. Es importante señalar que este costo político varía en función de cuanta seguridad jurídica existe para proteger a quien responde un sondeo en términos del secreto estadístico.

Desde el punto de vista del logro de la representatividad poblacional, hay razones para suponer que, en una dictadura, las preferencias políticas de la población que responde encuestas puede sistemáticamente diferir de aquella que no lo hace: entre ambas poblaciones hay valoraciones heterogéneas sobre el costo político de revelar preferencias que se correlacionan con la apreciación de cada grupo sobre lo que sea la “realidad” política.

Se necesitan nuevas estrategias para capturar la opinión pública

En dictaduras, sostener que la población que responde encuestas es un grupo “aleatorio” de la población es un acto de fe. Este aspecto hace que las estrategias convencionales de muestreo basadas en estratificaciones demográficas sean, cuando menos, cuestionables en términos de su capacidad para capturar la distribución subyacente de preferencias políticas de los ciudadanos.

Hacer encuestas en dictaduras requeriría de estrategias no-convencionales de muestreo que, o tomen en cuenta la distribución de los costos políticos de revelar preferencias, o corrijan el sesgo sistemático que deriva de obtener respuestas de una muestra “auto-seleccionada” de personas que responden. Es preciso asumir que las encuestas las responden aquellas personas que perciben un beneficio neto esperado sistemáticamente alto de esa actividad. El aspecto central de la ineficacia de los métodos convencionales de implementación de encuestas para capturar preferencias políticas en dictaduras reside en que la distribución de costos políticos esperados afecta quién responderá a las encuestas y quién no lo hará. Porque se correlacionan con las preferencias políticas, estos costos políticos subjetivos sesgan sistemáticamente los resultados de las encuestas de forma que estas necesariamente expresen las preferencias políticas de aquellas personas que tienen, o un bajo costo de oportunidad del tiempo, o asignan un bajo costo  político de revelar sus preferencias políticas a un encuestador, o ambos costos son bajos.

Mostrar preferencias políticas en Venezuela puede costar mucho

Centrando la atención en Venezuela cabe destacar que se precisa de estudios sobre cómo las personas perciben que responder una encuesta representa costos políticos. Hay, sin embargo, razones para suponer que revelar preferencias en nuestro país (particularmente opuestas al régimen, pero también a la oposición)  revela un alto costo político para ciertas personas. Es bien sabido que revelar preferencias políticas en contra del régimen que controla el poder en Venezuela ha generado en el pasado episodios de violación a los derechos humanos.

El ejemplo más claro de esta práctica discriminatoria, fue la creación de las listas“Maisanta” y “Tascón” y su uso sistemático para negar oportunidades de acceso a beneficios y/o empleo gubernamentales y despedir masivamente a trabajadores de la administración pública venezolana. Hace apenas unos días (agosto de 2016), el régimen reeditó una versión “light” de dicha práctica anunciando despidos masivos en 48 horas a quienes firmaron una solicitud de referéndum revocatorio introducida por la oposición política ante el Consejo Nacional Electoral. Para los estratos socio-económicos que dependen de prebendas del régimen para su subsistencia (comida subsidiada en bolsas administradas por células políticas -CLAP, acceso a viviendas y servicios, empleo, etc.) los costos de revelar preferencias políticas podrían significar la diferencia entre la pobreza absoluta y la sobrevivencia.

Para pensar en cómo capturar la opinión pública venezolana, es preciso asumir que existe el miedo a la retaliación política: el ciudadano venezolano está prácticamente inerme frente a un régimen que controla los poderes públicos a su antojo y en su beneficio, que tuerce la voluntad ciudadana a discreción y que ha desmontado el estado de derecho para dar paso a una revolución socialista controlada por mafias. El miedo a la retaliación política no es un simple dato.

Revelar preferencias no es lo mismo que inducirlas

Estas consideraciones sobre la representatividad de la opinión pública que se recoge en dictaduras con instrumentos de medición pensados para sociedades libres son relevantes para comprender nuestra realidad política. La pretendida objetividad de los resultados de sondeos de opinión publica reside en supuestos sobre los factores que llevan a las personas a responder estas encuestas; estos supuestos son a menudo violados cuando se emplean estrategias convencionales de muestreo, diseño de cuestionarios y ponderación relativa que se basan en la idea que existe respeto a la opinión individual y que el costo de revelar preferencias políticas es cero. Estas consideraciones son apreciadas como importantes y, en opinión de quien escribe, marcan la diferencia entre aquellos que hacen del “asir” la opinión pública un oficio  y quienes hacen público y como oficio, el opinar para inducir preferencias.

Economista. Doctorado en políticas públicas. Investigador Senior en Chapin Hall y Research Fellow de la Harris School of PublicPolicy  (ambos en la Universidad de Chicago).

twitter @WladimirZanoni

[1]Este costo de oportunidad del tiempo, que se revela en la negativa o aceptación a responder una encuesta, suma componentes tanto permanentes como transitorios. Por ejemplo, un ama de casa podría negarse a responder una encuesta porque, a pesar de estar siempre muy ocupada en el cuidado de los niños (costo permanente), el momento especifico en el que encuestador toca su puerta se encuentra indispuesta (costo transitorio).