El Salario: Crónica de una muerte anunciada

Una serie de acontecimientos de insólito alcance, en el que destaca la profunda crisis social, económica e institucional que vive Venezuela, así como las decisiones gubernamentales de discutible utilidad y sin efectos positivos, han afectado arduamente el funcionamiento del mercado laboral en el país. El último año se ha determinado no solo por síntomas de altas dificultades y la agonía de un modelo económico inviable, sino por la disminución abrumadora del número de puestos de trabajo, dado a la reducción también significativa de los empleadores, desaparición de elementos de protección social, incremento del empleo precario, variables negativas en las condiciones de empleo, incumplimiento gubernamental de los derechos laborales fundamentales, además del descenso de la remuneración real del trabajador en comparación con el incremento de la inflación. Como consecuencia de esto último, podemos observar el aumento de trabajadores con más de un empleo para poder compensar los ingresos familiares con los egresos o la disminución de los asalariados que no se traducen en emprendimientos empresariales, pues el trabajador busca medios informales para poder subsistir ante el incremento desvergonzado del costo de vida.

El trabajo, de acuerdo a la Constitución de la República, es considerado un hecho de carácter social y cuyo garante es el Estado venezolano; por su parte, el Ministerio del Trabajo es el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de todos los trabajadores. Ante ello debemos preguntarnos: ¿en qué condiciones trabajan los venezolanos? De acuerdo a la última Encuesta de Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) realizada, al evaluar la distribución porcentual de los trabajadores y su relación con beneficios laborales básicos, se puede observar que existe una amplia debilidad del tejido laboral, arrojando los indicadores como resultado que el cumplimiento de las condiciones de trabajo mínimas exigidas por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras sólo se cumplen, en promedio, en menos del 50%. Esto solo nos permite concluir que la inseguridad laboral y las condiciones de trabajo de los venezolanos colocan en evidencia la incapacidad del trabajo como mecanismo de protección social, traduciéndose, en breves líneas, en la imposibilidad del trabajador venezolano de lograr, por sus propios medios, mejores condiciones de vida, sin importar que la Ley del trabajo vigente y nuestra Carta Magna indiquen que es el Estado el garante de que esto no suceda.

Aunado a lo anterior, Venezuela sufre un fenómeno en crecimiento que comúnmente es llamado “desalarización del salario”, que en breves palabras no es más que el debilitamiento del salario al sustituirlo paralelamente por otro medio de pago, pues el gobierno nacional entre sus improductivas políticas laborales, ha propiciado la inclusión desmedida de conceptos de carácter no salarial en el ingreso de los trabajadores. Un ejemplo ineludible de ello es la relación entre el salario y el beneficio no salarial que mayor impacto tiene en empleadores y trabajadores, que no es más que el bono de alimentación. Nuestra crítica no está dirigida al beneficio en sí mismo, sino a que éste supere con creces el salario mínimo nacional, generando que los trabajadores vean afectados su ingreso real y su antigüedad traducida en prestaciones sociales, pues reciben “dinero” dejando de percibir salario, además de colocar en evidencia que el costo de alimentos es imposible cubrirlo con el salario aprobado por decreto presidencial y en consecuencia no se garantiza una existencia digna al trabajador.

Este fenómeno y lo anteriormente planteado son un claro retroceso y una falta de reconocimiento a las luchas históricas de los trabajadores y a los derechos obtenidos como resultado de éstas. Es por ello que la reformulación de políticas laborales debe ser prioritaria en la agenda del gobierno venezolano, siendo necesario incorporar un nuevo rumbo de construcción de acuerdos, donde se incluya a todos los actores sociales y se logre alcanzar un consenso respecto a la estrategia de desarrollo del país, colocando como eje la reestructuración productiva y el reconocimiento de los derechos laborales consagrados en nuestras leyes, para así lograr que la política de empleo apunte a hacer frente a los desequilibrios y retrocesos que existen en materia laboral en Venezuela.