¿Inclusión social a la justicia o prueba de dominación al gremio legal?

Como estudiante de Derecho no puedo quedarme de brazos cruzados ante la infamia que ha cometido el Gobierno venezolano en contra la ilustre, moral y suprema profesión de la abogacía mediante el Decreto Presidencial N° 2.718, publicado el 7 de febrero del presente año, en dónde se crea la Misión Justicia Socialista y se identifica en sus textos, una vez más, la aceleración con la que el Gobierno nacional pretende acabar con todo vestigio de luz y moralidad que brilla en el país, con el típico discurso populista de “justicia e inclusión social”, a sabiendas que tres millones de venezolanos comen de la basura en la actualidad y cientos de miles mueren dentro de hospitales carentes de insumos. ¿Podría llamarse a este descalabro socioeconómico “justo e inclusivo” o mejor “premeditado y alevoso”?

Concediéndose a sí mismos potestades legislativas inherentes a la Asamblea Nacional, con aires de pantagruélica superioridad, sin solicitarle participación al Colegio de Abogados de Venezuela ni a ninguna Escuela de Derecho del país— más que a la única sumisa Universidad Bolivariana de Venezuela— tienen la desfachatez de musitar, dentro de su misión, la promoción de “…una transformación de la concepción de la profesión de Abogado y su ejercicio, a partir de una nueva ética profesional que supere la mercantilización capitalista, para construir un verdadero referente de profesional al servicio de la justicia ya la paz social, comprometido con los sectores vulnerables de la población y la construcción de una sociedad justa, igualitaria y amante de la paz.”

La digna profesión del Derecho se encuentra íntimamente ligada a la consciencia, habilidades y gustos de cada individuo. Este numeral desvirtúa, de forma irrespetuosa, a la universalidad de funciones que pueden ejercer los abogados en cuanto a su carrera y la rama que éstos prefieran elegir para su libre ejercicio. No solo se necesitan abogados dentro de los tribunales civiles y penales atendiendo litigios, sino también dentro de un sinfín de empresas destinadas a todas las labores reconocidas por el hombre. Dicho coloquialmente. para todo se necesita un Abogado: profesional debidamente licenciado por el Colegio de Abogados que recubra con legalidad todo acto que se realice, brindando su asesoría técnica, científica y humana en pro de la tarea asignada.

La ética profesional del abogado no se cambia, es una pregunta de “si” o “no”: se tiene, o no se tiene. Esta es un compendio de reglas morales, que rigen su práctica —sin daño colateral a terceros— dentro del ejercicio de sus labores, sean cuales sean (si dentro de un tribunal o de una casa de corretaje bursátil). No podríamos relajar estas reglas o moldearlas, puesto que son de taxativo cumplimiento para evitar que otros, no involucrados a la acción que se pretende ejecutar, puedan salir perjudicados dentro de un marco jurídico que respete los derechos elementales de cada individuo, como ser humano y como ciudadano.

Condenar el capitalismo en una sociedad en donde todo tiene valor monetario resulta una aseveración miserable de la parte quien condena. Trayendo a colación otro dicho muy sonado, es como “el niño que llora y la madre que lo pellizca”, es inverosímil pretender que los abogados trabajarán condenados a un pago ínfimo que no le permita cubrir las necesidades básicas de subsistencia, con una inflación del 718% anualizada en Venezuela. Si para cualquier profesional recién graduado resulta casi imposible comprarse una casa o un vehículo, ¿Cuáles aspiraciones piensa fomentar el Gobierno venezolano en la imposición de justicia y la motivación que los abogados deben tener para el correcto ejercicio de su carrera?

Con la creación de otros organismos burocráticos aumenta la renta estatal, por ende bajan los ingresos del país “destinados a obras y mejoramiento de servicios“ y crece la inflación, acarreando un desmejoramiento para la vida para todos los venezolanos, cosa que no parece importarle al Gobierno al tener alrededor del 9% de la población dentro de la nómina pública (más de tres millones de empleados en todos los sectores) y ostentar una impunidad judicial del 98% sobre crímenes no resueltos (casos fríos, como se llaman en otras legislaciones).

¿Es que acaso el gobierno piensa exterminar al venezolano de forma definitiva, haciendo una apología contextualizada dentro del siglo XXI a la «Solución final de la Cuestión Judía» de los Nazis»? donde el régimen alemán asesinó sistemáticamente a más de cuatro millones y medio de judíos europeos. Dadas las pruebas tangibles, todo parece indicar que sí, ante el inquietante silencio de la “oposición oficial” que no termina de saltar la talanquera porque hizo un túnel por debajo de ella a su entera conveniencia.

No obstante, el gobierno nacional invita a dicho pseudo organismo a “promover la observación y contraloría social del Sistema de Justicia”, violando flagrantemente los artículos 253 y 254 de la Constitución de la República, en donde se define taxativamente al Poder Judicial como máximo representante de la justicia venezolana, mostrando dentro de sí la organización de dicho Poder y las personas autorizadas para su ejercicio, siendo estos los Abogados; además de la aclaratoria que se hace en virtud de la parcialidad que pueda tomar este Poder hacia alguna vertiente en específico que no sea la justicia y el bien comun, tildándolo de “independiente y autónomo en todos sus departamentos”.

Hago un llamado a todos los estudiantes de Derecho de Venezuela, dentro de sus distintas Escuelas y Facultades dispersas por el territorio, que se organicen, lean y discutan esta piltrafa que pretende socavar nuestro ejercicio legítimo a la profesión que amamos y que duramente estudiamos dentro de un país que no nos ofrece condiciones mínimas, ni siquiera, para formarnos debidamente, para que puedan condenar —o aplaudir en algunos casos— debidamente a esta mutación silenciosa a la Constitución, que es el pacto más sagrado que tenemos todos los ciudadanos con nuestra república.

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