Economía para la gente
¿Es justa y social la Justicia Social? (II)

En el artículo pasado, veníamos planteando y analizando una primera vía para definir el salario: aquella en la que el gobierno decide qué nivel de salario es suficiente y justo.

Un problema que de fondo tiene esta vía, es que es como tratar de ir en contra de una condición natural, que es todos somos diferentes; iguales en Dignidad, pero diferentes en talentos, en inteligencia y voluntad. Seguir por este camino es caer en la fatal arrogancia de creer que se posee todo el conocimiento necesario para hacer ese preciso cálculo; cosa simplemente imposible, pues el conocimiento es disperso.

Esta situación se da cada vez que el gobierno establece su política laboral, o leyes laborales: salario mínimo, inamovilidad laboral, entre otras medidas; que aunque tengan las mejores intenciones, terminan imprimiendo rigidez al mercado laboral, lo que se traduce en “des-estímulo” a emplear personas, causando desempleo. Son leyes que protegen tal vez a la persona que ya está disfrutando de un empleo, pero que seguramente perjudican a quien sale a la calle a buscar trabajo. Ganan los que ya están empleados y el gobierno (políticamente), y pierden los que están desempleados y quieren trabajar.

Ahora, planteo una segunda vía que intente resolver el punto de la definición del salario justo y suficiente: se sientan a negociar el patrono y el empleado.

Bajo la óptica de quién tiene mejor información y conocimiento (aunque no sea absolutamente completo), para saber el salario que para sí es suficiente, diríamos que sólo el trabajador sabe mejor el monto que en un momento es suficiente para cubrir su costo de vida, y además que le permita ahorrar para sus planes futuros. También podemos decir que, del lado del patrono, sólo la empresa tiene el mejor conocimiento, aunque naturalmente incompleto, para saber cuál es el salario que puede ofrecer a un potencial empleado; el salario que considera justo y conveniente, el que no le afecta.

De esa negociación, si se da el acuerdo, resultará un salario: ¿Será justo? ¿Será suficiente? No me atrevo a aseverarlo categóricamente, pues también soy humano, y trato de no caer en la arrogancia. Pero creo que sí puedo decir que pareciera que sería más justo y más cercano al suficiente que si lo fija o impone el gobierno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quienes lo pactaron son los dolientes directos y los que manejan de mejor forma el conocimiento necesario para llegar al acuerdo.

Si se generaliza esta situación, considero que con mayor probabilidad se reduciría el desempleo, alcanzando quizás el tan anhelado pleno empleo.

Ahora pensemos un poco en esa negociación patrono-empleado. Qué importante es que a la mesa de negociación ambos se sienten sin estar coaccionados; es decir, que negocien de forma libre y voluntaria. Si ese acuerdo se alcanza de manera libre y voluntaria, sin que una parte obligue (coaccione) a la otra, podríamos decir que ambas partes salen ganando, pues si así no lo sintieran, si no estuvieran satisfechas, pues simplemente no llegarían a un acuerdo. Lo recuerdo: sólo si es libre y voluntaria la negociación.

Esta condición ya hecha por tierra aquella antiquísima idea de que en todo acuerdo necesariamente hay un ganador y un perdedor.

También es cierto que es casi imposible que en esa negociación ambas partes tengan exactamente el mismo poder para negociar. Alguna tendrá más poder que la otra: en ocasiones el patrono, en ocasiones el empleado. Con frecuencia se ve al empleado como el débil en esta negociación; como la parte desvalida. Y esa razón suele justificar que personas de buen corazón y buena voluntad, se pongan de parte del empleado, apoyando cualquier medida o política de gobierno que “equilibre” esa condición de desventaja que tiene el empleado negociando con su patrono. Ni siquiera pensemos en quién protege a la empresa si la situación fuera la contraria; una en la que el empleado tenga mayor poder para negociar. Reflexionemos sobre la situación en la que el empleado es el débil en la negociación.

Podríamos decir que siempre el patrono tendrá más poder para negociar que el empleado, y asumamos que aprovechándose de esta ventaja el patrono impone lo que le es conveniente: un salario bajo, tan bajo que es insuficiente desde la óptica del empleado.

Entonces, ¿Cómo protegemos al empleado para que no le ocurra esto?

… intentemos desarrollar la respuesta a esta interrogante, en la próxima entrega.

Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos reflexionando sobre Justicia Social, en el próximo artículo.

Rafael Avila

Rafael Avila

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila. Profesor de la UCAB y el IESA. Ingeniero Civil, UCAB. Master en Administración de Empresas, Políticas Públicas y Finanzas, IESA. PhD. in Economics de la SMC University, Zug, Suiza.
Rafael Avila

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