Economía para la gente
¿Es justa y social la Justicia Social? (III)

En las pasadas entregas de esta serie, planteamos y analizamos dos vías para definir el salario: aquella en la que el gobierno decide qué nivel de salario es suficiente y justo; y otra en la que se sientan a negociar el patrono y el empleado.

Analizando esta segunda vía, culminábamos diciendo que podíamos asumir que siempre el patrono tendrá más poder para negociar que el empleado, y que aprovechándose de esta ventaja el patrono impone lo que le es conveniente: un salario bajo, tan bajo que es insuficiente desde la óptica del empleado.

Entonces, quedamos en responder esta interrogante: ¿Cómo protegemos al empleado para que no le ocurra esto?

Lo primero que llega a la mente es que si tanto el empleado como el patrono quisieran ser éticos y moralmente correctos, y se reconocieran el uno al otro como personas, con Dignidad, hijos de Dios, no tratarían de perjudicar a la contraparte, alcanzando acuerdos satisfactorios para ambos. Esta situación es la ideal, es la mejor. Pero dada la crisis de valores que vivimos actualmente, tal vez esperar que esto ocurra así en todas las negociaciones nos defraudaríamos al ver los resultados. Esta es una solución de largo plazo, una lucha que nunca hay que dejar de dar: que en nuestra sociedad reinen los valores, la moral, la ética.

Pero, ¿Cómo podemos hacer en las circunstancias actuales de crisis de valores, para que los acuerdos lleguen a ser lo mejor posibles para ambas partes y en especial para el empleado?

Hay quienes propondrían que, dado que siempre el patrono tendría ventaja y el empleado está desvalido, y si dejamos que esta negociación se dé libremente, el empleado saldría derrotado recibiendo unos beneficios inconvenientes, se justifica, ante esta “falla de mercado”, que el gobierno intervenga regulando la relación laboral con sus políticas para este sector. Pero resulta que persiguiendo ese anhelo de protección al empleado, con la mejor de las intenciones, termina ocurriendo lo que ya comentábamos más arriba y por las razones que exponíamos: peores condiciones para el trabajador, desempleo, salarios injustos. Es decir, terminamos sustituyendo una supuesta “falla de mercado” por una clara “falla de gobierno”.

Entonces, ¿Qué nos queda? ¿Está el empleado condenado a vivir derrotado?

¿Cómo podemos hacer para que el empleado tenga mayor poder de negociación con su potencial patrono, que de alguna manera incentive, asegure, mejores resultados? Es decir, ¿Cómo podría llegar a obtener beneficios más justos?

La respuesta pareciera estar en que lo primero que nosotros debemos garantizarnos, propiciar, propugnar, como sociedad, es que esa negociación patrono-empleado sea libre y voluntaria, sin coacción, por aquello de que los acuerdos que se alcancen serán aquellos en los que ambas partes sienten que ganan, están satisfechos. Y luego, habría que apoyar esto con algo que le dé más poder al empleado en la negociación.

Conclusión

Si ya sabemos que la vía no es mayor regulación, imposición, por parte del gobierno, nos queda reflexionar sobre esta: que haya cada vez más y más empresas demandando los servicios de este trabajador; así, con un empleado que tenga más opciones de donde escoger, tendrá la oportunidad de seleccionar aquella que mejores beneficios y condiciones laborales ofrezca, según su criterio. De esta forma, generalizándola, y con el paso del tiempo, tendremos más y más trabajadores satisfechos, recibiendo salarios “suficientes” y “justos”. Y los empleadores sabrán que si desmejoran o maltratan al empleado, este simplemente se les va a otra de las tantas opciones que tendrá. Así que debe ser una relación armoniosa, de ganar-ganar.

Por lo tanto, como sociedad debemos velar porque nuestros gobiernos, y exigirles, apliquen políticas que incentiven la creación de empresas, y por lo tanto empleos, y la competencia entre estas. Así, los trabajadores resultarán beneficiados, y los que salen a buscar empleo, lo conseguirán más rápido.

Entonces, visto lo anterior, podemos preguntarnos: ¿Es justa y social la Justicia Social? Entendiendo esta como la serie de condiciones que impone el gobierno a la sociedad, y que pretenden dar “protección” al trabajador, creo que lamentablemente la respuesta es que no es justa. Es una imposición en la que a unos les hacen creer que ganan, cuando realmente son perdedores: los trabajadores, sus familias y la sociedad en general, en el largo plazo.

Por lo tanto, ¿Cuál parece ser el arreglo que propicie una mayor “justicia social”? ¿Cuál es la mejor protección que podemos tener los trabajadores? ¿Cómo podríamos abonar para dar cumplimiento a esa sana petición que nos hace nuestro queridísimo San Juan Pablo Magno? Creo que la respuesta está en no más fallas de gobiernos, sino en propiciar un entorno en el que haya cada vez más y más acuerdos libres y voluntarios, y más y mejores opciones para que los trabajadores tengamos de donde elegir.

Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difícil cambiar el statu quo.

Rafael Avila

Rafael Avila

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila. Profesor de la UCAB y el IESA. Ingeniero Civil, UCAB. Master en Administración de Empresas, Políticas Públicas y Finanzas, IESA. PhD. in Economics de la SMC University, Zug, Suiza.
Rafael Avila

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