La salida electoral

Para nadie debería ser un secreto que tenemos un sistema electoral fraudulento. Financiamiento directo del partido PSUV con los recursos provenientes del erario público; coacción a los funcionarios y empleados públicos para no sólo votar por los candidatos oficialistas sino para trabajar activamente en sus campañas y movilizar al menos 10 personas más por cada empleado; desigualdad exagerada en la propaganda electoral, y más aún el uso de los medios del Estado para promover a candidatos del gobierno. A ello debemos agregar las migraciones masivas de electores (horas antes de una elección); el uso de la violencia para evitar la presencia de testigos en muchos centros electorales; convocatoria de elecciones por órganos manifiestamente incompetentes e ilegítimos (ANC); la prohibición de sustituir candidatos dentro del lapso permitido para ello; el uso de programas sociales como chantaje político; las ilegales inhabilitaciones de candidatos por órganos incompetentes (Contraloría) y sin que exista sentencia definitiva de un tribunal.

Por si fuera poco, de los cinco rectores del CNE (3 tienen sus periodos vencidos) y los 5 fueron ratificados en sus cargos por un órgano manifiestamente ilegítimo (ANC). A ello se le suma, la ilegalización de partidos políticos siguiendo criterios no ajustados a la Constitución y a la Ley de Procesos Electorales; militares conduciendo procesos electorales en algunos centros y violando flagrantemente las directrices impartidas por los miembros de mesa y la persecución judicial o encarcelamiento de candidatos o miembros tácticos de partidos u otras organizaciones políticas.

Definitivamente no bastarían estas pocas líneas para describir el sistema electoral fraudulento que tenemos. Lo que sí es que es suficiente para describir que el problema no se resuelve simplemente con el nombramiento de nuevas autoridades del CNE. Los vicios van desde la convocatoria y definición de las reglas electorales aplicables hasta la proclamación de los ganadores, es decir, abarcan todo el proceso electoral. Estos vicios, aunado a la ausencia de un TSJ, Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo y CNE imparcial, hacen el coctel perfecto para un sistema corrupto y cuyos resultados necesariamente seguirán creando más frustración y dudas en los votantes que estabilidad y transparencia política.

Sin embargo, esta penosa situación sí tiene posibles salidas. Una de ellas podría ser la celebración de un proceso electoral conducido por un órgano imparcial y capaz de corregir todos los vicios descritos. Ahora, internamente tenemos todos los poderes públicos en manos del mismo sector oficial que ha creado esta terrible situación y una Asamblea Nacional cuyos poderes han sido castrados por el régimen. ¿Que hacer frente a ello?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la cual Venezuela es miembro desde el 15 de noviembre de 1945, a través de la División de Asistencia Electoral (DAE) podría organizar estas elecciones transparentes que el país requiere con urgencia antes de que sea tarde para Venezuela una salida institucional. Este órgano de la ONU ha prestado servicios de asistencia electoral u organizado directamente elecciones en un centenar de países desde 1991 cuando la Asamblea General del organismo mediante Resolución 46/137 autorizó su creación.

La situación de profundo desprestigio e incapacidad de las instituciones internas del país y las justas demandas de una población asfixiada por un Estado violador de los DDHH, requieren una medida excepcional de la comunidad internacional. Los tiempos de discusiones y declaraciones claramente han caducado. El caso venezolano (aunque con especiales particularidades) tiene claros precedentes internacionales en la historia reciente. Así, el caso Camboya (1992-1993), Timor-Leste (2001-2002), Afganistán (2004-2005) e Irak (2005).

El Consejo de Seguridad de la ONU, tiene cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Además, tiene diez miembros no permanentes, actualmente, Bolivia, Egipto, Etiopia, Japón, Italia, Kazajstán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia. Este Consejo de Seguridad puede con el voto favorable de 9 de sus miembros, aprobar la organización y conducción de un proceso electoral transparente, con la credibilidad y fortaleza que permita corregir los vicios que destruyeron completamente el sistema democrático venezolano.

En el año 2018, constitucionalmente corresponden elecciones presidenciales en Venezuela. Autorizar la organización de estas elecciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y efectivamente organizarlas la División de Asistencia Electoral (DAE), tomaría varios meses, pero empezando el proceso en este momento ello sería viable. Por el carácter militarista del régimen venezolano ello requeriría además de la autorización de un ejército que permita neutralizar las fuerzas militares al servicio del régimen venezolano, y poder realizar unas elecciones que realmente reflejen la voluntad del electorado.

La Asamblea Nacional como Poder Legislativo Nacional tiene entre sus competencias delineadas en el artículo 187 numeral 11 de la Constitución de Venezuela “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”. Esta autorización es más que viable en una Asamblea Nacional que cuenta con la abrumadora mayoría opositora y con el respaldo del pueblo.

Francia, Inglaterra, EEUU, Japón, Italia, Uruguay y Suecia han manifestado públicamente su rechazo a la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Se requerirían solo dos votos más y la insistencia de la Asamblea Nacional para activar este mecanismo internacional válidamente suscrito por Venezuela desde su creación para solucionar por la vía electoral lo que podría terminar, si la comunidad internacional no pasa de la discusión a la acción, en otro baño de sangre de proporciones inimaginables.