Gallegos 1941 y Allup 2018

En entregas anteriores ya hemos tocado el tema de la elección presidencial de 1941, que más que una elección, fue un simulacro electoral de una “democracia de masas frustrada”, como acertadamente la llamó el politólogo Juan Carlos Rey. Ahora profundizaremos más en este hecho con la mirada atenta en nuestro presente.

Desde la reforma constitucional de 1936, el gobierno había establecido un sólido aparato jurídico que impedía que las organizaciones políticas de masas alteraran el orden político y social. Se amplió el famoso “inciso sexto” del artículo 32 de la Constitución de 1928, que prohibía la propaganda comunista, autorizando al Poder Ejecutivo en todo momento, sin necesidad de garantías suspendidas, de prohibir cualquier actividad política que amenazara el orden público y la paz social. Además del inciso sexto, se aprobó la “Ley Lara”, que establecía que los partidos políticos debían someterse a un severo escrutinio gubernamental para su funcionamiento legal, además de la potestad por parte del Ejecutivo de ilegalizar y disolver partidos, anular elecciones, expulsar a líderes del país, así como penas de prisión para quien hiciera propaganda comunista. Finalmente, la Corte Federal emitió una sentencia el 4 de marzo de 1941 en donde reconocía al Poder Ejecutivo una función de “alta policía nacional”, definida como “absoluta, extraordinaria, discrecional y única”, por la cual el presidente de la República podía decidir qué partidos estaban constitucionalmente prohibidos, podía aplicar sanciones e incluso anular las elecciones en las que dichas personas hubiesen resultado ganadores. Bajo el pretexto de la sospecha de actividad comunista, se pretendía reprimir cualquier oposición o liderazgo político que desafiara al gomecismo en fase terminal.

De manera que, para esas elecciones de 1941, en plena “dictablanda” posgomecista, el partido de oposición PDN (después Acción Democrática), promovió la candidatura “simbólica” del reconocido escritor Rómulo Gallegos a la presidencia de la república. La candidatura era “simbólica” porque nuevamente un Congreso controlado casi en su totalidad por el Ejecutivo, elegiría en una elección de segundo grado al sucesor de Eleazar López Contreras, en este caso, el general Isaías Mediana Angarita, andino y Ministro de Guerra y Marina de su predecesor. Como era de esperarse, resultó vencedor Medina con 120 votos a favor, frente a 13 votos de Gallegos. Sin embargo, la candidatura simbólica de Gallegos dejó clara una conciencia en sus electores de que la efervescencia en las calles de los últimos años tenía un cauce hacia una eventual conquista del poder y cumplió por primera vez en la práctica -ya no sólo en papel- con el principio alternativo consagrado en todas las Constituciones del país desde 1811. Así las cosas, la candidatura simbólica de Gallegos en el 41, sirvió para que los partidos y organizaciones políticas salieran a la calle. Se organizaron por todo el país los llamados “Comités Pro Elecciones Libres” y se hizo una campaña como si realmente se hubiese tratado de una elección popular legítima, con pancartas, afiches, mítines, giras y concentraciones públicas por varios estados del país, que sentaron las bases de una democracia que se encontraba en construcción y de una inmensa vocación de poder que aún no daría sus pasos definitivos.

De manera que, durante los nueve años de transición hacia la democracia entre 1936 y 1945, encabezada por los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, el país entró hacia una paulatina democratización. A cuenta gotas, pero democratización al fin. En 1936, López adoptó la corbata y el traje frente al uniforme militar, permitió moderadamente la actuación pública de organizaciones políticas e impulsó la creación de programas sociales; demolió La Rotunda, la cárcel de los enemigos políticos de la dictadura gomecista donde ocurrieron toda clase de torturas. Todo esto causó impresión en el imaginario de la época y afianzó la certeza de que se estaban viviendo tiempos de cambio. Posteriormente, Medina Angarita permitió la actividad de los partidos de izquierda en la arena política, promovió la actividad sindical, el Congreso (con mayoría del partido de gobierno, el PDV) propuso y llevó adelante una reforma constitucional, modificó el Código Civil, consintió la elección directa y universal para los consejos legislativos, etc. De tal suerte que la participación “simbólica” de la oposición en las elecciones del posgomecismo, se insertó dentro de una transición dosificada de una dictadura estacionaria y despótica que estaba en vías de desembocar en una democracia, que vería finalmente sus frutos irreversibles en 1958.

Curiosamente, 77 años después, el mismo partido político se halla en una encrucijada ¿parecida? (o eso nos quieren hacer creer), pues se debaten entre presentar o no una candidatura en unas falsas elecciones presidenciales sin ningún tipo de garantías, pero además, rechazadas por gran parte de las naciones del mundo libre. Hace días, el Secretario General y diputado de AD, Henry Ramos Allup declaró en televisión: “Si decidimos participar en las elecciones debe ser con un candidato unitario que sea respaldado por toda la sociedad civil” y “Si las elecciones son libres, el gobierno las pierde y si no son libres, también las pierde porque queda más deslegitimado”.

A pesar de que estas no serían las primeras elecciones a las que AD se presenta sin ningún tipo de garantías, es obvio que en 2018 nos encontramos en las antípodas de 1941. No es lo mismo participar en una farsa electoral en medio de la radicalización de un régimen dictatorial en su deriva hacia el totalitarismo. En estos momentos, por ninguna parte se vislumbra siquiera una apariencia de viraje hacia la democracia, sino por el contrario, estamos frente a un recrudecimiento de la represión, con cada vez más presos, torturados, perseguidos y exiliados, cierres de medios de comunicación, aislamiento internacional y uno de los fraudes electorales más escandalosos de la historia; sin contar una crisis humanitaria sin precedente alguno en nuestra historia que ha causado cientos de miles de desplazados. En ese sentido, las razones tácticas y la vía del realismo político, que algunos dirigentes de la oposición institucionalizada podrían esgrimir para justificar su participación en una farsa electoral y asegurar su supervivencia, constituye un error colosal, porque lo que está en juego en estos momentos es realmente el exterminio total de cualquier disidencia hacia el régimen, incluso dentro de su propio seno, en el corto plazo, si no se toman medidas radicales para sacarlos del poder.

Alejandra Martinez

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Licenciada en Historia de la Universidad
Central de Venezuela. Sus principales intereses son la economía política, la historia económica y la filosofía de la historia.
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