La mejor decisión

PUNTO DE PARTIDA

Todo análisis sobre la situación actual debe partir de la afirmación de la ruptura irremediable del orden constitucional producto de las decisiones de la Sala Constitucional identificadas como las sentencias 155-17 y 156-17, actos arbitrarios que instauran una tiranía judicial. La inmediata consecuencia de los actos de usurpación, ejecutados tanto por el que debería ser el máximo tribunal de Justicia de Venezuela así como el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro, fue el acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional, en fecha 9 de enero de 2017, mediante el cual se procedió a la declaratoria de Abandono del Cargo de Presidente de la República.

Lejos de una inmediata sustitución de Maduro se produjo un desconocimiento del Acuerdo de la Asamblea Nacional. Eso convierte al “grupo estructurad que detenta el poder en Venezuela y que ha actuado concertadamente en la comisión de delitos contra la humanidad y los delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, obteniendo beneficios económicos por la depredación de los recursos nacionales” como un gobierno de facto sin reconocimiento internacional. Ese mismo régimen produjo una insólita convocatoria a elecciones presidenciales que derivó en una irrita proclamación del usurpador y un desconocimiento universal de su legitimidad. Tal situación derivó en otro acuerdo de la Asamblea Nacional, esta vez fechado el 22 de mayo pasado, mediante el cual se declaró el fraude constitucional y electoral además de la inexistencia de la reelección para el nuevo período presidencial que debería comenzar en enero de 2019.

Pero no sólo existen estas declaratorias políticas del Parlamento, también se han producido dos acuerdos fundamentales como pasos necesarios de procesos constitucionales dirigidos al enjuiciamiento de Maduro. Esos actos fueron el Acuerdo del 5 de abril de 2017 que declara la existencia de méritos para continuar el proceso judicial por hechos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht y el reciente Acuerdo del 21 de agosto de 2018 que pretende encaminar un proceso de sustitución de quien ha sido declarado culpable y condenado por un “tribunal híbrido”, designado por la propia Asamblea Nacional y reconocido por la comunidad internacional. Se trata de circunstancias políticas objetivadas que tienen relevancia para el régimen y todos los venezolanos. No pueden ser desconocidas. Precisamente, lo que está pasando responde a esta realidad.

DESPEJE DE VARIABLES

Pero surge de inmediato una pregunta, ¿cuál es el efecto práctico de estos acuerdos de la Asamblea Nacional? Y yo la voy a responder con otra pregunta, simple por demás, ¿a qué elementos obedece el ataque implacable que sufre la Asamblea Nacional como institución? Si la pregunta es simple la respuesta también debe serlo. Esa Asamblea Nacional, producto de una indubitable manifestación de soberanía, es la única institución que sobrevive al holocausto constitucional que ha ejecutado el conglomerado de intereses nacionales y transnacionales representados en el Estado Forajido en el que se ha convertido Venezuela. No existe otra instancia, tampoco otro recurso. La solución estará sustentada en la reunión de los representantes del pueblo de Venezuela tomando decisiones para superar el vacío constitucional y la anarquía implícita en este Estado, dominado por un grupo delincuencial fuera de todo orden constitucional e internacional.

El restablecimiento de la democracia en Venezuela supone legitimidad, aunque falle el liderazgo y la voluntad política. Estoy convencido que vamos a tener que levantar las piedras de muchos sepulcros de ese cementerio en que han querido convertir la legitimidad que ostenta el parlamento venezolano. Toda salida pasa por el aval de la Asamblea Nacional. Es por ello que este régimen siempre ha tenido como prioridad la anulación de sus actos. Primero, bajo el alegato de un desacato inexistente; luego, bajo la práctica de la persecución selectiva de sus miembros y el desconocimiento de sus actos; finalmente, pasan al acto más aberrante de todos, la convocatoria de una asamblea comunal constituyente que sigue la línea de usurpación y de ruptura constitucional iniciada tantos años atrás.

Es por ello que considero un error estratégico el no diferenciar entre la institución y algunos de sus integrantes que no han sabido honrar el compromiso que adquirieron cuando inscribieron su candidatura como Diputados. Allá ellos y sus consciencias, hasta que sean juzgados. Los demócratas debemos defender al Parlamento porque hasta en las dictaduras existen resquicios de institucionalidad.

DESESPERACIÓN O PLAN

Para asumir las decisiones idóneas, en el frente democrático que debe agrupar a los venezolanos que resisten esta dictadura, hay que descifrar un problema central: Los últimos acontecimientos, reflejan un plan preconcebido y perfecto, planificado desde mucho tiempo atrás; o, simplemente, son apresuradas decisiones típicas de regímenes desesperados porque vislumbran su fin a la vuelta de la esquina.

Si nos atenemos al pasado y a los hechos, tendríamos que concluir en la primera opción. Es decir, estamos viviendo la fase final, el tránsito del estatismo socialista al comunismo totalitario. Las recientes medidas económicas sólo pretenden destruir lo poco que queda del sector privado, léase de las libertades públicas. Constituyen una carga de profundidad, oferta engañosa, un proyecto de control absoluto cuya consecuencia será el hambre y la miseria de todo un pueblo. Pero, ¿realmente es así? ¿Estamos en presencia de un sector unificado, con coherencia ideológica, intereses comunes y fortaleza popular?

No dudo en afirmar que lo único que mantiene a este régimen nefasto, al frente del Estado Forajido, es la necesidad de enfrentar a la comunidad internacional y a los sectores mayoritarios del país, sus enemigos comunes. Ese es el único lazo que une a las diferentes mafias que usufructúan el poder para depredar los recursos nacionales, se trata de la vocación por la supervivencia. Ellos se saben acorralados, más débiles que nunca, por eso recurren a dos extremos fundamentales de sus prácticas: El sometimiento de la sociedad mediante la violencia y el terror; al tiempo, el control que ejerce una cúpula corrupta que compone parte de la mafia, en las áreas más expuestas, sobre el sector militar. Ese terreno al descampado son el narcotráfico y la depredación de las Industrias básicas.

La realidad es que en las medidas dictadas por Maduro se pueden constatar ambos componentes. Se ve la secuencia de un plan pero también una improvisación pasmosa e inédita que hace del hecho económico una suerte de práctica de brujería; en el que no existe racionalidad alguna. Todo se presenta como un juego en el que ni siquiera hay la posibilidad de ensayo error para corregir, una catástrofe que se materializará antes de los tres meses que el histrión ha señalado como período de transición.

¿En dónde está la planificación? Por supuesto siguen las líneas del debilitamiento de toda resistencia interna e impulsan la diáspora venezolana y la división de los que nos quedamos aquí. El otro hecho común a todas la las ejecutoria anteriores es la persistencia del control social mediante la diabólica práctica depaupera et impera. Venezuela se convierte en un país de Miserables que son sometidos por sus propias necesidades. Pero la improvisación es evidente también. A varios amigos economistas les había advertido, semanas atrás, que toda reconversión monetaria iba a encontrar un obstáculo brutal referido al sistema de salarios de los trabajadores, por cuanto se iba a reflejar la dolarización de todos los componentes de la vida diaria menos el referido a sus ingresos. Por ello me atreví a predecir, apenas se produjo el anuncio de quitarle cinco ceros a la moneda, la realización de una cadena nacional en la que se anunciaría, en víspera de la reconversión, que sólo se restarían cuatro ceros a los salarios de los trabajadores.

Todos mis amigos economistas me indicaron que era una locura multiplicar por diez los salarios. Y yo lo acepté así, aunque advirtiendo que, en el régimen de Maduro, sólo se aceptaban enajenados y, en consecuencia, era más que factible mi predicción. Pues me quedé corto. Multiplicaron por 30 la base de todo el esquema salarial, me refiero al mínimo. Para ellos es muy sencillo inventar números y cifras para tratar de sostener lo que queda de 2018. Pero en el sector privado sólo se trabaja con la realidad y desde el mismo momento del anuncio se activaron todas las alarmas para tratar de sobrevivir la agresión. La consecuencia, ante tanta incertidumbre, materializará el cierre técnico del sector comercial y el aumento inusitado del desempleo a niveles nunca vistos.

Los sectores productivos que apenas sobrevivían se verán obligados a decidir, sin dominar las variables indispensables para que su decisión sea la correcta. Los trabajadores vivirán la incertidumbre y la angustia de perder su único medio de subsistencia. Los empleados públicos quizá soporten un tiempo pero terminarán, igual a todos, ante la falta de transporte y una carestía que nos hará añorar el año 2017. Todo esto por orates como Jorge Rodríguez. Él sabe manipular la mente de los seres humanos pero, como se observó, no sabe sumar o multiplicar, solo dividir. Y ese es uno de los más preparados.

¿Cuál es la decisión más sensata? No permitir que nos quiebren el alma. Preservar los recursos que tenemos. Solo actuar y decidir con base al análisis de todas las variables. Resistir con la fuerza de la verdad y la convicción. Y, por Dios, NO SIGAN ATACANDO A LA ASAMBLEA NACIONAL.