(ARGENTINA) La hipoteca social apunta a toda la política

Para Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, hay una grieta mucho peor que la existente, desde el conflicto con el campo, entre ultrakirchneristas y ultraantikirchneristas. Ni siquiera es pobres versus ricos, sino entre la creciente cantidad de personas caídas del sistema y cierta parte de la clase media.

El argumento de «la culpa la tienen ellos» y que son pobres por ser «vagos que no les gusta trabajar» es una manera frívola y desaprensiva de barrer debajo de la alfombra el más crítico problema de una sociedad que dejó de ser respetablemente justa, digna e igualitaria ya hace 45 años y que cada vez más ensancha ese dramático cráter social.

El índice de pobreza, conocido el lunes último, que saltó al 35,4% de la población -casi 16 millones de personas con sus demandas básicas insatisfechas-, es la fuente principal de los males de esta sociedad. Peor aún: 52,6% son menores de edad, lo que significa que más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres, algo directamente criminal y que hipoteca el futuro del país. Cómo solucionarlo es el gran desafío pendiente de las clases dirigentes, algo que no sucederá en tanto que el tema solo sea un mero estandarte ideológico para agitar enfrentamientos políticos estériles.

El odio virtual que fogonean algunas redes sociales ahonda el prejuicio y ha reducido al pobre a la estigmatizada y estereotipada figura del «choriplanero», asociada al que corta, acampa y ensucia la avenida 9 de Julio, confundiendo a movimientos sociales con la totalidad del sector más castigado de la población.

El Gobierno podría haber contribuido a amortiguar ese estereotipo no solo con una política económica menos fallida, sino con dos acciones importantes en la comunicación oficial, que no se interesó en desarrollar en lo más mínimo: 1) evitando los discursos equívocos que pueden interpretarse como de escasa sensibilidad y hasta de odio social, que fogonean consciente o inconscientemente unos pocos pero muy notables funcionarios y que contrastan con los mensajes de «cercanía» que Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y otros dirigentes producen sin pausa en sus propias redes sociales al visitar a personas carenciadas y 2) con una actitud más proactiva y permanente para disolver ese malentendido que aún persiste: que las organizaciones sociales que ocupan las calles y atacan al Gobierno son sostenidas paradójicamente por el propio oficialismo.

Una vez más hay que explicarlo, aunque de poco servirá porque una versión falsa se ha extendido de tal forma que requeriría de una acción mucho más ambiciosa y sistemática por parte del Gobierno, que, sorprendentemente, no se muestra interesado en atacar de frente esa fake news (con la que algunos de sus principales referentes, incluso, hasta parecen estar a gusto).

Aunque la atacan siempre por eso, fue precisamente la ministra Stanley quien ya en el primer año de la administración de Cambiemos terminó con la intermediación de las organizaciones en el reparto de las ayudas sociales. Al día de hoy persisten 400.000 planes sociales de $7500 cada uno debidamente registrados y que los beneficiarios cobran de manera directa con su propia tarjeta de débito. Están censados y tienen que cumplir con una serie de requisitos. Los más importantes son terminar el secundario y elegir una capacitación en algún oficio práctico (electricidad, carpintería, herrería, etcétera). Cada cuatro meses deben presentar actualizado el certificado de escolaridad y capacitación, en tanto que una vez al año concurren a una entrevista más larga en la Anses. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social advierte desde su sitio en internet que nadie puede pedir dinero por pertenecer a ese programa asistencial y mucho menos ser obligado a ir contra su voluntad a un acto. Por eso, suministra una línea gratuita para denunciar cualquier anomalía al respecto (0800-2223294) y un mail (economiasocialmds@desarrollosocial.gob.ar). Por estos medios, se recibieron tres mil denuncias, 25 de las cuales ya están en tribunales.

Es un verdadero enigma por qué las huestes de Marcos Peña y Jaime Durán Barba no han considerado suficientemente importante no dejar crecer tan inexacta información, pudiendo haberle cerrado el paso de manera eficiente antes de que se convirtiera en un prejuicio arraigado.

Stanley, que rechazó dos veces ser candidata a senadora, prefiere la acción en territorios. Visita comedores y merenderos, recorre a pie y hasta en bicicleta villas y barrios humildes para tomar la «temperatura» in situ de carencias y broncas, relevar necesidades y satisfacerlas en la medida de las posibilidades de su área, que no son muchas (3% del presupuesto nacional, sin contar Anses).

Si Juntos por el Cambio gana, nadie sabe si Stanley querrá seguir como ministra o elegirá continuar trabajando en el campo social, pero desde otro lugar. Si el oficialismo llegara a «darla vuelta», como se canta por estos días en las marchas del «Sí se puede» por distintas ciudades del país, se prepara, eso sí, para amortiguar un diciembre que, en ese caso, no duda de que podría complicarse mucho por el malhumor que desatarían los derrotados. Tal vez sería su último servicio antes de partir hacia otro destino.

Crédito: La Nación