¿Qué implican las sanciones de EEUU a Venezuela?

El 5 de agosto de 2019, mediante una Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se impuso nuevas sanciones económicas al gobierno venezolano(1), siendo las más duras sanciones en este hemisferio desde los tiempos de Fidel Castro en Cuba. ¿Cuáles serán las consecuencias de ello?

Las sanciones de EE.UU. fueron, más específicamente, éstas:

  1. Congelación de activos del gobierno venezolano en el territorio de EE.UU, incluyendo aquellos activos que pasen a manos de terceras personas en EE.UU.
  2. Bloqueo a toda persona o empresa, sea de EE.UU. o extranjera, que “asista, patrocine, o provea apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes y servicios” al gobierno venezolano.
  3. Restricciones migratorias al territorio estadounidense de todo extranjero vinculado al gobierno venezolano.

Cabe destacar que la sanción no está dirigida exclusivamente a algunos individuos o algunas instituciones del gobierno venezolano, como han señalado algunos dirigentes de la oposición, ya que el mismo decreto define gobierno venezolano como “el Estado o Gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, agencia o cualquier otra que instrumentalice a los mismos, incluyendo el Banco Central de Venezuela, PDVSA, o cualquier persona que sea dueña o controle, directa o indirectamente las anteriormente señaladas, y cualquier persona que actúe o presuntamente actúe para o en representación del régimen de Maduro“. Es decir, la misma aplica a todas las instituciones del Estado venezolano, siempre y cuando sean afectas a Nicolás Maduro.

En los medios de comunicación de Venezuela, hizo mucho más ruido la congelación de los activos del Estado venezolano en suelo estadounidense. Sin embargo, es difícil determinar el alcance de esta congelación, en tanto no se conoce con exactitud los mismos y los que todos conocemos ya están probablemente sancionados o han dejado de estar en manos del gobierno venezolano, como es el caso de CITGO(2).  

Las otras dos sanciones son las más relevantes, porque no están dirigidas solamente al gobierno venezolano, sino a toda persona o empresa, sea del país que sea. Es decir, está más que todo dirigido a empresas y personas de China, Rusia, Turquía e India. El decreto de Trump sólo se establece excepciones en el caso de cooperación en alimentos y medicinas (ayuda humanitaria). 

Esto es definitivamente un golpe duro para el gobierno, puesto que ahora será fácil prever que muchas empresas internacionales dejarán de cooperar con el gobierno venezolano, so pena de enfrentar sanciones de EE.UU.. Esto podría afectar casi todas las industrias venezolanas, y no sólo la industria petrolera. Por ejemplo, empresas en el área las telecomunicaciones, como Huawei y ZTE, de China, podrían dejar de prestar apoyo en dicha área si consideran que las sanciones podrían afectarles, siendo que hace poco Huawei ya se encuentra sancionada. 

Entre otros ejemplos, podemos recordar que, últimamente, el gobierno venezolano ha acudido a terceros países para la impresión del nuevo cono monetario. Ello podría verse afectado dado que el Banco Central de Venezuela (BCV) es una de las instituciones explícitamente sancionadas en el decreto, lo cual puede incidir aún más en la escasez del efectivo en las calles. Lo mismo valdría decir para la obtención de documentos públicos, en particular documentos como la cédula de identidad y el pasaporte, que requieren de insumos que sólo son producidos en el exterior, se verán más afectados de lo que ya están. Entre otros ejemplos, podemos señalar que, irónicamente, aunque el decreto señala que la cooperación en medicinas y alimentos no están sujetas a las sanciones, el Ministerio de Salud no podría hacer llegar medicinas a los hospitales si no dispone de los repuestos para los automóviles, que sólo se consiguen en el exterior; o inclusive no podría imprimir un inventario de medicinas si no puede adquirir insumos de papelería o equipos electrónicos, en su mayoría, nuevamente, importados. 

Y aunque pareciera que únicamente el sector público está afectado, ésto podría incidir indirectamente en el sector privado. Por ejemplo, una gran empresa privada que esté radicada tanto en Venezuela como en el exterior, podría verse sancionada si EE.UU. considerase que su actividad en Venezuela ayuda a financiar o apoya en alguna manera al gobierno venezolano. Pero, ¿Qué implica financiar o apoyar? El lenguaje del decreto de Trump es muy abierto y no lo define, por lo que una empresa que sencillamente pague impuestos al gobierno venezolano, podría ver sancionados sus activos en territorio estadounidense. 

Con la última sanción de EE.UU. a Huawei, diversas empresas de tecnología estadounidenses anunciaron la ruptura de relaciones con la empresa china, tales como la cooperación en hardware y software. La más dolorosa fue el anuncio de Google de no prestar apoyo con su sistema operativo Android (sanción que después se relajaría). Situación similar podría ocurrir con las empresas tecnológicas en Venezuela, lo que podría acarrear la suspensión de servicios web y la caída servidores de las instituciones públicas, e incluso, EE.UU. podría ordenar el cierre de las cuentas personales de las figuras políticas del gobierno e instituciones públicas en redes sociales: una suerte de asesinato digital de las instituciones del gobierno venezolano, y que afectaría aún más la vida normal de los venezolanos, acostumbrados a anuncios presidenciales vía Twitter. Dado que los servicios financieros y comerciales a nivel global están prácticamente dominados por EE.UU., las consecuencias económicas de esta sanción podrían ser miles.

Teniendo en consideración todo lo anterior, la idea de la sanción es empeorar el riesgo de invertir dinero en Venezuela. Sólo basta que EE.UU. decida sancionar a una empresa transnacional de cierta relevancia —culpable o no, no importa— para que se genere un efecto dominó de empresas que se decidan a no hacer negocios con el gobierno venezolano. Por supuesto, EE.UU. deberá sacrificar a alguna empresa para dar el ejemplo, lo cual al momento en que se escriben estas palabras no ha sucedido.

Los intereses de EE.UU., aunque quieran hacer parecerlo así, no son iguales a los de la oposición venezolana. Trump necesita de una gran victoria que le permita asegurar su reelección en el año 2020. Si las negociaciones en Barbados entre oposición y gobierno logran una salida política en la que EE.UU. no es un protagonista, eso sería inaceptable para Trump. Esa es una de las principales fallas de la charla barbadense: no incluye a todos los actores en el conflicto venezolano (EE.UU., Rusia, China y la UE), por lo que cada quien hala los hilos a su favor, sin importarle lo que ya se haya tejido. Inclusive, esta sanción viene a demostrar que la cooperación entre la oposición venezolana y el gobierno de EE.UU. no es tan estrecha como se hizo creer.

A pesar de todo, el embargo o bloqueo económico (según el punto de vista ideológico de cada quien) a Venezuela no da ninguna garantía de cambio político en Venezuela. Son, de hecho, pocos los ejemplos en los que unas sanciones hayan provocado algún cambio político en un país. No solamente Cuba es un gran ejemplo de ese fracaso de las sanciones, sino también Irán, Siria, Corea del Norte, Rusia y, más recientemente, en Nicaragua.

El 7 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro respondió a las sanciones con la ruptura de negociaciones llevadas a cabo en Barbados, lo cual tiene bastante lógica, considerando que está entre las pocas cosas que puede responder el gobierno y que además necesita dar alguna acción que satisfaga al chavismo duro. Sin embargo, puede no pase mucho tiempo para que Maduro vuelva a la mesa de negociación, dado que la gobernabilidad no será sencilla después de las sanciones. Al gobierno venezolano le tocará buscar nuevas fuentes de financiamiento, por lo que muy probablemente tendrá que actuar como actúan los gobiernos normales del mundo: financiarse a través de impuestos; y menos probable, aunque no imposible, el gobierno quizás pueda recortar gastos y privatizar algunas industrias, esenciales o no, como por ejemplo la industria turística y de entretenimiento. (Aunque quien se atreva a comprarle algún activo al gobierno deberá atenerse a posibles sanciones e incluso a perder su inversión si Maduro deja el gobierno).

Sigue sin ser fácil determinar lo que pasará en este Juego de Tronos caribeño, pero lo que es seguro es que las sanciones van a afectar primeramente a la gente de a pie y luego, si acaso, al gobierno de Nicolás Maduro.

FUENTES:
  1. Departamento del Tesoro de EE.UU. “Executive orden: blocking property of the Government of Venezuela“. Disponible por: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/20190805_venezuela_eo.pdf 
  2. Diario El Nacional. “Guaidó sobre el bloqueo: Citgo y sus activos están protegidos“. Disponible por: http://www.el-nacional.com/noticias/politica/guaido-sobre-bloqueo-citgo-sus-activos-estan-protegidos_291170 

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