¿Derechos de la mujer?

Por Henyerson Angulo

@Heryens

 

 

 

A propósito de la resolución aprobada por CNE el pasado 25 de junio, donde se establece que la participación de la mujer en todo proceso electoral debe ser proporcional a la del hombre, es importante que nos cuestionemos algunas cosas en cuanto al rol de la mujer en la política y la sociedad venezolana.

 

Desde que se instauró el chavismo en nuestro país, se ha intentado demostrar que los derechos de las mujeres no es algo por lo que hay que preocuparse, pues se hace alarde de que la voz de la mujer no solo vale, sino que cumple un rol importante en las decisiones políticas del país. Claro ejemplo de esto ha sido la constante insistencia de la inclusión del género gramatical femenino, tanto en los discursos políticos como en los documentos legales, como en la constitución, por ejemplo. Sin embargo, es importante mencionar que en Venezuela, donde una élite acomodada y apoderada que insiste en autoproclamarse socialista, los derechos de las mujeres se han engavetado bajo llave durante un largo periodo.

 

No es mentira que la mujer, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, sea aún un sector oprimido; una mujer tiene que trabajar el doble para ser reconocida en la misma medida que un hombre. Es muy bajo el porcentaje de las mujeres con altos cargos de trabajo en el país. La mujer trabajadora es, por consiguiente, doblemente oprimida.

 

En Venezuela la tasa de embarazos en adolescentes es cada dia mas sorprendente, ocupa el primer lugar en Latinoamérica, y recordemos que este se trata de un país matricentrado, en donde la mujer soltera cumple un rol importante: somos una sociedad criada por mujeres, pero que nos regimos por el patriarcado. A su vez, es más frecuentes la muerte de mujeres por interrupción insegura del embarazo, lo cual es una forma de femicidio de la que es culpable el Estado, pues estamos hablando de un acto que es criminalizado en el país, lo que quiere decir que se le puede abrir un proceso judicial a una mujer que haya interrumpido voluntariamente su embarazo, sea por la razón que sea. A diferencia de otros países latinoamericanos, como Colombia, por ejemplo, que a pesar de ser un país con una tradición conservadora, está despenalizado el aborto en al menos tres casos distintos: violación, malformación del feto, y cuando el embarazo represente un peligro para la vida de la madre. En Venezuela si una niña de 11 años es embarazada por violación, por ejemplo, tiene la obligación de continuar con ese embarazo. Es grave, como también lo son las trabas que existen en el reconocimiento legal de mujeres trasexuales, lo cual es una violación de los derechos de la mujer, como es el caso de Tamara Adrián, quien lleva años esperando dicho reconocimiento ante tribunales.

 

La resolución sobre la paridad de género que aprobó el CNE, si bien es un avance en materia de derechos de igualdad, parece no ser sino una estrategia política para el beneficio del partido oficial, el PSUV, puesto que ésta había sido propuesta antes e insistentemente por algunas activistas de los derechos de la mujer. Pero no fue aprobada sino hasta después de las elecciones primarias y de los consensos de la MUD, lo que eleva aún más las sospechas de que se trate de una estrategia política, y no de un avance en derechos civiles, con el fin de ahogar a los oponentes en la peor etapa de PSUV, quienes, por cierto, en infinitas oportunidades han ofendido a la mujer, entre otras cosas, desde el discurso machista: ¿recuerdan los incansables intentos por desprestigiar a los hombres de la oposición con insultos machistas, como “mamita” o “maricón” o “poco hombre”? ¿Recuerdan las intervenciones de Pedro Carreño en la Asamblea Nacional? O las atrocidades de las mismas mujeres de esta misma élite, quienes en algún momento proclamaron a Hugo Chávez como “el hombre de todas las mujeres”, o como aquella vez en donde la diputada María León, quien se merece mucho respeto, dijo, refiriéndose a la intervención de María Corina Machado en la última Memoria y Cuenta de Chávez, que cómo una mujer se atrevía a hablarle así al presidente. Y es que, como dijo alguna vez Simone de Beauvoir: “el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos”. Pero esto es apenas una muestra de cuán promotores de la misoginia son quienes deberían estar cambiando el sistema, el cual obliga a los grupos minoritarios en poder a doblegarse ante esta superestructura.

 

Por su parte, quienes conforman la Mesa de la Unidad, partidos opositores principalmente de derecha, no parecen contentos con la resolución, pues estos sectores políticos ya oxidados, no han demostrado su más mínimo interés por la lucha de los derechos civiles de las minorías vulnerables del país, como es el caso de la mujer. No faltaron, por supuesto, comentarios misóginos de algunos líderes de este sector reaccionario ante el anuncio del CNE.

 

Un ministerio para la mujer, la inclusión gramatical del género en documentos legales y discursos políticos, mujeres con cargos políticos o altas mandatarias en las fuerzas armadas no son suficientes para la emancipación de las mujeres. Esta debe ser una lucha no solo de la mujer, sino de quienes estamos comprometidos por cambiar una superestructura, que cada día ahoga más a los sectores vulnerables de la sociedad. Debe ser una lucha que apunte hacia el cambio del sistema; un lucha para suprimir los mecanismos de control que nos obligan a consolidarnos como objetos, y a la mujer como un objeto más consumible; una lucha que favorezca a quien verdaderamente padece los males de esta sociedad de consumo: la mujer trabajadora.