La libertad conduce al pueblo

No sabría precisarles la razón por la que, al escribir estas líneas, viene a mi mente el cuadro de Delacroix. Les hago esta confesión por las múltiples incógnitas que surgen ante la definida estrategia de la oposición dirigida a convocar un referéndum revocatorio contra Maduro y la manifiesta voluntad de él a resistirlo utilizando los soportes de su mandato. Me refiero a lo que le queda al régimen a falta de pueblo: los militares, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, lo que de por sí es bastante aunque la realidad nacional hable por sí misma. Y es que la convicción nacional, incluyendo a los propios militantes del PSUV, manifiesta un profundo rechazo a la gestión más desastrosa, corrupta y traicionera a la soberanía nacional. Ni siquiera en una encuesta preparada por el famoso Jessie Chacón el indocumentado tendría chance de superar la prueba electoral.

Comencemos por los dos primeros escollos, el bufete del Gobierno ubicado en Dos Pilitas y la oficina electoral del PSUV encargada de la tramitación del revocatorio que desde siempre ha cumplido esa función. La primera designación de rectores se hizo con la anuencia de la Sentencia del 30 de junio de 2000 emanada de una provisoria Sala Constitucional que declaró que el Congresillo “no tendría por qué ceñirse a las disposiciones de la Constitución”, sustituyendo a la sociedad civil con la discrecionalidad revolucionaria. Poco después, mediante Sentencia del 4 de agosto de 2003, la Sala Constitucional designó rectores tan imparciales como Jorge Rodríguez para “la ejecución” del primer revocatorio.

Ellos hicieron lo indispensable para el fraude: El cohecho y manipulación del Registro Electoral; la contratación de un sistema de automatización violando toda normativa de control; sin resguardo de los equipos a fin de evitar la manipulación y alteración de las que fueron objeto; el fracaso de las pruebas de auditoria; la falta de preservación de las urnas electorales; el secuestro de las instalaciones en que se realizaba el proceso electoral con militantes del oficialismo; la utilización de un sistema de identificación de huellas que pervertía el proceso; y la manipulación de la comunicación de la información y su procesamiento interviniendo la red desde distintos centros habilitados al efecto.

El TSJ y el CNE son la llave perfecta para violentar el derecho a la participación de los venezolanos pero hoy tienen otra estrategia: Desfigurar la verificación de firmas, colocar obstáculos insalvables para desechar la voluntad del elector u obligar a los firmantes a trasladarse a kilómetros de distancia para ratificar o llevar el proceso al próximo año para que pierda todo efecto, solo para ejemplificar. Pero el fraude es tan burdo que va en contra de decisiones previas que han asumido.

En efecto, existe un criterio consolidado de la Sala Electoral, sentencia Nº 103 de fecha 8 de agosto de 2013, en la oportunidad de suspender los efectos de los artículos 7 y 8 de la Resolución N° 130620-0135, emanada del Consejo Nacional Electoral, publicada en Gaceta Electoral Nº 677 de fecha 19 de julio de 2013, contentiva de las NORMAS PARA REGULAR LA VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD EN APOYO A LAS PERSONAS QUE ASPIREN POSTULARSE POR INICIATIVA PROPIA A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, en el cual se advierte expresamente al Consejo Nacional Electoral que no podrá, para el proceso electoral correspondiente a las Elecciones Municipales 2013, exigir la presentación ante la Oficina Regional Electoral de electores que hayan manifestado su voluntad de apoyar alguna postulación por iniciativa propia mediante firma, a los fines de la validación de esta.

En la misma se puede leer: “Observa la Sala que el trámite establecido en los artículos 7 y 8 de la Resolución impugnada, consistente en exigir la presentación ante la Oficina Regional Electoral, de un determinado número de electores que manifestaron su voluntad de apoyar mediante firma la postulación respectiva, a los fines de su validación, se traduce, en apariencia, en una limitación desproporcionada e irrazonable del derecho a la participación, dado que pareciera suficiente a los efectos del cumplimiento del requisito por parte de quien pretende ser candidato por iniciativa propia, que proceda a consignar las firmas exigidas bajo las condiciones y requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral”. Pero ahora nos obligan a ir a las sedes principales, como en el caso de un habitante de Santa Elena en Bolívar que tendría que recorrer 700 kilómetros para llegar a la Capital del Estado para revalidar su firma.

Sobre el soporte verde del régimen no tengo suficiente espacio en esta oportunidad pero vale advertir que una elección es un acto cívico por excelencia, una jornada ciudadana que no puede estar sujeta a la interferencia o intervención de uno de los factores que compiten en el proceso. En ningún país del mundo una jornada de esta naturaleza está sometida al control exhaustivo del sector militar y mucho menos depende en todas sus etapas de tal presencia. Verifiquen cuál es el origen de la mayoría de los Gobernadores y altos funcionarios de este régimen y se encontraran con militares. Este es un régimen militarista que mueve los cordeles de un monigote. Pero ha surgido un líder que todos siguen. Se trata del revocatorio como manifestación de libertad que guía a un pueblo. A pesar del fraude.