Niños y adultos tienen el mismo derecho a manifestar de forma segura
Con tristeza, incredulidad, angustia y preocupación se reacciona a las imágenes de pequeños que se unen al clamor de los adultos en la calle. Luis Zambrano activista de DDHH, explicó que el derecho a la protesta está contemplado de manera, muy especial en la Ley Orgánica de protección del Niño Niña y Adolescente (LOPNA), pues se trata de una facultad que se invoca en defensa de otras garantías.
Para Carlos Trapani, coordinador general y asesor jurídico de la asociación civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), en medio de las marchas, los niños consiguen la comida y el reconocimiento social del que carecen en sus familias o comunidades. En la misma línea, Oscar Misle, director de esta organización promotora del buen trato, manifestó que al calor del conflicto, los más jóvenes dejan de mostrarse vulnerables para convertirse en guerreros, y despiertan la atención de la gente que se fotografía con ellos, pero fuera de ese contexto se vuelven invisibles nuevamente:
“Estos muchachos han tenido que hacerse visibles a través de una vestimenta y una serie de accesorios como una forma de decir “¡estoy aquí!”, acto seguido solicitó a periodistas y medios de comunicación abordar este fenómeno desde la responsabilidad y la empatía en lugar de la victimización.
Ante los señalamientos del Estado, que acusa a la oposición de coaccionar a los infantes para incorporarlos a las protestas, Leonardo Rodríguez, director de los albergues infantiles Casas Don Bosco, señaló que son las muestras de solidaridad y atención recibidas por los manifestantes, lo que impulsa a los niños a arriesgarse en las movilizaciones antigubernamentales. En tal sentido, Trapani instó al Estado a que individualizara los presuntos casos de manipulación a fin de dar con los responsables:
“Si hay algún niño que está siendo utilizado por un adulto, eso es un delito y la ley debe procesarlo. Se ha criminalizado su presencia en las protestas sin tomar en cuenta las causas estructurales”, señaló el especialista.
Legislación fragmentada
Trapani denunció que las sucesivas reformas en torno a la LOPNA; llevaron a la eliminación de los Consejos Estadales de Protección, además del recorte de recursos para los fondos destinados al resguardo de los niños, igualmente se limitó la participación de las organizaciones sociales, aumentaron los hechos punibles y fijaron a partir de 14 años, la edad mínima para imputar un delito. “No solo se centralizó la protección a la infancia, se invisibilizó. Tenemos un ministerio de la suprema felicidad, pero ¿quién da la cara por los niños?”, cuestionó.
El jurista, lamentó la ausencia de instituciones y programas para la atención de los infantes en riesgo y destacó con preocupación, que los funcionarios del Estado, desconocen las leyes y el procedimiento para abordar esta problemática, especialmente en el ámbito penal: “no se sabe qué hacer cuando un adolescente de 12 o 13 años comete un homicidio. El sistema Nacional de Protección del Niño, (artículo 117 de la LOPNA), ni es sistema ni protege”, sentenció.
Sobre la solidaridad de los manifestantes el coordinador general de Cecodap fue enfático, aplaudió sus buenas intenciones al ofrecer comida o ropa a los desatendidos infantes. No obstante, subrayó que la acción social debe estructurarse cuidadosamente de lo contrario se crea dependencia: al punto de incurrir en los mismos errores que el Gobierno.
Pese a lo que dictan las leyes, Zambrano reconoció que en Venezuela, los chamos no deberían estar en la calle, dada la alta incidencia de fallecidos en edades comprendidas entre los 14 y 17 años . Con frecuencia las muertes se relacionan con prácticas contrarias al protocolo emitido propio Ministerio de Interior y Justicia que establece la actuación de los funcionarios de seguridad para el control de las manifestaciones públicas, donde se prohíbe expresamente, emplear armas de fuego, disparar bombas lacrimógenas en espacios cercanos a escuelas u hospitales o directamente contra las personas.
Aun en medio de un escenario tan complicado el activista insiste en defender el derecho infantil a la protesta: “nadie puede decir que no lo tienen, pero hay que buscar alternativas para que puedan ejercerlo de forma segura”, puntualizó.
