CIDH discutió vulnerabilidad de la infancia venezolana
Defensores de la niñez acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de su periodo de sesiones extraordinarias número 163 celebrado del 5 al 7 de Julio en la ciudad de Lima (Perú). El informe presentado por los representantes de la sociedad civil enumeró los factores de riesgo que amenazan a la población infantil en Venezuela.
Nuevamente la situación de la salud se alzó como uno de los temas más urgentes, por el alto déficit que presentan los hospitales; en materia de infraestructura, equipos, insumos, medicamentos, y personal capacitado. Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, alertó sobre las condiciones en las que se encuentra el servicio de nefrología del hospital de niños JM de Ríos: “actualmente 12 pacientes presentan infecciones. Los 3 tanques del centro muestran altos índices de contaminación por efecto de materia fecal y otras bacterias”, agregó.
Sin mejoras ni respuestas
Desde el 3 de mayo a la fecha, se han registrado 4 fallecimientos de niños por causa de bacterias que contrajeron al entrar en contacto con agua contaminada. Uno de ellos fue el hijo de Judith Bront, quien presentó su testimonio a los relatores de la CIDH:
“Mi niño se llamaba Samuel Alejandro Becerra, tenía 12 años, al nacer fue diagnosticado con una insuficiencia renal crónica, recibía diálisis 3 veces por semana y evolucionaba bien con su tratamiento. El 26 de marzo lo hospitalizaron con una infección en el catéter, al igual que los 18 pacientes de los 24, para ese momento hospitalizados en la unidad de hemodiálisis.
Comenzamos a recibir los antibióticos, aunque no con la frecuencia necesaria porque es muy poco lo que llega al hospital, casi todo por donaciones o gestión propia. La sala de diálisis se convirtió una pesadilla, los niños prácticamente no querían entrar, por miedo a contaminarse, tenían fiebre, y unos dolores en las articulaciones demasiado fuertes “, evocó Bront.
Según recordó la madre de Samuel, cuando fallece el primer pequeño, Raziel Jaure (10), no se tenía conocimiento de que él fuera uno de los niños infectados: “8 días después muere mi hijo el 11 de mayo”. Judith denunció que ante los fatídicos acontecimientos, padres y representantes del servicio de nefrología comenzaron a movilizarse. En búsqueda de respuestas solicitaron ayuda al Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, sin obtener una de ellos propuestas concretas. En la espera de una solución, otros dos pacientes: Dilfred Jiménez (15) y Daniel Laya (02), perdieron la vida.
A Juicio de Bront, fue el deceso de Jiménez, lo que desencadenó algunas medidas esporádicas por parte de las autoridades; “lavaron los tanques y tomaron muestras del agua, pero todavía no tenemos los resultados y la situación real es que nuestros niños están sufriendo. Nunca debieron permitirse esas cuatro muertes, por el contrario tenían que abordarse los casos de manera inmediata”, subrayó.
No es la primera vez que la dilación de las autoridades se impone a la necesidades de la niñez en riesgo por la crisis de salud: el 21 de mayo de 2014, Carlos Trapani coordinador general de la asociación civil Centros Comunitarios de aprendizaje, (CECODAP), introdujo un recurso de amparo,ante el Tribunal de Protección del niño y adolescente y el TSJ. En el documento constaba la (ya para ese momento), difícil situación que aquejaba a los pacientes del JM de los Ríos.
Dos años más tarde, en enero de 2016, se consignó un nuevo documento ante las instancias competentes, donde se alertaba sobre el desabastecimiento de medicinas e insumos, además de solicitar al Estado la apertura de un canal que permitiera la llegada de estos rubros esenciales. Nuevamente se desestimó el instrumento, negándose la existencia de la crisis humanitaria, bajo el argumento de que las medidas tomadas dentro del Estado de Excepción Económica, resolverían la carestía de recursos en el sector salud.
Ministros Fugaces
En representación del Estado Venezolano, Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, se mantuvo ceñido al discurso que señala la caída de los precios del petróleo junto a la “guerra económica”, como obstáculos en las politcas gubernamentales, a pesar de eso aseguró que un 76% por ciento de los ingresos nacionales son destinados a la inversión social. Del mismo modo anunció sin dar detalles la creación de una iniciativa conjunta con UNICEFF a fin de visibilizar la inversión realizada en beneficio de la población infantil.
En cuanto al desabastecimiento de medicinas, Devoe señalo que Venezuela mantiene acuerdos con las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, en aras de garantizar el acceso del ciudadano a los medicamentos que necesita.
No obstante un monitoreo de 10 semanas en 271 farmacias realizados por los periodistas del Instituto de Prensa y Sociedad IPYS, en el marco de su investigación: Huérfanos de la Salud, constató que la penicilina y sus derivados (dentro de la lista de componentes prioritarios de la OMS), brilla por su ausencia en varios establecimientos, en consecuencia padres de pacientes pediátricos, viven un drama al momento de ubicar los antibióticos que sus hijos necesitan para tratar sus respectivas dolencias.
Al ser cuestionado por Luis Vargas, uno de los relatores de la CIDH, sobre la posible relación entre la delicada coyuntura sanitaria y los constantes cambios en el ministerio de Salud: Devoe aseguró que las responsabilidades de la cartera no dependen del titular del cargo sino de la institución. En un año Venezuela ha tenido 3 ministros de salud distintos.
La activista Katherine Martínez, destacó que las cifras boletín epidemiológico correspondiente al año 2016 registran 11.466 casos de mortalidad infantil, un 30.12 % más que en 2015. En ese sentido, reiteró que durante su audiencia ante la CIDH el año pasado, la ex ministra de salud Luisana Melo, presentó información inexacta. Casualmente después de la publicación de estos datos, se removió de su cargo a la sucesora Melo, Antonieta Caporale, quien tras una gestión de solo 5 meses, fue sustituida por Luis López.
Desatención
Trapani rechazó las muestras de represión y violencia de los cuerpos de seguridad hacia los manifestantes que han dejado (hasta el 5 de julio), un saldo mortal de 14 jóvenes. en edades comprendidas entre los 14 y 17 años.
El Abogado denunció que se han cometido abusos hacia adolescentes detenidos en el marco de las movilizaciones antigubernamentales: “Está el caso de un muchacho en los Verdes que; fue golpeado, tratado públicamente como terrorista, y se le cobró a la familia para poder verlo. Finalmente salió con libertad plena porque no había evidencias que lo condenaran”.
Sobre la presencia de los niños en protestas, Trapani insistió que pese a los esfuerzos del Estado para criminalizar este hecho, los infantes se arriesgan en las calles porque que allí consiguen la comida y atención que no obtienen en sus familias o comunidades. En esa misma línea, critico los CLAP por ser una medida que a su juicio: “se maneja sin criterios nutricionales, administra la escasez y no contempla sectores vulnerables como hospitales, escuelas o centros de detención”.
“Cuando el Gobierno dice que se manipula a los pequeños para que protesten a cambio de algún pago o golosinas, está reconociendo que hay desatención. Yo lamento mucho que a 17 años de vigencia de la LOPNA, no hayan cifras de inversión en infancia, que demuestren si realmente El Estado da prioridad a los niños y adolescentes”, sentenció el activista y abogado.
Difusión:
La mortalidad infantil se ha incrementado en un 30.12% desde 2015
@carlosmtrapani: “Lamento que en 17 años de vigencia de la LOPNA no existan cifras sobre inversión en lnfancia”.