El pecado de opinar

Tras el anuncio de los resultados del turbio proceso electoral que se desarrolló el 30 de julio con motivo de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se afirmaba desde las distintas voces del oficialismo que la ANC no sólo impondría la paz (si acaso ello es posible), sino que además profundizaría la transformación del Estado y la consolidación de la democracia, acto seguido, y como cual efecto domino se inició un sistemático proceso para debilitar la opinión pública, una especie de santo oficio que busca acabar con el pecado.

Los primeros en tener que purgar sus acciones fueron los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky alcaldes de los municipios Chacao y El Hatillo respectivamente, acusados de permitir protestas en sus municipios. A pesar que las manifestaciones pacíficas están contempladas en la Constitución venezolana como formas de expresión, los mandatarios fueron condenados a quince meses de prisión. No sólo se trata de una medida contra el derecho a la opinión y el disentimiento, sino además es una clara acción que busca anular cualquier figura notoria y con liderazgo en el sector adverso al gobierno.

Seguidamente, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz otrora defensora del régimen que hoy le persigue, tomó el camino de la verdad y decidió acusar a sus antiguos camaradas, ante la inminente avalancha de pruebas de corrupción y peculado la Asamblea Nacional Constituyente haciendo gala de su condición de supra poder, terminó destituyéndola y en su lugar instaló en el cargo al incondicional Tarek William Saab. En estos momentos que tecleamos las presentes líneas, Luisa Ortega Díaz es una perseguida más del Estado Cuartel imperante en Venezuela.  

Por su parte, la Asamblea Nacional genuino poder Legislativo en Venezuela, terminaría viendo vulneradas sus atribuciones ante la Asamblea Nacional Constituyente, cercenando con un solo movimiento el mandato popular que el 6 de diciembre de 2015 otorgó una notoria mayoría parlamentaria a la Mesa de la Unidad Democrática.

Sin embargo, aún no hemos visto la punta de la lanza. Con nostalgia los venezolanos recordamos el momento cuando se desvanecía la señal de RCTV, aquella escena se ha repetido diez años más tarde; 92.9 FM y Mágica 99.1 FM se convirtieron en las nuevas víctimas de las medidas de un Estado donde opinar se ha tornado en un sacrilegio.

El pecado de opinar, esa es la verdadera razón que explica la suspensión de la señal de los medios de comunicación en Venezuela, el apresamiento injustificado de figuras políticas y la arremetida salvaje contra manifestantes. Si realizamos un vuelo rasante por los ejemplos más contemporáneos observaremos como en los regímenes totalitarios la libertad de expresión es un derecho escaso y aún más; prohibido. De esta manera, desde la Alemania presidida por Adolf Hitler, pasando por la inmensa Unión Soviética de Iósif Stalin y la República Popular China de Mao Tse-Tung, la información y la opinión pública fue el manjar que únicamente los hombres ligados al poder central podían probar, mientras aquellos osados que se atrevían a levantar su voz contra la injusticia y el oprobio, sencillamente terminaban condenados o desaparecidos.

Hoy la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) se viste de Joseph Goebbels, de inquisidor, encendiendo sus antorchas para enviar a la hoguera la lánguida libertad de expresión venezolana. Anunciándonos que opinar es pecado mortal.