Dictadura y parlamento: lo reglamentario

El actual Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN),  es el mismo que impuso Hugo Chávez por 2000 y, temiendo por la minoría opositora que reingresó a la instancia, reimpuso en 2010 mediante una reforma que redondeó su vocación autoritaria. Es demasiado evidente el contraste del instrumento legal con el resto de los dispositivos empleados en los siglos anteriores.

Al finalizar el XX, expresando una larga tradición, el parlamento expuso fórmulas y procedimientos que, de un modo u otro, garantizaban la libre expresión y también decisión de sus integrantes. A guisa de ilustración, por minoritario que fuese la representación del PCV o del MIN, por no señalar a la disidencia sobrevenida de los partidos que, incluso, lo dominaban, era inevitable que senadores y diputados pidiesen la palabra, extendieran sus argumentos o elevaran sus denuncias, propiciando – por lo demás – las investigaciones a que hubiera lugar o, en el peor de los casos, estremeciendo a la opinión pública para generar un costo político al gobierno o a la mayoría de una o ambas cámaras.

El XXI supo y todavía sabe de una situación que asombrosa, pues, la práctica reglamentaria, en el pasado período legislativo, fue la de conceder la palabra como una concesión graciosa del oficialismo que, faltando poco, copaba el hemiciclo con sus agresivos partidarios. Ahora, controlados un poco más los palcos, con una mayoría opositora, o – mejor – con la unanimidad que facilitó la deserción madurista, persiste la herencia chavista que, agreguemos, la agudizó la reforma administrativa de agosto de 2013, cuando el presidente, más que la junta directiva del cuerpo, decide hasta el nombramiento del más humilde portero.

Después del triunfo en los comicios de 2015,  presente la predispuesta bancada oficialista en la cámara, parecía obvia una transición que permitiese manejarla con el mismo instrumento legal que ideó y aplicó cuando la monopolizaba. No obstante,  siendo ya otras las condiciones y el contexto mismo, sigue casi incomprensiblemente en pie y, lejos de reivindicar las funciones y competencias de la Asamblea Nacional, abona – no exageramos – a su escasa credibilidad como herramienta ciudadana y foro político por excelencia.

La Fracción Parlamentaria del 16 de Julio trabaja en una propuesta de reforma al REDIN vigente, siendo indispensable para salvar la propia noción de lo que aspiramos sea un órgano independiente del Poder Público. Y, aunque actúa en dictadura, dato que no le garantiza la vida misma, lo peor es abandonarse a su suerte y, resignados, anunciar prematuramente el sepelio.