La gasolina no es un derecho

Parece obvio, pero no lo es, al menos no en Venezuela. La gasolina no se puede comer ni se puede tomar. No se le puede echar al café y tampoco sirve para amasar la harina de maíz. O quizás sí se puede, pero no sin afectar algo que sí es un derecho: la salud.

No es primera vez que una sociedad siente como derecho algo que no lo es. En la sociedad estadounidense actual, las armas son consideradas por muchos como un derecho, como lo señala la segunda enmienda a la Constitución estadounidense, aprobada hace más de 200 años. En otros tiempos, la posibilidad de tener esclavos era también un derecho que gozaban algunos propietarios; y la posibilidad de apedrear a muerte a una hija por deshonrar el nombre de la familia era un derecho del padre. Así, desde tiempos antiguos hasta el presente, tenemos la mala tendencia a calificarlo todo como un derecho.

Entonces, ¿Qué es un derecho? De manera muy genérica, se define como derecho humano los «que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir«[1], es decir, son todas aquellas condiciones que nos permiten nuestra realización como seres humanos. De ahí surge el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho de acceso a la justicia y muchos otros derechos.

El gobierno venezolano, desde hace 30 años, ha venido siguiendo una política donde se considera a la gasolina como un derecho humano, algo que el Estado debe garantizar. Sin embargo, lo que en realidad el Estado debe garantizar es el transporte y la energía, y la gasolina barata no es el único modo de lograrlo. Como anécdota, en la ciudad de Caracas, antes de que proliferase la explotación petrolera (finales del siglo XIX y principios del XX), existía un muy simpático tranvía que recorría algunos sectores de la ciudad. Al aumentar las influencias de las compañías petroleras en el país, éstas promovieron el uso de los transportes a motor a combustión por encima de los tranvías. Y así, hasta que finalmente se dejó de usar el tranvía a mediados del siglo XX. Así fue como murió un medio de transporte no basado en combustible fósil.

Desde entonces, en Venezuela no se ha dejado de promover el uso de vehículos particulares por encima del transporte público, ni por la cultura de antaño que nos han impuesto ni tampoco como parte de las políticas de los gobiernos subsiguientes. El sólo hecho de vender una gasolina tan barata implica promover, aunque sea implícitamente, el uso de vehículos particulares, lo que no sólo trae consecuencias para el ambiente, sino también empeora los problemas de tránsito en las calles. De hecho, en Venezuela existe el absurdo de que un trabajador que utiliza el transporte público debe gastar más dinero en pasaje al mes que aquel debe comprar gasolina para su auto particular.

En Venezuela, el aumento del precio de la gasolina es un tabú, un asunto que se había evitado a como dé lugar, teniendo en consideración el fantasma del Caracazo. Sin duda, el aumento de la gasolina repercute en todos los costos de bienes y servicios, ya que encarece el transporte y la energía, y por consiguiente en todo. Desde ahí, la izquierda se arrojó para sí misma la bandera de la gasolina barata como un derecho de los venezolanos.

Pero, de otro lado, no es menos cierto que la gasolina barata implica menos dinero para las arcas del Estado venezolano, lo que su vez incide en la posibilidad de mejorar los servicios públicos, entre los cuales están -paradójicamente- la energía y el transporte público; o peor aún, que la gasolina barata es también un subsidio para quienes tienen un alto poder adquisitivo, ya que son quienes se pueden dar el lujo de tener vehículos y gastar grandes cantidades de energía (Los menos afortunados usamos el transporte público y no gastamos mucho en electricidad). De esa manera, si debiera existir un subsidio en la gasolina, sólo debería ser para el transporte de bienes y pasajeros, no para los particulares.

En otros países, el alto costo de barril del petróleo y de la gasolina, llevó a la utilización de otros medios de transporte, desde motocicletas (que consumen menos gasolina) hasta bicicletas. El caso de las bicicletas es ejemplar en Holanda, considerado el paraíso de las bicicletas, las cuales además de ser buenas para la salud, representan una solución para el tráfico vehicular y una menor contaminación ambiental. Incluso, muchos países europeos, en el especial los países nórdicos, disponen de altos impuestos al consumo de gasolina, ello con la finalidad de castigar el uso del combustible fósil, de promover el sistema de transporte público, de incentivar la conservación ambiental y para financiar diferentes programas sociales[2].

El uso del carnet de la patria es, sin duda, una medida populista para satisfacer a aquellos que aún están convencidos de que la gasolina barata es un derecho de los venezolanos. Sin embargo, es una política acertada siempre y cuando dicho subsidio vaya destinado principalmente al transporte de bienes y pasajeros, evitando con ello la incidencia en los costos de los bienes y servicios.

Y así como no existe un derecho a comprar oro y diamantes a precios solidarios, que también se consiguen en el subsuelo venezolano, no se puede hablar de violar un derecho cuando se vende la gasolina a precio internacional. Es decir, debe tatuarse en el imaginario colectivo del venezolano que la gasolina es un artículo de lujo, y que ello no representa una amenaza, sino más bien una oportunidad para impulsar otras medidas creativas que favorezcan el acceso el acceso a la energía y el transporte para todos los venezolanos, desde nuevos medios de transporte a otras formas de energía alternativa.

Notas:

1. Amnistía Internacional. «¿Qué son los derechos humanos?«. Disponible por: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/
2. Motorpasión. «Si crees que España tiene impuestos duros por tener un coche, mira lo que está pasando en Europa«. Disponible por: https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/si-crees-que-espana-tiene-impuestos-duros-por-tener-un-coche-mira-lo-que-esta-pasando-en-europa