(ARGENTINA) La corrupción judicial ya es parte del escándalo

Ya muy enfermo, con la irremediable certeza de que la vida había quedado definitivamente atrás,  Daniel Muñoz , exsecretario privado de  Néstor Kirchner , le contó a su esposa, Carolina Pochetti, que le había entregado a su abogado, Miguel Ángel Plo, diez millones de dólares para «arreglar con el juez Luis Rodríguez y para solucionar las cosas en los Estados Unidos». Así lo relató la viuda de Muñoz ante el juez  Claudio Bonadio . Hay que decodificar esa confesión en calidad de arrepentida. Plo está preso desde hace 10 días porque los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo establecieron que no era un abogado defensor, sino un colaborador decisivo de Pochetti para esconder una fortuna de unos 70 millones de dólares en los Estados Unidos. El abogado de Muñoz y de su viuda se ocupaba de ocultar el patrimonio robado del matrimonio mientras Pochetti, la única persona viva de la pareja, estaba en la cárcel. La detención de Plo empujó a la viuda a ampliar su confesión a Bonadio, antes de que su abogado dijera más cosas que ella. La condición de arrepentido es una carrera para contar información importante antes de que otros la cuenten. La viuda, a pesar de todo, sigue presa.

La alusión del moribundo Muñoz al juez Rodríguez se refería a la causa por enriquecimiento ilícito del exsecretario que ese magistrado instruía. Pochetti contó que se «hicieron algunos pagos a Rodríguez», aunque no precisó el monto exacto. La confesión de Pochetti coincide con las decisiones del juez en el caso. A pesar de que el fiscal Stornelli le pidió a Rodríguez que embargara los bienes de Muñoz en los Estados Unidos, el juez no le hizo caso. Esta decisión fue crucial para que Pochetti pudiera vender todas sus propiedades en los Estados Unidos, incluidos dos increíbles departamentos en el emblemático Hotel Plaza de Nueva York, y convertirlas en dólares en efectivo. Rodríguez les hizo un gran favor a los testaferros de los Kirchner. La Justicia argentina y fiscales norteamericanos están investigando para saber dónde fue a parar ese dinero. Pochetti solo aludió vagamente a paraísos fiscales. Por eso está todavía presa. La referencia de la viuda a que parte de los 10 millones de dólares debían servir para solucionar el problema en los Estados Unidos se refiere precisamente a los trámites para disolver sociedades y crear otras compañías fantasma que esconderían los dólares de la  corrupción .

En verdad, Rodríguez no debió ser juez nunca. La primera acusación que recibió cuando fue nominado es que había copiado el examen para acceder al cargo. Pero tenía un padrino inmejorable: Javier Fernández, el eterno operador en la Justicia de los gobiernos peronistas. Rodríguez y Fernández tenían también aceitados vínculos con la SIDE de Jaime Stiuso. Con esos antecedentes y con esas amistades llegó Rodríguez a la función de administrar justicia durante el gobierno kirchnerista. Guillermo Lipera, que entonces, en 2012, era presidente de la ONG Será Justicia cuestionó severamente su designación. Una noche, cuando salía de un programa de televisión después de criticarlo, recibió fuertes amenazas telefónicas de funcionarios kirchneristas. Lipera, que ahora es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, presentará entre mañana y el martes ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra Rodríguez. Será el quinto pedido, después de dos de Elisa Carrió y de otros dos del abogado Ricardo Monner Sans. Un antecedente importante para el eventual juicio de Rodríguez es que la Cámara Federal, integrada por dos jueces prestigiosos, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, apartó a Rodríguez de la causa por el enriquecimiento de Muñoz por ineficiencia manifiesta. No era ineficiencia; era complicidad.

El kirchnerismo necesitaba de la Justicia para completar el círculo de la corrupción impune. ¿De qué les habría servido robar miles de millones de dólares si los jueces hubieran sido independientes? El contador Víctor Manzanares, otro arrepentido clave en  la causa de los cuadernos , relató ante el fiscal Stornelli que otro juez, el infaltable Norberto Oyarbide, había manipulado la auditoría contable de los Kirchner para cerrar rápidamente la causa por enriquecimiento ilícito del entonces matrimonio presidencial. La cerró. Ya es hora de que esa decisión de Oyarbide sea declarada causa juzgada fraudulenta. El testimonio de Manzanares es fundamental, porque nadie como él sabe el entramado íntegro de las maniobras de lavado de dinero de los Kirchner. Dijo cosas que otros exfuncionarios procesados habían callado. Todavía quedan jueces federales vinculados al kirchnerismo que no han salido a luz. Saldrán.

Otro testigo importante, que está declarando en calidad de arrepentido, es el financista Ernesto Clarens. La Justicia cree que, a pesar de todo lo que está diciendo, Clarens esconde muchas cosas. Sin embargo, con lo que ya confesó, Bonadio llamó a indagatoria a 100 empresarios y exfuncionarios kirchneristas. Clarens recibía el dinero de las coimas en pesos, lo convertía en dólares y se los entregaba a los enviados de los Kirchner. Dijo que solo tres empresas eludían su intermediación porque tenían trato directo con la cima misma del poder. Eran  Lázaro Báez , Cristóbal López y la firma cordobesa Electroingeniería, de inmejorables vínculos con el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. Zannini y el hombre fuerte de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, compartieron la cárcel en los años 70 cuando militaban en un partido de la izquierda maoísta. Báez tiene una causa especial y Ferreyra cayó en la primera tanda de los empresarios inscriptos en los cuadernos. Faltaba Cristóbal López. Bonadio investigó hasta que encontró pruebas para citarlo ahora. Cristóbal López ya está preso por haber defraudado a la AFIP por un valor actualizado de más de 13.000 millones de pesos.

Para todo eso estaba Julio De Vido. El Ministerio de Planificación Federal fue una creación de Néstor Kirchner, que nunca antes había existido, para la recaudación del dinero espurio. Ahí estaban las tres grandes cajas de inmorales cobranzas: la obra pública, el transporte y la energía. Luego, los Kirchner le agregaron a la pesada mochila de De Vido los subsidios a las nuevas universidades, como si no hubiera existido el Ministerio de Educación. No faltó la extravagancia; por ejemplo, todos los empleados del monumental CCK eran contratados por la Universidad de San Martín, que antes nombraba profesores con la condición de que fueran kirchneristas. Cualquier parecido con la realidad chavista es pura casualidad.

La causa de Bonadio terminaría irremediablemente en una vasta lista de empresarios. Oscar Centeno escribió obsesivamente quién recibía y quién entregaba el dinero. Entre las casi 100 personas citadas por el juez ahora hay algunos empresarios que ya están procesados y hay también otros nuevos. Muchos nuevos no estaban en los cuadernos de Centeno, pero aparecieron en las investigaciones del juez y los fiscales. Una citación nueva es a la empresa de los Relats, aunque en este caso el juez chocará también con los designios de la muerte. Juan Carlos Relats, patriarca de la familia y dueño de hoteles y de una empresa de obras públicas, murió en 2013. Su hija, Silvana, que heredó la conducción de la empresa, murió de cáncer en 2016. Los Relats alquilaron durante años el hotel  Los Sauces , de los Kirchner, por 100.000 dólares mensuales. El hotel estaba casi siempre vacío, pero la constructora de los Relats trabajaba a tiempo completo en obras ordenadas por el gobierno de los Kirchner. Lo mismo sucedía con el otro hotel de los Kirchner en Santa Cruz, Alto Calafate, que era alquilado por Lázaro Báez. Relats y Báez pagaban cifras millonarias para alquilar hoteles en los que perdían plata año tras año. No hay mejor prueba del lavado de dinero.

Hay jueces y fiscales que no ingresaron a la matriz corrupta del kirchnerismo. Entre varios más, están Bonadio y los fiscales Stornelli y Rívolo, que son los que investigan la causa más demoledora sobre la corrupción kirchnerista, la de los cuadernos. A Bonadio el kirchnerismo quiso echarlo cuando estaba en el poder. No pudo. Ahora hay una operación mediática para ultrajar el nombre del fiscal Stornelli. La Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los exfuncionarios. Algunos presos kirchneristas son los autores intelectuales de la campaña mediática contra Stornelli. El kirchnerismo tiene un problema sin solución: ya no son los fiscales ni el juez ni los papeles los que los acusan. Son los arrepentidos que durante 12 años vivieron a su lado, conocieron las covachas más oscuras del poder que se fue y también -y sobre todo- fueron sus cómplices.

Crédito: La Nación