Cuidado: llegaron las noticias falsas

Alberto Fernández acaba de hacer la más escandalosa denuncia que se haya formulado contra el gobierno de Mauricio Macri. Pasó inadvertida entre tantas anécdotas pintorescas del candidato presidencial del kirchnerismo. Macri ha puesto presos, dijo Fernández, a dueños de medios de comunicación críticos. La denuncia es grave, pero sería extremadamente gravísima si fuera cierta. No es cierta. Alberto se refería, sin nombrarlos, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, que efectivamente son dueños de medios de comunicación. Pero no están presos por eso, sino por haber defraudado al Estado por 8000 millones de pesos, que, según la AFIP, son ahora 16.000 millones. Los dos eran socios de Oil Combustibles y no le entregaron al Estado el dinero de los impuestos a las naftas, que son muy altos y que cobraban en sus bocas de expendio. No los acusan de evasión impositiva (no pagar impuestos sobre ganancias legítimas), sino de quedarse con el dinero del Estado como agentes de retención. Luego, usaron ese dinero que no era de ellos para construir un imperio económico.

La primera denuncia fue hecha por la AFIP en marzo de 2016, tres meses después de que asumiera Macri, ante el fuero penal económico. Macri había repuesto en el cargo de director de la AFIP a Alberto Abad, un hombre de extracción peronista con un enorme prestigio como director de la agencia de recaudación. Cristina Kirchner había desplazado a Abad para colocar en su lugar a Ricardo Echegaray, que terminaría procesado junto con López y De Sousa por complicidad en la maniobra de los empresarios de filiación kirchnerista. Una denuncia de Elisa Carrió ante el fuero penal por asociación ilícita contra López, De Sousa, Echegaray y Néstor Kirchner permitió llevar la presentación de la AFIP a ese fuero. La investigación cayó en manos del juez federal Julián Ercolini, un magistrado que nunca fue sospechado ni denunciado por nada. Alberto Fernández lo ninguneó hace poco de manera muy injusta.

En julio de 2016, Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Cristóbal López, de De Sousa y del Grupo Indalo, la casa matriz de la todas las empresas de los encartados. La disposición del juez no impedía el giro comercial habitual de las empresas para continuar funcionando. El 19 de diciembre de 2017, el juez dictó el procesamiento de López y De Sousa con prisión preventiva. Esto es lo que más cuestiona Alberto: dice que podrían haber esperado la sentencia en libertad. Sin embargo, la sentencia de Ercolini está llena de argumentos que indican que López y De Sousa se valieron de la libertad para eludir la orden del juez de que no debían modificar la propiedad de sus empresas. Es evidente la intención de ellos de «obstruir la acción de la Justicia», afirma Ercolini en su resolución. La obstrucción de la Justicia, o el intento de hacerlo, es una de las causas que justifican la prisión preventiva. El juez tenía la obligación, además, de prevenir manejos, transferencias o disposiciones de los bienes que pudieran afectar el cobro de la deuda por parte del Estado.

No obstante, el juez tomó conocimiento por la prensa a mediados de 2017 de que López y De Sousa estaban negociando la venta de sus empresas. Mucho después, el 25 de octubre de ese año, los empresarios lo notificaron formalmente de que se disponían a vender sus acciones, pero no decían cómo pagarían la deuda con el Estado. El juez les negó la autorización. Peor: Ercolini se enteró luego de que el 20 de octubre (es decir, antes de que lo notificaran) López y De Sousa habían vendido las acciones de Indalo y habían cambiado el directorio de la empresa. El juez calificó de «comportamiento hostil» hacia la Justicia el derrotero de López y De Sousa. No podían seguir en libertad si hacían tales cosas, concluyó Ercolini, y los metió entre rejas a los dos, a fines de 2017.

Las sorpresas no terminaron ahí. Tres meses después, el 16 de marzo de 2018, la Cámara Federal ordenó la inmediata libertad de López y De Sousa. La resolución la firmó una mayoría integrada por Jorge Ballestero (uno de los jueces más cuestionados y sospechados del fuero penal) y por Eduardo Farah. El tercer magistrado de la sala, Leopoldo Bruglia, votó en minoría por la permanencia en prisión de los empresarios. Farah concedió una entrevista en televisión para aclarar que él no había cobrado un soborno para liberar a López (eludió el plural). Caso único en la historia. Cuarenta días más tarde, el 27 de abril, la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, revocó la resolución de Ballestero y Farah y dispuso la inmediata prisión de López y De Sousa. La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, ninguno nombrado por Macri como falsamente afirma Alberto. Ballestero renunció menos de un mes después sin especificar razones ni causas. Farah pidió el traslado a otro fuero.

La prisión de López y De Sousa no tuvo nada que ver con su condición de dueños de medios de comunicación. Sus medios trabajan felizmente con normalidad y sus periodistas informan y deforman con absoluta libertad. Alberto Fernández lanzó otro bulo cuando contó que existe una causa en la que se denuncia la presión del gobierno de Macri para que se vendan los medios periodísticos de López y De Sousa, supuestamente a empresarios amigos del Presidente. Existe, en efecto, un expediente que se abrió por declaraciones que De Sousa le hizo a un juez comercial; este magistrado decidió enviar al fuero penal parte de sus afirmaciones. De Sousa aseguró que la administración de Macri los presionó para que vendieran un corredor vial a un determinado comprador. En ningún momento De Sousa denunció presiones para vender medios de comunicación. La causa se sorteó y cayó en la jueza María Servini de Cubría y en el fiscal Guillermo Marijuan. «Confundieron corredor vial con medios de comunicación», dijeron, benévolos, funcionarios judiciales. Lo cierto es que la investigación se encuentra en una instancia muy preliminar. No hay nada, salvo las declaraciones de De Sousa, un hombre preso y resentido, que involucren al gobierno de Macri con el patrimonio de Cristóbal López y De Sousa. El fiscal recabó pruebas.

Fuentes judiciales señalaron que sectores kirchneristas están muy interesados en esa causa. El interés y la noticia falsa demuestran la estrecha relación de López y De Sousa con el cristinismo más que cualquier otra cosa.

Una denuncia grave es grave si es cierta y es grave si es mentira. Es, en tal caso, una mentira grave. La alusión de Alberto Fernández a un estado de censura extrema quedó opacada por afirmaciones tan disparatadas como que Cristina Kirchner había dejado un déficit fiscal del 1,8 por ciento, según el Indec de Macri, aseguró, campante. La unanimidad de los economistas fija entre el 7 y el 8 por ciento del PBI el monumental déficit que dejó Cristina. Alberto no es un analfabeto en esas cuestiones; sabe de qué habla. No es, por lo tanto, un error; es otra noticia falsa. Voceros oficiales del Indec señalaron, ante una consulta de LA NACION, que ese organismo no mide el déficit fiscal y que nunca lo hizo. El Indec publica un anuario de dimensiones bíblicas y en él consigna como anexos los informes que le envían los distintos organismos del Gobierno, entre ellos, los del entonces Ministerio de Economía. En el anuario de 2016 se incluyó el informe del gobierno de Cristina de 2015. El 1,8 por ciento de déficit es una alegre fantasía cristinista, no un informe del Indec, como dijo Alberto. El tiempo de las fake news, de los hechos alternativos, de la información mentirosa está entre nosotros.

Crédito: La Nación