(ARGENTINA) La Justicia gira hacia el peronismo

Hace poco, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral señaló que Alberto Fernández, el candidato que triunfó en las primarias, tenía razón en pedir una revisión de las causas de corrupción. Canicoba Corral es uno de los jueces deComodoro Py más cuestionados. El magistrado estaba tendiendo un puente de reconciliación con el candidato peronista, con el que había tenido un fuerte encontronazo cuando Fernández estaba lejos del poder. Luego de la trifulca, Alberto cuestionó en declaraciones públicas la honestidad de Canicoba Corral. El juez fue más allá en sus recientes declaraciones y dijo que «las elecciones tienen influencia» entre los jueces federales.

Alberto Fernández es el candidato con más posibilidades de ser el próximo presidente. No tiene razón, al revés de lo que dice Canicoba Corral, cuando da opiniones públicas sobre causas judiciales. Dentro de pocos meses podría ser la cabeza de otro poder del Estado. Y el principio de la división de poderes es inherente al sistema republicano.

Sería injusto, con todo, señalar a Canicoba Corral como el único exponente de la Justicia Federal que dio el salto al albertismo antes de que se lo pidieran. La rumorología cuenta que el 12 de agosto, el día después de las primarias, hubo festejos sin pudor de algunos jueces y fiscales en Comodoro Py. La Justicia Federal gira lentamente hacia un olvido de los casos de corrupción de la era Kirchner y hacia un reflotamiento de causas que investigan al gobierno de Mauricio Macri. Es el método: aceleran o desaceleran según la dirección del viento político. Sucedió siempre. En los tribunales todavía se recuerda el caso de un conocido fiscal (es mejor no nombrarlo para ahorrarle la vergüenza) que pocos días antes de las elecciones de 2015, cuando se daba por seguro que ganaría Daniel Scioli, pidió la prisión preventiva de Macri por el caso de las escuchas telefónicas. Ese caso fue una operación clásica del kirchnerismo para fulminar a un adversario político. Una semana después de que triunfara Macri, el mismo fiscal pidió que se lo declarara inocente.

Hace pocos días, el juez Ariel Lijo reflotó la causa del Correo y pidió una auditoría. Ese expediente afecta directamente a la familia Macri, aunque es una causa abstracta. El entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad firmó en sede judicial un acuerdo con los exdueños del Correo para que estos pagaran una deuda que tenían con el Estado. La fiscal, cercana al kirchnerismo, se opuso al acuerdo. La resolución de Aguad fue revocada por el Gobierno. Ese acuerdo nunca se concretó. El Estado perdió mucha plata por el escándalo que hizo la oposición. La deuda de la familia Macri con el Estado está bajo el paraguas de un concurso de acreedores. La ley señala que esas deudas no deben ser indexadas ni se les deben cobrar intereses. Valuada en dólares, la deuda se redujo a menos del 5 por ciento de lo que Aguad había acordado cobrar en nombre del Estado. La causa, iniciada por el dirigente cristinista Martín Sabbatella, estuvo dos años durmiendo en el juzgado de Lijo. Se acaba de despertar. Si Macri perdiera, las causas contra su gobierno podrían avanzar más aceleradamente. Nunca hubo macrismo en Comodoro Py.

Hay excepciones -cómo no- en los tribunales federales. Una de esas excepciones es el juez Claudio Bonadio, que sigue, imperturbable, decidiendo sobre los casos de corrupción del kirchnerismo. «Hará lo que hizo siempre: nunca le importó nada», cuenta alguien que lo conoce. Bonadio es el único juez que no reniega de su pasado peronista, pero él tiene una frase que lo define: «La ideología es una cosa y el expediente es otra. El pensamiento no borra las pruebas». Acaba de mandar a juicio oral la parte central de la causa de los cuadernos. Los tribunales orales son desconocidos e imprevisibles. Pero al que le tocó esta causa tiene fama de independiente. La fiscal, también. Una parte importante de las causas abiertas para investigar al gobierno kirchnerista están terminadas. La sospecha envuelve a los jueces de los tribunales orales (y de las instancias superiores) que deberán juzgar las muchas causas que existen. El debate sobre qué hacer es común en Comodoro Py.

El juez Julián Ercolini es otra excepción entre tanto ejercicio de salto con garrocha. Es el magistrado que investigó a Cristina Kirchner por la obra pública y por el enorme patrimonio que cayó en manos de Lázaro Báez. También es el que puso entre rejas a Cristóbal López y a su socio, Fabián de Sousa. Otro exponente no cuestionado es Martín Irurzun, juez de una sala de la Cámara Federal, quien respaldó al fiscal Carlos Stornelli para romper la malla de protección que cubría a Julio De Vido. De Vido tenía un doble cinturón de amparo. Uno era el de sus propios contactos con fiscales y jueces de Comodoro Py (hay quienes aseguran que no eran relaciones desinteresadas) y el otro era su condición de diputado con fueros. Irurzun y Stornelli lograron ponerlo preso. La otra sala de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, está demorando las apelaciones en casos derivados de la causa de los cuadernos. Solo podría tomar decisiones sobre la fecha de las elecciones o poco después de que se realicen. Llamativo.

Stornelli es el caso de un fiscal que investiga a los que gobiernan. Investigó a Menem cuando Menem era presidente, por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Otro fiscal que investigó a los que gobernaban es Carlos Rívolo. Él hizo la investigación básica y elemental sobre la apropiación de Boudou de la imprenta Ciccone, cuando Boudou era el poderoso vicepresidente de Cristina. El fiscal general Germán Moldes acompañó a Stornelli y a Rívolo en casi todos los planteos ante la Cámara Federal. Él es también una excepción. La regla, en cambio, es que el 80 por ciento de los fiscales actuales fueron designados por el kirchnerismo y que el 50 por ciento de ellos pertenecen a Justicia Legítima. La presidenta de Justicia Legítima, la fiscal Cristina Caamaño, acaba de pedir una reforma de la Constitución para impedir que un presidente tome deuda (¿por qué tiene que opinar una fiscal sobre cuestiones propias del Ejecutivo y del Legislativo?). Reclamó, al mismo tiempo, que se cuadrupliquen los juzgados federales para quitarles poder a los jueces federales y, sobre todo, para que «todas las causas no caigan en manos de Bonadio». Es imposible una prueba más palpable de kirchnerismo manifiesto. El cristinismo detesta a Bonadio.

«Las PASO fueron un tsunami que sacudió todas las costas», dice un juez federal. Las costas de la Justicia, fundamentalmente. En ese contexto, Alberto Fernández proclamó la inocencia de Cristina. Solo la de ella, aclara siempre, y deja al resto librado a su suerte. Si él se siente ya el futuro presidente del país, se trata, por lo tanto, de un virtual indulto a la expresidenta. También suele pedir la libertad de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. La libertad, dice en estos dos casos, hasta que haya sentencia. No los declara inocentes. Viniendo de un protagonista tan fundamental de la política actual, y probablemente de la futura, el mensaje cala hondo en los tribunales federales. La inocencia de Cristina es una opinión política, aunque Alberto es también abogado. «Una cosa es decir eso y otra cosa es encontrar un juez que lo firme», precisa otro magistrado de Comodoro Py. Están los testimonios del exsecretario de Obras Públicas José López y del propio contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que involucran directamente a Cristina en los manejos de una fortuna incalculable e inexplicable.

Por lo pronto, hay un puente que empezó a funcionar entre el macrismo y el albertismo. Es el que corporizan el incombustible operador judicial Daniel Angelici, presidente de Boca y amigo del Presidente, y Juan Manuel Olmos, un peronista que fue presidente del Consejo de la Magistratura de la Capital y que ahora está muy cerca de Alberto Fernández. Angelici y Olmos conforman un viejo eje que resuelve (o promete que resolverá) cuestiones judiciales de mutuo interés. Los puentes entre personas diferentes son necesarios, siempre, claro está, que no tiren a la Justicia desde el puente.

Crédito: La Nación