Un libro cargado de respuestas a las pretensiones de Guyana
A propósito de las audiencias que celebrará a finales de marzo de este año el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) sobre la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, resulta apropiada la revisión del enjundioso texto elaborado por el especialista en asuntos fronterizos, Manuel Donís Ríos, numerario de la Academia Nacional de la Historia, intitulado El Esequibo es nuestro. Contestación a Guyana (2018) publicado por ABediciones de la Universidad Católica Andrés Bello.
Punto por punto, siguiendo el esquema del documento elaborado por el gobierno de Guyana en el que solicita al TIJ declarar la validez del Laudo Arbitral de 1899 y de la Declaración conjunta de 1905, el autor refuta con sólidos argumentos históricos y jurídicos, los supuestos que desde siempre la cancillería guyanesa ha esgrimido para desestimar la validez del reclamo venezolano. Como bien apunta Donís, la diplomacia del vecino país “digna heredera del Foreign Offcie Británico”, ha seguido de cerca la situación política de Venezuela para aprovechar la oportunidad de sacar partido a la inestabilidad interna, tal como la corona de SMB hizo a fines del siglo XIX con ocasión al írrito fallo arbitral.
Donís afirma que Guyana no se atine a la verdad cuando en el punto 8 de su solicitud, sostiene que las partes han recurrido a los medios de solución establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Por el contrario, fue Venezuela que propuso la figura consensuada del Buen Oficiante pero Guyana hizo fracasar el mecanismo por espacio de veinte años de dilación manifiesta. Para luego de manera unilateral emprender una acción judicial que dirima la controversia a su favor.
Por otro lado, Donís deja bien en claro que la acción del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, de remitir al TIJ para que decida si tiene no jurisdicción para el arreglo definitivo de la cuestión Esequibo, no hace más que complicar la disputa, por cuanto se extralimita de las funciones asignadas en el marco del Acuerdo de Ginebra, las cuales lo limitan a colaborar con las partes, léase bien las partes, no a una de ellas, en la elección de los medios de solución. El Estado venezolano en ningún momento fue consultado sobre esta acción unilateral que en el fondo favorece los intereses de Guayana.
Además, Venezuela no reconoce jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia para abordar la cuestión Esequibo, dado que ha sido forzada a cohonestar un proceso judicial viciado, en donde el Estado Guyanés ha insistido en mal poner la legítima posición de Venezuela, calificándola de agresiva y amenazadora. Empero, pocos parecen recordar el despojo territorial al que fue sometida Venezuela en el pasado por parte del imperialismo británico, cuya criatura geopolítica, Guyana, hoy no solo pretende consumar aquel atropello, sino que desea alentar un poderío económico a expensas del usufructo de los recursos naturales atesorados en territorio venezolano.
En su libro, Manuel Donís Ríos, sugiere un cuerpo de acciones fundadas en una responsable política exterior, lejana de la estridencia y la improvisación. A continuación nos hacemos eco de algunas de ellas. En primer lugar, mantener el criterio sobre la falta de competencia del Secretario General de la ONU para llevar la reclamación a un ámbito diferente al establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
En segundo lugar, la delimitación de los espacios marinos y submarinos debe atenderse previo arreglo definitivo de la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana. En tercer lugar, la FANB no debe abstraerse de sus funciones esenciales en cuanto a la protección y defensa de nuestras fronteras, de modo particular la fachada atlántica. En cuarto lugar, la postura de la diplomacia venezolana debe ser inequívoca: la salida al océano Atlántico es innegociable. En quinto lugar, si llegado el caso que Venezuela decida aceptar la vía judicial, ello debe estar precedido de la impugnación del Tratado de Arbitraje suscrito en Washington de 1897 que dio origen al infame tribunal que emitió el Laudo de 1899. En resumidas cuentas, si Guyana juega, Venezuela también tiene elementos con los cuales dar la pelea judicial.
Twitter: @JAOlivarp
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