Coronavirus: La pandemia y la venganza vienen juntas

Cuando la evolución de la pandemia en el país es aún un enorme bloque sombrío en el horizonte, Cristina Kirchner es el único integrante de la dirigencia que no habla del virus. Si una cacofonía señala que toda crisis es una oportunidad, entonces debe concluirse que la expresidenta encontró la oportunidad para deshacerse de la Justicia y para ejecutar la venganza contra viejos enemigos. La oportunidad no siempre tiene buenas intenciones. Desarticular las causas por corrupción que la asedian y desestabilizar a las empresas privadas. Esa es su oportunidad. Hay necesidad de venganza en ella, pero también existe una considerable carga ideológica en muchos de sus seguidores. ¿Y Alberto Fernández? Después de todo, es él quien tiene la lapicera de jefe del Estado.

Muchos políticos lo imaginaron en el papel de Adolfo Suárez, el expresidente del gobierno español que llevó su país del franquismo a la democracia. Alberto, suponían, llevaría al peronismo del autoritario kirchnerismo a una versión moderna y democrática del partido que fundó Perón. A gran parte de esos políticos los acecha ahora la decepción. «Parece que no puede con ella. Al final, siempre termina justificando moderadamente lo injustificable», sostiene un político opositor que suele frecuentarlo.

Los ministros que le responden al Presidente (hay otros que despachan directamente con Cristina) hacen lo mismo que él. Marcela Losardo, la ministra de Justicia, es una buena persona, respetada por jueces y fiscales. Pero el viceministro de esa crucial cartera, el cristinista Juan Martín Mena, es el que instrumenta muchas de las maniobras judiciales de la actual vicepresidenta. Losardo prefiere callar. Los ministros de Trabajo y de Educación, Claudio Moroni y Nicolás Trotta, albertistas desde el amanecer del albertismo, acaban de respaldar tímidamente una idea de la diputada camporista Fernanda Vallejos. Según esta, el Estado debería hacerse de acciones de las empresas a las que ayudó a pagar salarios. En rigor, el Estado paga una parte de los salarios, y se los paga directamente a los trabajadores. Ese dinero no pasa por las empresas. Ahora bien, ¿la ayuda era para que los empleados no perdieran su trabajo o era para que el Estado se quedara con una parte de la propiedad de las empresas? La iniciativa del Gobierno se refirió siempre a la estabilidad del trabajo para que no se repitiera aquí la experiencia que sufren otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, unos 33 millones de personas perdieron el trabajo desde el inicio de la pandemia. El kirchnerismo, experto en cambiar las reglas del juego en medio del partido, modificó la prioridad. Ahora consiste en tomar el control, o parte de las acciones, de las empresas.

La iniciativa de Vallejos es, además de inconstitucional, un desvarío económico y financiero. La cantidad de dinero que aporta el Estado es insuficiente para comprar importantes acciones de empresas. Sobresalen, no obstante, los apoyos implícitos de ministros como Moroni y Trotta. Moroni explicó luego que lo sacaron de contexto y que, de todos modos, no podía enfrentarse con una diputada cristinista en una declaración pública. Es el eterno problema del albertismo y del propio Alberto. Ya el Presidente había intervenido para morigerar el proyecto de Máximo Kirchner y Carlos Heller que promueve un impuesto a las personas ricas. En el primer borrador figuraban las empresas, las personas y hasta los que blanquearon ahorros no declarados durante la gestión de Macri. Al final, quedaron solo las personas y salieron las empresas y los que aceptaron la moratoria de Macri; un impuesto a estos hubiera sido también inconstitucional porque ya pagaron un gravamen cuando se incorporaron a la moratoria.

Cerca del Presidente se quejaron porque los gobernadores peronistas se quedaron callados sobre el impuesto. Solo esperan, en medio del generalizado derrumbe de la recaudación impositiva, que el gravamen sea coparticipable. Es cierto que ninguno de los desopilantes proyectos del cristinismo provocó una reacción de los gobernadores racionales del peronismo (más cercanos a Alberto que a Cristina), como el cordobés Juan Schiaretti, el santafesino Omar Perotti, el sanjuanino Sergio Uñac o el entrerriano Gustavo Bordet. El silencio es una manera de acatar. Los gobernadores tienen ascendiente sobre una parte de los bloques peronistas del Congreso nacional. La otra parte la controla Cristina. Alberto Fernández no tiene ningún legislador propio en el Congreso. El acuerdo inicial con Cristina estipulaba que ella mandaría en el Congreso y que el Ejecutivo quedaría en manos de Alberto. Luego, Cristina cambió todo en beneficio de ella. Como siempre. Ella tiene influencia directa en, por lo menos, la mitad del Gobierno.

Poco importa ya si la propuesta de Vallejos tendrá destino o si el proyecto actual sobre el impuesto a la riqueza es mejor que el primer borrador. La mayoría de los empresarios decidieron que no invertirán en el país de la pospandemia hasta que no vean con claridad cuál es la política fundamental del Gobierno. De hecho, todas las inversiones de las empresas multinacionales con sucursales en el país y de las grandes corporaciones nacionales se estaban yendo a Brasil. «Hace rato que se van todas a Brasil», aceptó un importante dirigente empresarial. Se iban antes de que llegara Jair Bolsonaro. Distinguen en Brasil un sistema económico y una seguridad jurídica más sólidos que los de la Argentina, sea bajo un gobierno de Lula da Silva o de Bolsonaro. Hace diez años que no hay inversión privada significativa en el país, con la sola excepción de Vaca Muerta en tiempos de Macri, en los que sí hubo. Pero las condiciones políticas y el precio internacional del petróleo (muy bajo) podrían significar la segunda muerte de la vaca. Aquel período de no inversión coincide con los diez años de estancamiento o recesión de la economía. Cristina Kirchner está también decidida a vengarse de empresarios a los que considera sus enemigos. Alberto Fernández no puede o no quiere diferenciarse claramente de ella y de sus seguidores. La inversión será la única herramienta para una salida rápida de la vieja crisis económica, que seguramente profundizará la pandemia. El bullicio permanente de las ideas económicas del cristinismo es lluvia ácida sobre esa necesidad inminente.

Cristina urde también la venganza contra jueces y fiscales. Su ladero Oscar Parrilli, senador y procesado, pidió el juicio político contra el fiscal Carlos Stornelli, que llevó la causa de los cuadernos. Lo acusó por decisiones del fiscal que fueron confirmadas por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación. ¿No es una manera de ladrarle a la luna mientras se victimizan? Relato sin sustancia.

El Consejo de la Magistratura consideró que no hay condiciones tecnológicas para continuar de manera remota con el juicio a Cristina por las arbitrarias concesiones de la obra pública. ¿No se puede hacer un juicio oral por videoconferencia cuando sí pueden sesionar el Senado y Diputados para convertir en leyes algunos decretos del Presidente? Raro y contradictorio. Raro también porque nadie sabe por qué el Consejo de la Magistratura debe opinar sobre un juicio en marcha.

Las cámaras legislativas están semiparalizadas, es cierto, porque muchos legisladores viven en provincias. Sin embargo, hay movimientos en la Comisión de Acuerdos del Senado, con mayoría oficialista, para darle el acuerdo al juez Daniel Rafecas como nuevo jefe de los fiscales. El diputado Mario Negri pidió una urgente reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio para decidir si sus senadores votarán por el acuerdo o lo rechazarán. Hay un pacto explícito entre ellos para que todos acaten la decisión de esa mesa, incluidos gobernadores y senadores del viejo Cambiemos. Por ahora, solo el senador Martín Lousteau, que integra el bloque opositor, propuso una política más flexible en el caso de Rafecas.

Los argentinos luchan para ser sobrevivientes, sea de la pandemia o de la crisis económica. Cristina calla sobre la pandemia. Encontró la oportunidad de avanzar con sus métodos, arropada por sus intereses personales, abriéndose paso entre tanta desesperación.

Crédito: La Nación