Si se llevan la Corte, se llevarán todo

Un bloque cercano y sombrío merodea la política. El país está en los umbrales de una colisión de poderes después de que Cristina Kirchner (y los senadores que la siguen, que son mayoría) decidió indisciplinarse ante la Justicia. La ampliación de la Corte Suprema de Justicia es una decisión tomada. En una nación donde la política resuelve muchos de sus problemas en los tribunales, la coalición peronista gobernante se quedaría literalmente con todo si tomara el control de la Corte. En este fin de semana, la comisión de juristas que asesora al Presidente (la «comisión de amigos», como la llaman algunos jueces) comenzó a debatir sobre el futuro del Ministerio Público, que no es otra cosa que sobre el destino de los fiscales y de su jefe, el procurador general. Eduardo Casal, que ocupa interinamente ese cargo, está protegido por los dos tercios de los votos del Congreso que exige la ley para destituir al jefe de los fiscales. Es una ley constitucional, pero ley al fin. La podrían cambiar en medio de un monumental escándalo político.

La Corte es la última palabra de la Justicia aun para el caso de las elecciones de los integrantes de los otros dos poderes del Estado. Instancias inferiores, por ejemplo, podrían declarar fraudulenta una elección, pero la Corte tendrá facultades para darla definitivamente por buena. El máximo tribunal de justicia es el que garantiza también que existe la seguridad jurídica. Certeza indispensable para quienes podrían invertir en el país. La Constitución es, por definición, restrictiva de las facultades de los poderes del Estado en beneficio de las garantías y obligaciones colectivas. Y la Corte es la instancia que interpreta esas restricciones. Por eso, si alguien se quedara con el control de la Corte, se quedará con todo. «Se llevarán todo: el poder político, la Constitución y su interpretación judicial. La ampliación de la Corte es el caso Vicentin multiplicado por 160», dice un funcionario de los tribunales. Tiene razón: la intención de ampliarla va más allá del objetivo de impunidad, que también existe. Es un proyecto que puede terminar con la colonización kirchnerista de todo el Estado.

La oposición de Cambiemos anunció que nunca les dará el acuerdo a los nuevos jueces de la Corte si prosperara la idea de ampliar el tribunal. Cambiemos es inevitable para juntar el voto de los dos tercios del Senado, necesarios para el acuerdo a los jueces supremos. Sectores políticos y judiciales desconfían de esa promesa si la eventual nueva Corte fuera de 12 o de 15 miembros en lugar de los 5 actuales. «Le entregarán a la oposición tres cargos de jueces en la Corte y veremos quién rechaza esa oferta», dicen. Enterada de tales desconfianzas, Elisa Carrió saltó con una furiosa advertencia: «Denunciaré por traición a la patria a los senadores de Cambiemos que rompan nuestro acuerdo».

La independencia de la Corte es necesaria hasta para restablecer una noción de la igualdad ante la ley. Un ejemplo. En ese tribunal supremo están no menos de 10 recursos de Cristina Kirchner en los que reclama cosas que le negaron en instancias inferiores. La Corte las revisa del derecho y del revés. Es obvio que la Corte (o una mayoría de sus integrantes) decidió no tratar los casos que investigan a Carlos Menem desde hace 20 o 25 años. Seguramente influyeron la avanzada edad del expresidente y su salud extremadamente frágil. Acaba de entrar a la Corte un recurso de queja de Mauricio Macri por el caso del Correo, porque una cámara le negó arbitrariamente la apelación ante el máximo tribunal. ¿Por qué le negarían a este expresidente lo que les aceptaron a los otros dos expresidentes?

En medio de tales grisuras aparece la ofensiva contra el procurador general, Eduardo Casal. El kirchnerismo pide el juicio político del funcionario que ocupa interinamente el lugar que dejó vacante Alejandra Gils Carbó. La primera acusación que le hicieron es que había formado una Secretaría para el Análisis Integral del Terrorismo. Aludía al terrorismo internacional. La intención de Casal fue que un grupo de funcionarios de la procuración (no nombró a nadie nuevo) recolectara experiencias, legislaciones y reglamentos del exterior para tenerlos a mano en el caso de un atentado en la Argentina. ¿Es Casal un «represor» porque toma precauciones sobre el terrorismo internacional en un país que sufrió dos criminales atentados del terrorismo internacional?

La acusación más sorprendente contra Casal es por haber anulado el traslado del fiscal federal Juan Pedro Zoni. Zoni había concursado para ser fiscal en Santiago del Estero en una fiscalía que nunca se habilitó. Casal entendió que, por eso, el traslado de Zoni era ilegal. Zoni fue en Buenos Aires fiscal de una causa penal contra Macri por el caso del Correo. Otra vez el Correo. Su lugar lo ocupó el fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió la indagatoria de exministros de Macri por esa causa del Correo. ¿Dónde está el beneficio para Macri? ¿Casal se equivocó o no sabía lo que hacía? ¿O, acaso, el kirchnerismo busca hasta debajo de las alfombras alguna razón para acusar a Casal? Sea como fuere, Casal es un funcionario de carrera que está esperando que la política se ponga de acuerdo para designar a un procurador general. Esa designación devolverá a Casal a su cargo de subprocurador. ¿Por qué un hombre que hizo una carrera intachable en la Justicia debe pagar por las impotencias de la política? El candidato a procurador, el juez Daniel Rafecas, ya anticipó que no aceptará el cargo si ocurriera en la Procuración un grave escándalo institucional.

La anulación del traslado de Zoni despertó la ira kirchnerista, pero sus senadores quieren anular los traslados de dos jueces que condenaron a Cristina Kirchner. La vara no es la misma para amigos o enemigos. Los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la cámara federal que homologó varios procesamientos de Cristina Kirchner por presuntos hechos de corrupción, fueron los que provocaron el alzamiento de la expresidenta contra la Justicia. No hay muchos antecedentes que muestren a una cámara legislativa desobedeciendo abiertamente la orden de una jueza, que había dictado una cautelar reclamada por los dos jueces para que el Senado postergue el tratamiento de sus acuerdos. Ni Trump ni Bolsonaro llegaron a tanto. La Corte Suprema dictaminó en su momento que los traslados dentro del mismo fuero, en la misma jurisdicción y con categorías similares no necesitan del acuerdo del Senado. Son los casos de Bruglia y Bertuzzi. Si el Senado rechazara el acuerdo de esos dos jueces, es probable que la Corte dicte la nulidad de esa decisión. Estallará entonces una explícita colisión de poderes.

El alzamiento contra la Justicia se convirtió en un hecho corriente, aun dentro de la propia Justicia. No se puede interpretar de otra manera lo que hizo la jueza María Servini cuando insistió en el entrecruzamiento de llamadas de Macri durante tres años y medio de los cuatro que fue presidente. La Cámara Federal anuló su decisión, pero una apelación del infaltable Carlos Beraldi le sirvió a la jueza para reponer en el acto la investigación de los teléfonos de Macri. «La defendí otras veces, pero lo que está haciendo ahora es indefendible», advirtió Carrió, que tiene (o tenía) una buena relación con la jueza. La líder de la Coalición Cívica apoyó al abogado de Macri, Pablo Lanusse, quien intercambió duros escritos judiciales con Servini; esta denunció a Lanusse ante el Colegio de Abogados porque supone que le faltó el respeto.

La causa de Servini contra Macri fue iniciada por otro infaltable: Cristóbal López. Convertido rápidamente de denunciado en denunciador, López no solo ha conseguido la extinción de las causas que lo culpaban por haber hecho fortunas con dinero del Estado. Al mismo tiempo, el gobierno de la Capital le está concediendo la posibilidad de que sus casinos participen en el juego online. La decisión de la administración capitalina, en manos de Cambiemos, provocó una fuerte crítica de Carrió: «Van a fomentar la ludopatía de los jóvenes», acusó a sus aliados. Cristóbal López practica el mismo juego que su amiga, la vicepresidenta, cuando obliga a que la Justicia le otorgue impunidad y también el derecho a la venganza.

Desobedecer a los jueces no es una práctica nueva de los Kirchner. Ya lo hicieron en Santa Cruz, donde nunca repusieron al procurador general Eduardo Sosa a pesar de las reiteradas órdenes de la Corte Suprema. Se puede, en efecto, indisciplinarse ante la Justicia si quien lo hace es, desde ya, una figura del poder. ¿No hizo eso Cristina el jueves en el Senado cuando mandó que este desobedeciera la orden de una jueza? La diferencia es que ahora no se conforman con desobedecer a los jueces; también quieren controlar las instancias judiciales decisivas en sus horas más oscuras.

Fuente: La Nación