La Disolución de la Autoridad Pública

Es un hecho que el régimen militar celebró el 6D unas elecciones controladas que tuvieron, no cabe otra conclusión, unos resultados también controlados. De antemano se preveían los resultados producto de la ilegalización de los partidos políticos de oposición y el posterior secuestro de sus tarjetas electorales. Sería llover sobre mojado describir el carácter delincuencial de tal práctica, al final la arbitrariedad se impuso en este capítulo. No obstante, la celebración exitosa de la Consulta Popular convocada por la Asamblea Nacional y la sociedad civil revelará una incontestable evidencia: La Asamblea Nacional impuesta el 6D estará integrada por grupos políticos sobrerrepresentados.

El 13 de diciembre los venezolanos se encontrarán con el siguiente panorama: 1) una Asamblea Nacional con sobrerrepresentación del chavismo y asociados, es decir, con muchos más diputados de los que tendrían si se celebraran elecciones libres, justas, competitivas, verificables y con la participación de los partidos que fueron ilegalizados y que, además, fue elegida con una altísima abstención y no cuenta con reconocimiento internacional salvo la solidaridad automática de otros regímenes autoritarios (Rusia, China, Turquía, Bielorrusia y Cuba) y 2) Una Consulta Popular cuya masiva participación mostrará al mundo como una mayoría evidente de ciudadanos no goza de legalidad, ni representación, ni con el mínimo derecho humano de elegir y ser elegidos.

Estas dos condiciones provocarán el socavamiento de la Autoridad Pública al punto de llevarla peligrosamente a su total disolución. No se trata en este caso de una discusión etérea sobre la legitimidad, es que sin un Parlamento que sea un reflejo de la diversidad ciudadana no se puede legislar para la nación, sus diputados no gozarán del estima y respeto de los distintos actores sociales, lo mismo aplica para el resto de los poderes públicos cuya elección o designación fue producto de fraudes procedimentales a la Constitución vigente (Presidente, TSJ, Fiscalía… etc.). Sucederá entonces un fenómeno harto conocido en las ciencias políticas: la dispersión del poder real por una parte, es decir, el establecimiento de parcelas o enclaves a los cuales un régimen sin respaldo popular se ve precisado a recurrir para asegurar su estabilidad a cambio de conceder, fuera de toda legalidad y respeto a los derechos humanos, a grupos con poder fáctico (policial, militar y económico) el control de ciertos territorios, en otras palabras, descentralizar y privatizar la represión y la violencia. Por otro lado, ese régimen autoritario desprovisto de respaldo popular pero con una vocación enfermiza de perpetuidad, buscará soporte en la voracidad de potencias extranjeras a través de un matrimonio por conveniencia: China y Rusia buscan un capataz y Nicolás Maduro un manto protector. Los comunistas, hoy distanciados del régimen, descubrirán tardíamente lo que los adecos advertimos en 1992: para el chavismo, el antiimperialismo es una máscara para su antinorteamericanismo y, bajo esa lógica, otros imperialismos si son buenos.

Ese es el camino que dibuja el chavismo, pero es un negro destino que puede ser cambiado y cambiado mediante un amplio consenso. La comunidad internacional y el G4 deben actuar con una mayor coordinación en el sentido de negociar con el régimen militar el cese de las sanciones internacionales que pesan sobre los personeros del “Alto Mando de la Revolución” en razón a la violación masiva de Derechos Humanos a cambio de condiciones electorales aceptables y una transición pacífica del poder.

Las primeras concesiones mutuas deberían provocar 1) El regreso de las tarjetas electorales de los partidos políticos a sus legítimas directivas, 2) La designación de una autoridad electoral que goce de la confianza de todos los actores políticos y que, mediante la asistencia y observación internacional, puedan organizarse las distintas elecciones previstas en la Constitución Nacional 3) Justicia Transicional con amplios beneficios para los personeros de la dictadura para su tránsito seguro a la vida civil a cambio de colaborar con la verificación de hechos bajo su responsabilidad  para la preservación de la memoria histórica y 4) El control civil de las Fuerzas Armadas y la disolución de los grupos de exterminio como el FAES.

Alguien podría decir que estas ideas son propias de soñadores, y claro que lo son. Es un sueño deseable el despertar inmediatamente del régimen autoritario cuya perdurabilidad amenaza con disolver los cimientos de la nación. A los políticos corresponde buscar soluciones a los problemas, no problemas para las soluciones. Del 13 de diciembre del 2020 en adelante nos sobrarán desafíos y es preciso que los más capaces estén al frente para construir consensos. Esperar más no se contará en días, meses o años, se contará en cadáveres.