La transparencia como deber público

La transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades frente a los electores es un mandato constitucional, los funcionarios electos deben ser responsables ante la ciudadanía y exponer abiertamente su labor dado que administran fondos públicos y sus decisiones afectan al colectivo. Recientemente, en el municipio Libertador, se ejecutó la remodelación de la Plaza Bolívar y la Plaza Victoria, hasta el momento, salvo el vídeo publicado por el alcalde en Instagram, no hay información pública sobre el costo de las obras, el alcance de las mismas, la empresa contratista o, siquiera, el ingeniero residente. Exigir esa información no es un insulto, es un derecho ciudadano saber el destino de los fondos públicos y, de hecho, el que tal información sea pública hace que los ciudadanos confíen en sus instituciones.

Cualquier autoridad pública electa merece respeto a su persona, pero no fe ciega, ni veneración a sus sacrosantas intenciones reales o supuestas. Los ciudadanos deben tener información pública para juzgar, con criterio informado, la labor del alcalde y los concejales, por ejemplo, a la fecha y desde hace más de 20 años, los vecinos de Libertador no tienen acceso a conocer el presupuesto municipal, ni los créditos adicionales aprobados, las sesiones del Concejo Municipal no son públicas, ni las ordenanzas ni los acuerdos son publicados, ni en las redes sociales ni en una página web oficial. Esa opacidad solo puede generar desconfianza pública y dudas razonables sobre la integridad de la gestión municipal.

Supongamos, porque en medio de tanta oscuridad sólo se puede suponer, que el alcalde y los concejales tienen un proyecto “muy bueno” que desean ejecutar pero, al mismo tiempo, por las circunstancias a las que nos estamos refiriendo, eso que es “muy bueno” es también prácticamente secreto. Aquí encontramos una contradicción obvia, si algo es bueno también debe ser de dominio público, si algo es deliberadamente convertido en secreto, necesariamente debe ser malo o para todos o para alguien.

¿Cómo se puede evitar ese ambiente de desconfianza? ¿Cómo evitamos que la ciudadanía piense mal de sus autoridades? Pues bien, hay prácticas que sugerimos desde nuestra humilde ventana: 1) Debe aprobarse una Ordenanza de Transparencia Administrativa, 2) Deben usarse las redes sociales y un portal web oficial para hacer de dominio público el presupuesto municipal, los créditos adicionales aprobados, las ordenanzas y acuerdos aprobados y las estadísticas oficiales, 3) las deliberaciones del Concejo Municipal deben ser públicas, no deben efectuarse con ediles encerrados en un salón de acceso restringido, 4) Las obras públicas deben ser acompañadas con una valla informativa que indique costo, empresa contratista y responsable y 5) hacer efectiva la vigencia del artículo 70 constitucional y celebrar cabildos abiertos y asambleas de ciudadanos para escuchar a los vecinos, sus problemas y expectativas. 

Todo lo dicho no es ciencia ficción, no es algo exclusivo de los países del primer mundo, al contrario, si todos los actores políticos tienen la debida voluntad sería perfectamente posible. De hecho, una agenda pública que promueva la transparencia y la rendición de cuentas podría ser muy bien vista por la población. No obstante, si se insiste en la opacidad, en el secreto, en la nocturnidad, como forma de gobernar y legislar es más que seguro que la protesta ciudadana se hará presente y persistente para los próximos meses y años.