La Ley de Venta del País por Zonas Económicas Especiales

La llamada Ley de Zonas Económicas Especiales que recientemente aprobó el apéndice
legislativo del gobierno merece mucha atención de la opinión pública, en principio, es claro
que el gobierno, sin decirlo abiertamente, admite con esa ley que la política de expropiaciones
y los primitivos controles de Hugo Chávez condujeron a la actual crisis económica. Luego, más
importante aún, exponen su intención de vender al país por pedazos, por zonas, en las que el
capital trasnacional y los enchufados locales le saquen hasta la última gota de sudor al
trabajador venezolano sin que este reciba un salario y contratación colectiva justa.

La explicación para esta aseveración es simple, la inversión extranjera directa puede venir al
país si existe tutela judicial efectiva, estabilidad monetaria, respeto por la propiedad privada,
seguridad personal, un gobierno transparente, servicios de telecomunicaciones aceptables, red
vial adecuada, agua, electricidad, salud, educación… pero nada de eso existe hoy en el país.
Por tanto, decididos a raspar la olla, las autoridades de facto deciden ofrecer a los capitales
trasnacionales más oscuros y voraces un único atractivo: mano de obra barata (tan barata que
por los exiguos salarios equivale a la esclavitud moderna), ninguna libertad sindical y total
indiferencia a normas que impidan la explotación indiscriminada del medio ambiente.

Es tan perniciosa esa ley que, sorprendentemente, la rechazan hasta los diputados del Partido
Comunista de Venezuela. En criterio de Oscar Figuera, Secretario General de los comunistas,
esta normativa “significa una nueva amenaza para la soberanía nacional por cuanto crea las
condiciones para establecer áreas bajo control del gran capital transnacional a través de
regímenes especiales, tanto en lo concerniente a las excepciones e impuestos al capital como
en lo que respecta a establecer flexibilización y desregularización de las relaciones laborales en
perjuicio de las y los trabajadores”. Tal parece que los comunistas muy tardíamente se dan
cuenta del peligro de respaldar a la autocracia.

Quienes nos oponemos a la actual administración desde 1998, y al militarismo desde 1992,
creemos que este proyecto busca dar legalidad a la entrega del país a intereses foráneos. Los
socialistas antiimperialistas se sienten cómodos en el rol de capataces de sus amos en Rusia,
China y Turquía y, por tanto, acomodan bien los nudos legales con los que aspiran a ahorcar
cualquier huelga obrera. Toda la ciudadanía debe pronunciarse sobre los riesgos de un
instrumento legal que permitirá vender, por zonas y a precio de gallina flaca, pedazos del país.

Como nota de cierre vale la pena resaltar que, aunque no hay ninguna sorpresa en ello, los
partidos judicializados votaron a favor de esa ley. Para mi, como adeco, es vergonzoso,
asqueante, que los supuestos adecos a los que el TSJ entregó las sedes, siglas y tarjeta de AD
manchen la imagen del partido del pueblo votando junto con sus socios del PSUV. ¿Quieren
una prueba más fehaciente de complicidad? Vean los votos a favor de vender al país.