Un debate necesario
Desde hace cierto tiempo han aparecido algunos voceros exponiendo ideas que reflejan un
profundo desinterés por quienes padecen la pobreza, la explotación y la miseria en Venezuela. Por
ejemplo, están aquellos que se pronuncian a favor de cobrar la matricula en las universidades
públicas porque, a su juicio, “la universidad gratuita no existe” y, por tanto, el estudiante que hoy
ya no tiene transporte ni comedor universitario también debería pagar su educación.
Ciertamente, una de las causas más palpables de la crisis económica en Venezuela fue la pertinaz
obsesión del oficialismo de imponer controles primitivos a las empresas, o peor, expropiándolas
hasta quebrarlas. Ahora bien, no debemos asumir que la solución a esa crisis provocada por
decisiones políticas sobre cargadas de dogmas ideológicos debe ser mover el péndulo hacia el
extremo de la desregularización que plantean los que aplauden las “Zonas Económicas Especiales”
y la “pax bodegonica”. El libre mercado no puede ser mal interpretado como un contexto en que
los trabajadores pierden todos sus derechos, el medioambiente sea depredado y el Estado
abandone sus responsabilidades fiscales.
Con el cuento de ser la “generación de hierro”, cierta vocería más que pedir, exige, que los
programas de alimentación en escuelas, liceos o centros de atención al adulto mayor, que ya
funcionan anecdóticamente bajo la administración madurista, dejen de existir porque “mal
acostumbran a la gente a comer sin trabajar”. Tal parece que no han escuchado que las Naciones
Unidas y sus distintas agencias califican a Venezuela como un escenario de “Crisis Humanitaria
Compleja” en la cual el hambre provoca la desestructuración social y una crisis migratoria sin
precedentes. ¿Cómo puede resolverse una crisis alimentaria sin proporcionar alimentos? ¿Acaso
eso es solo deber de grupos caritativos y el Estado debe permanecer como espectador solo para
cumplir la fantasía del Estado mínimo?.
La respuesta a una crisis humanitaria compleja, salta a la vista, no puede ser cumplir con el
decálogo del libre mercado y el Estado mínimo porque eso equivale a gritar “Sálvese quién
pueda”. Tras el naufragio del militarismo, del madurismo y del dogma socialista, debemos
construir una sociedad en la cual el Estado asuma su responsabilidad de financiar la educación
pública en todos los niveles y para todos los ciudadanos, una sociedad que reconstruya el diálogo
tripartito conforme a los criterios de la OIT para que trabajadores, empleadores y gobierno
establezcan relaciones laborales decentes, el Estado debe proteger a los ciudadanos que sufren de
forma diferenciada la crisis y combatir el hambre. A veces decirlo con todas sus letras parece
ofensivo para quienes son incapaces de debatir, pero si, se necesita un Estado de Bienestar
construido con visión socialdemócrata.
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