La amarga lección venezolana

En las últimas semanas, hemos notado que las redes digitales también reportan un curioso survey entre los jóvenes españoles. Siendo tan obvia la respuesta, les preguntan si votaron efectivamente por la Constitución de 1978.

Lo anterior significa que la Constitución de Estados Unidos está abiertamente deslegitimada, ya que tampoco fue consultada en forma directa a todas las generaciones surgidas después de 1787 hasta la presente fecha, y las enmiendas que la actualizaron; por consiguiente, carecen de toda validez. Vale decir,  nunca habrá poder constituido y principio de supremacía constitucional, ya que texto alguno puede ser objeto de reformas, sino que debe suplantarse por completo de generación en generación, añadidos los principios y valores constitucionales. 

Así las cosas, trastocada en una regla,  la convocatoria y prevalencia del poder constituyente dependerá de los factores que la impongan por la fuerza, según convenga.  La invocación de la democracia directa por siempre estará subordinada a la coyuntura y, en todo caso, imaginariamente equivaldrá al llamado poder popular que, en realidad, traduce una democracia cada vez más indirecta hasta hacerse tenebrosamente antidemocrático, como lo aleccionó Kim Il-sung numerosas décadas atrás al pregonar la fórmula, por ejemplo.

Posiblemente, la carta española necesita de importantes y puntuales reformas, como ocurrió con la venezolana de 1961 y, para ello, trabajó intensamente una comisión de muy alto nivel presidida por Rafael Caldera que generó una propuesta de reconocida factura no sólo política, sino académica. Sin embargo, entre nosotros, prosperó la idea de una asamblea constituyente que produjo la carta de 1999, violentada por el régimen que la concibió e impuso mesiánicamente como fórmula para salvar al país de una horrible conspiración; y, fraudulentamente, hizo algo semejante con otra asamblea en 2017 que tuvo el descaro de no redactar carta alguna, reforzando “legislativamente” a la usurpación.

Ilustrado recientemente por Chile, la elaboración de una Constitución no puede improvisarse, necesitando de los especialistas que minimicen o resuelvan toda suerte de contradicciones y entuertos.  Asimismo, luce indispensable contar con los oficiantes del derecho constitucional, una disciplina que, por incontables años, ha macerado aquellos principios, normas e instituciones orientados a la realización de valores fundamentales, como la libertad, aunque haya los voceadores de una aparente y radical espontaneidad que hacen de la democracia directa una vulgar coartada.

La encuesta digital inicialmente comentada, guarda correspondencia con toda una campaña de pedestre manipulación de los más jóvenes entre los ibéricos. Y, faltando poco, la devaluación misma del derecho constitucional, como si fuese una creación exclusiva y excluyente de la academia en un  laboratorio absolutamente aislado y presurizado, sufre de una obscena estigmatización.

En última instancia, el desconocimiento es con el derecho, con la ciencia jurídica, con el esfuerzo legislativo, con la razón, desembocando en una suerte de afasia anómica.  Y ha de mirar Europa a la América Latina entrampada en los abalorios y dislates constituyentistas de sectores que sólo desean imponer la sinrazón de la fuerza, el capricho, el revanchismo, ofreciendo Venezuela una de las más amargas y prolongadas lecciones.