La diáspora venezolana

Yo también soy parte de la diáspora venezolana. Como más de 7,9 millones de compatriotas, en algún momento tuve que hacer una maleta, despedirme de una vida que conocía y comenzar de nuevo en otro país. No fue una decisión sencilla ni planificada durante años. Para la gran mayoría de nosotros fue simplemente la consecuencia de una realidad que se volvió imposible de sostener.

A veces los números se repiten tanto que pierden su significado, en especial ante un gobierno tan indolente. Siete millones novecientos mil venezolanos fuera del país es una cifra que cuesta imaginar. Tal vez sea más fácil entenderla de otra manera: es como si, de la noche a la mañana, todos, absolutamente todos los habitantes de los estados Falcón, Apure, Guárico, Cojedes, Delta Amacuro, Bolívar y Mérida hubiesen sido empujados a abandonar Venezuela. Esa es la dimensión humana de la diáspora.

No se trata de un fenómeno migratorio normal. Es una fractura nacional. Una nación dispersa por el mundo.

Entiendo que la solución a esta crisis monumental, acumulada durante casi tres décadas de persecuciones, desaciertos políticos, económicos y sociales, no va a resolverse de la noche a la mañana. Reconstruir instituciones, recuperar la economía y restablecer la confianza en el país tomará tiempo. Pero mientras ese proceso ocurre, hay una realidad que Venezuela no puede seguir ignorando: millones de venezolanos vivimos fuera del país y seguimos siendo parte de la nación.

Por eso resulta indispensable comenzar por algo elemental: reconocer el derecho político de la diáspora. Recuperar plenamente el voto en el exterior no es solamente una cuestión administrativa; es una cuestión de legitimidad democrática. Quienes tuvimos que emigrar no dejamos de ser ciudadanos ni dejamos de tener interés en el destino del país.

Pero el debate no debería limitarse al voto. También es necesario replantear la relación entre el Estado venezolano y sus ciudadanos en el exterior. Durante años los consulados y representaciones diplomáticas han dejado de cumplir su función más básica: representar y proteger a los venezolanos.

Cada vez que se anuncia la reapertura de relaciones diplomáticas o la firma de acuerdos petroleros o mineros, se presenta como una señal de normalización. Ojalá lo sea. Pero esa normalización debería traducirse también en algo mucho más concreto para millones de venezolanos: un servicio consular que funcione.

Obtener un pasaporte no debería ser un viacrucis. Registrar a un hijo nacido en el extranjero no debería convertirse en una carrera de obstáculos burocráticos. Los consulados deberían ofrecer protección en situaciones de emergencia, asistencia jurídica cuando un ciudadano es detenido, apoyo en momentos de crisis y, además, promover nuestra cultura y las relaciones económicas entre Venezuela y los países que han recibido a nuestros compatriotas.

Para muchos venezolanos en el exterior ha resultado dolorosamente familiar una paradoja: en ocasiones hemos sido tratados con más dignidad por sociedades que no son la nuestra que por quienes, en teoría, deberían representarnos.

Mirar hacia la diáspora también implica hacerse otra pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá con aquellos venezolanos que algún día decidan regresar?

No todos lo harán, y eso también hay que asumirlo con realismo. Muchos han reconstruido sus vidas en otros países, han formado familias, han desarrollado carreras y han echado raíces. Pero si tan solo una parte de esa diáspora decidiera volver, el impacto sería enorme.

Si apenas el veinte por ciento de esos casi ocho millones de venezolanos regresara en el corto o mediano plazo, estaríamos hablando de más de un millón y medio de personas retornando al país. Eso plantea desafíos evidentes, pero también oportunidades.

Muchos de quienes emigraron han adquirido experiencia profesional, idiomas, conocimientos técnicos, capital humano y redes internacionales que podrían ser fundamentales en un proceso de reconstrucción nacional. Pero para que eso ocurra debe existir una política clara que facilite el regreso de quienes quieran hacerlo.

Eso implica simplificar trámites administrativos, garantizar documentos de identidad, permitir el registro de hijos nacidos en el exterior y, sobre todo, enviar señales claras de que quienes en el pasado fueron perseguidos por razones políticas no enfrentarán represalias.

Sería incluso razonable pensar en programas coordinados con países aliados que permitan apoyar el retorno de quienes desean volver pero no cuentan con los recursos necesarios para financiarlo.

La diáspora venezolana es una realidad inédita en nuestra historia. Durante gran parte del siglo XX fuimos un país que recibía inmigrantes. Hoy somos uno de los mayores procesos migratorios del mundo contemporáneo.

Quizás a la política venezolana le ha costado digerir esta nueva realidad. Pero ignorarla sería un error profundo. Los venezolanos que vivimos fuera del país no somos un grupo pequeño ni marginal. Somos millones. Profesionales, trabajadores, estudiantes, emprendedores y familias que, aun viviendo lejos, seguimos conectados con Venezuela.

La diáspora no es solamente el resultado de una crisis nacional. También puede convertirse en una de las claves de su reconstrucción.

Pero para que eso ocurra, Venezuela tendrá que empezar por reconocer algo que parece obvio pero que aún no termina de asumirse: la nación venezolana ya no vive únicamente dentro de sus fronteras.

Hoy Venezuela también existe en Madrid, en Bogotá, en Lima, en Toronto, en Santiago, en Miami, en Houston, en Buenos Aires y en cientos de ciudades donde millones de compatriotas intentan reconstruir sus vidas sin dejar de mirar hacia el país que dejaron atrás.

La gran pregunta no es si la diáspora forma parte de Venezuela.
La pregunta es si Venezuela está dispuesta, finalmente, a volver a contar con ella.