Justicia integral, verdadera revolución

Con el tiempo he aprendido que las grandes transformaciones se logran con propuestas sencillas, las que pueden ser asimiladas sin tanto análisis y así asumidas sin mayores obstáculos por la sociedad. En el mayor esfuerzo de síntesis posible, podría afirmar que la mayor revolución que puede darse en Venezuela es la de asumir un verdadero Estado de Justicia y enfocarnos en el aspecto educativo. Tan simple como eso. Pero detengámonos un poco a reflexionar sobre este comentario inicial: En realidad, ¿mi premisa es cierta? Asumir la revolución de la Educación y Justicia, ¿es solo un acto de voluntad colectiva?

Las respuestas se dificultan al observar que nuestra sociedad ha sido sometida intencionalmente a un proceso de deshumanización basado en la perversión de la moral social, el materialismo, la corrupción y la violencia. El daño es inmenso. Recuperarnos de la barbarie militarista y del influjo de modelos pervertidos, mil veces fracasados, no es tarea de poco tiempo o la consecuencia de algo tan nimio como un cambio de gobierno. En el quítate tú para ponerme yo criollo, se mantendrá la raíz del problema si el liderazgo no asume su rol como un destino histórico de construir una patria nueva. Por eso es que la gente quiere el cambio y se dificulta tanto. Corremos el riesgo de reeditar los mismos procedimientos pervertidos.

Me demandan algunas propuestas que puedan ser presentadas en esta crónica. Nunca me ha gustado dar consejos porque al hacerlo uno asume cierta responsabilidad en el resultado. Pero si tuviera frente a mí a ese líder ideal que todos buscan y que, en realidad, lo sé inexistente, le diría que siguiera esta secuencia: Busca consejo en la persona indicada, desde un experto hasta el ama de casa, dependiendo de la temática; como consecuencia de lo anterior, saber oír y filtrar la información; pero, sobre todo, no hay que dejarse aconsejar demasiado… Los factores económicos siempre andan buscando a un Presidente que se deje aconsejar como ellos quieren.

No hay solución a un problema legal o jurídico que no presuponga un criterio basado en el conocimiento y el equilibrio que lleva a una decisión justa. La mejor forma de conducir a un pueblo a la barbarie es destruir la infraestructura educativa, depauperar a maestros y profesores, invertir el sistema de valores de la juventud con un materialismo negador de toda trascendencia. En el mismo sentido, la violencia es producto de la impunidad y esta deriva de la politización y mediatización de la Justicia. El venezolano no ha mentalizado que la violencia que sufre es producto de la impunidad que han producido los tribunales y otros integrantes del sistema de Justicia. Si no fuera así, se tomarían muy en serio la designación del Comité de Postulaciones Judiciales y la designación de Magistrados al TSJ que acaba de ser convocada por la Asamblea Nacional.

El reto colectivo es la reestructuración de una institucionalidad que ha sido desmontada y la vigencia real, no al estilo de la barbarie que estamos viviendo, de un Estado Constitucional de Derecho y de Justicia. La base es rescatar el respeto por un pasado común y el compromiso de asumir la responsabilidad de un futuro que, aunque suene utópico, rescate un destino espiritual que surge de un sentido de pertenencia. No se puede seguir reescribiendo la historia a conveniencia sin que esto traiga una reacción y división. El fortalecimiento de la educación debe partir de esta definición y de un entendimiento nacional en el que se reconozca la prioridad de reforzar las instituciones educativas y, en especial, las universidades en lugar de ahorcarlas y destruirlas, tal como ha ejecutado este régimen en los últimos 17 años.

El reto es el desmontaje de un sistema jurídico basado en leyes injustas preservando los avances que se han dado en ciertas áreas. Debemos comprender que con simples leyes, con meras reformas legislativas, no se construye una nueva sociedad pero si se puede obstaculizar su desarrollo. Debemos propiciar un dialogo nacional que le de fortaleza a los cambios normativos y ejecutarlos con visión sistémica. Incorporar a todos los sectores no gubernamentales y al órgano legislativo como máxima instancia de integración nacional. No es descartable un proceso constituyente pero con ánimo integrador y no de destrucción.

En Justicia, podríamos resolver muchos conflictos diferenciando las cortes de casación del contencioso administrativo; y creando una verdadera “Corte Constitucional” que defina las crisis político-institucionales, vele por los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalezca el esquema federal-descentralizador en la organización del Estado. Pero no nos engañemos, previamente tenemos que intervenir el poder judicial porque estamos en emergencia judicial por la sumisión, incompetencia y corrupción sembrada en los tribunales.

La administración de Justicia en Venezuela ha sido tradicionalmente el reflejo de un poder claudicante pero nunca como hoy ha existido una crisis como la que la azota. Ha sido un problema no resuelto desde el veto del 11 de agosto de 1969 que hiciera el Presidente Rafael Caldera a la “Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial” hasta tanto fueran dictadas la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. En aquel tiempo, él sostenía, entre muchos argumentos, la necesidad de fortalecer la formación y estabilidad de los jueces: “Si no existe una ley de carrera judicial ¿cómo crear entonces el Consejo de la Judicatura?”. Se trataba de la lucha de siempre por evitar la politización del Poder Judicial.

El panorama hoy es el de un aplastante número de jueces provisorios, sin estabilidad, más pendientes de conservar sus cargos que de dictar decisiones justas. No se puede hablar propiamente de una carrera judicial porque los ascensos responden a “méritos” desvinculados a la formación académica. No existe un contencioso-administrativo, en la práctica, porque los tribunales se resisten a anular los actos ilegales de la administración. La Fiscalía responde a parámetros políticos y ese ejemplo inhibe a la mayoría de fiscales que luchan contra la impunidad que de tal politización deriva. Los juzgados penales están anulados y su rendimiento no se corresponde con la guerra social que vive Venezuela. ¿Dónde están los expedientes relacionados con esas 25.000 muertes violentas que se han producido en el último año en Venezuela? ¿Dónde las sentencias condenatorias?

El Tribunal Supremo sufre un cortocircuito sistémico. En su seno existe una Sala, la Constitucional, invasiva de las competencias de las otras salas. Las matemáticas judiciales nos indican que cuatro magistrados de la Constitucional pueden anular la voluntad hasta de la Sala Plena con sus treinta y dos integrantes. Ya hemos visto el peligro que esto representa con la usurpación ejecutada contra la Asamblea Nacional. Si queremos una revolución verdadera tenemos que enfocarnos en la Justicia y esto pasa por la declaratoria de una emergencia judicial y la intervención de órganos secuestrados por los responsables de la violencia social que hoy vive Venezuela. Eso si queremos salir de este marasmo.