La alianza y divorcio de Evo Morales con los mineros cooperativistas detrás del brutal crimen de un viceministro

Introducción necesaria: ¿Quiénes son los mineros cooperativistas?

Son el resultado de la implantación del DS 21060 en Bolivia (inicio del sistema neoliberal de la economía, Gobierno de Víctor Paz Estenssoro) que estuvo a punto de cerrar la actividad minera estatal.

Algunos mineros migraron a otras ciudades del país (una parte de ellos fue fundamental para la organización política del Movimiento Cocalero en el Trópico cochabambino) y muchos otros siguieron en el lugar y se organizaron en «cooperativas» para seguir trabajando en lo que sabían hacer, es decir, en la minería.

Los mineros cooperativistas trabajan en minas prácticamente agotadas y, desechadas por el Estado; las formas de trabajo son tremendamente difíciles y peligrosas; la contaminación, por lo rústico de su trabajo y, por la acumulación de residuos tóxicos acumulados desde años, pone en peligro no sólo la salud de quienes explotan esas minas, sino que genera un proceso de degradación de la tierra y de los ríos y lagos de la zona.

La actividad es sacrificada, pobre, y es también conflictiva en cuanto a las maneras en las que, a veces (cada vez con mayor frecuencia) los mineros invaden tierras de empresarios mineros privados y, en otras ocasiones, sobre tierras que son de la minería estatal.

Como sea, los mineros cooperativistas han sobrevivido y crecido; se han multiplicado en número, constituyéndose en un sector con bastante Poder político y movilizador y, desde la salida del ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien presionaron desde las calles de La Paz, se convirtieron en aliados del masismo, es decir, del partido de Evo Morales.

Asimismo, el rol jugado por los mineros cooperativistas tras de la renuncia de Carlos D. Mesa (17 de octubre de 2003 – 9 de junio de 2005) a la Presidencia fue fundamental para «apurar» la posibilidad de Evo Morales de llegar a la Presidencia por el adelanto de elecciones.

En efecto, tras de la renuncia de Mesa, en el MAS (liderado por Evo Morales) vieron que llegaba su gran oportunidad. El cocalero estaba listo para ocupar ese espacio o al menos intentar hacerlo, e ideó una estrategia con el sindicalismo clásico y con importantes sectores de trabajadores mineros como los cooperativistas, para evitar la sucesión constitucional.

La consigna fue la de lograr que se vayan todos, que se entregue la presidencia a quien le correspondía constitucionalmente, es decir al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y se llame a elecciones en corto plazo.

En esas circunstancias, los cooperativistas marcharon sobre Sucre, lograron el objetivo de tener «su muerto» (en Bolivia, los movimientos de obreros o campesinos se abonan con sangre) y evitaron la sucesión Constitucional.

Obligaron al Senador Hormando Vaca Díez a renunciar a su derecho sucesorio, lo mismo que al tarijeño Mario Cossio, por entonces presidente de la Cámara de Diputados y se nombró al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, último en la línea sucesoria constitucional, Eduardo Rodríguez Veltzé como presidente; este último se comprometió a llamar a elecciones.

El objetivo de Morales había sido logrado; él sabía que en esas elecciones podía ser presidente y lo fue.

Los cooperativistas representaron mucho para el Gobierno de Morales, desde sus inicios; grandes en número (eran votos asegurados) y con una gran capacidad de movilización y con disciplina política eran los aliados ideales, de manera que Morales les dio un lugar destacado en su Gobierno, a tal punto que se posesionó a Walter Villarroel, del sector cooperativista, como el Primer Ministro de Minería del Gobierno de Morales.

Principales conflictos con los cooperativistas

Huanuni,5 y 6 de octubre del 2006, Cerro Posokoni

Empoderados pro Evo Morales, en el mes de octubre del mismo año de la llegada de Morales al Poder, los mineros cooperativistas tomaron el cerro Posokoni exigiendo una parte del mismo, como parte del acuerdo de Sucre, no cumplido por el Presidente Morales.

Hubo un choque violento con muchos muertos y heridos entre mineros asalariados y cooperativistas (12 muertos y más de 60 heridos) estos últimos protegidos y alineados con el entonces ministro de Minería.

El enfrentamiento se pudo prevenir pero no se lo hizo; el país se preguntaba si evidentemente el gobierno no sabía que se iba a producir la toma o si la permitió.

Quedó claro que los encargados de seguridad del gobierno fueron los únicos que no se enteraron que los cooperativistas iban a tomar el cerro; la Central Obrera lo había advertido y señalado como un hecho grave en caso de que ocurra y, acudieron al Gobierno para evitar enfrentamientos entre la misma base, así sea de distinto patrón.

Los líderes obreros (mineros asalariados) solicitaron una intervención preventiva de la fuerza pública, sin embargo, la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, y el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, desoyeron los pedidos. No sólo eso, en un acto de desprecio a la vida de los bolivianos, el propio vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, fue acusado, en las puertas del Palacio Quemado, por los mineros y los dirigentes obreros de haber ofrecido cajones como toda acción de parte del gobierno, para enterrar a los muertos que de los enfrentamientos resulten. Eso fue visto por el país entero en vivo en las pantallas de TV que registraron los hechos.

Las acciones fueron de una violencia pocas veces vista; las heridas no han sido curadas. Los rencores subsistieron; en varias ocasiones, estos mismos sectores volvieron a enfrentarse más adelante; el problema de fondo sigue sin resolverse; como se verá, el conflicto y la violencia subyacen y esperan agazapados. Al gobierno parecía no importarle, el poder del voto y la capacidad de movilización de los mineros cooperativistas era importante para sus objetivos.

Episodios de enfrentamiento entre mineros, sean cooperativistas o sindicalizados (asalariados del Estado), sea entre Mineros o Ayllus, sea entre Ayllus, sigue siendo una constante en Bolivia.

Enfrentamientos y conflictos que son, por supuesto, evitables, dado que se los conoce con anticipación. Tal cual, los Ayllus, las Comunidades o los Mineros siempre avisan sus actividades por la vía de manifiestos y documentos que los hacen públicos, sobre todo por las radios, que son los medios de comunicación que los dirigentes usan para convocar a sus «bases»; es, ha sido y será así. Lo que llama la atención es la poca capacidad de reacción (hoy se dice reacciones proactivas) para «salir al paso» al conflicto antes que este se de. Cada vez que cualquiera de esas instancias que he citado convoca, es una especie de predisposición al enfrentamiento.

Hoy los cooperativistas parecen haber sido desplazados definitivamente por el Gobierno; pareciera que ya no se los quiere cerca: la situación económica no es buena y el Gobierno quiere recaudar de todos los lugares posibles.

Se ha llegado exactamente al mismo lugar en el que los cooperativistas se encontraban en los gobiernos neoliberales, es decir, se considera que los cooperativistas agrupados en la poderosa FENCOMIN, son empresarios privados y no cooperativistas, situación que no es errada porque la actividad de estos mineros es empresarial, se manejan con sus propios medios, tienen estructuras empresarias, así sean rudimentarias y tienen empleados ; la relación cambió y los reclamos también.

Lo que no cambia es la violencia de los mineros cooperativistas y la lenta reacción del Gobierno que no atina a adelantarse a los conflictos. Además de ello, no se actúa en el campo legal Institucional; el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia está en «negociaciones» desde el año 2014.

En ese tema, el Art. 151 (probablemente el más discutido del anteproyecto) establecía que «los titulares de licencias de prospección y exploración o de contratos administrativos mineros de la industria minera privada y cooperativa, pueden suscribir en cualquier momento contratos con otros actores productivos mineros privados o cooperativas, legalmente establecidos».

A decir de los expertos en la temática, el artículo repetía lo que decía el Art. 21 del código minero de Sánchez de Lozada (Ley 1777) que permitía a las «las sociedades (nótese condición de empresarios) cooperativas mineras» a asociarse entre ellas y a suscribir contratos de cualquier tipo, incluyendo los de Riesgo Compartido con la COMIBOL o con otras «personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social»

Los cooperativistas venían actuando así. El 22 de Agosto, el ministro Carlos Romero denunciaba «la opinión pública debe saber que hay 31 contratos suscritos por cooperativistas mineros con empresas privadas. Contratos anteriores a la actual Ley Minera. Contratos que tienen plazo de 25 años y en algunos casos plazos indefinidos. Pretenden, no sólo consolidar, sino ampliar en sus alcances, esa es una desvirtuación absoluta de las cooperativas» dijo Romero

El tema es que Romero denunció los contratos en momento de crisis, es decir, cuando estaban enfrentados y, antes de ello, no habían tomado acciones de ningún tipo. Claro, había una Ley y los Cooperativistas se ceñían a ella (recordemos que el anteproyecto del Gobierno de Morales del 2014 decía prácticamente lo mismo)

Estas últimas 2 semanas, los cooperativistas mineros anunciaron paro indefinido en todo el territorio boliviano si el Gobierno no atendía el Pliego Petitorio que comenzó siendo de 10 puntos y que a medida que se complicaba el conflicto fue sumando demandas, llegando a 24 demandas.

Estas eran las más importantes:

1. El rechazo al reconocimiento de sindicatos en las cooperativas. Se basan para ello en el hecho de que la Ley de Cooperativas excluye a los mineros y sólo contempla la sindicalización de cooperativistas del área de servicios y servicios públicos (agua, luz, teléfonos, etc.)

2. Respeto a la Ley General de Cooperativas Mineras. Los mineros exigían al propio Presidente Morales que no promulgue las reformas de la Ley General de Cooperativas (Ley 356). En ella se establece que las Cooperativas tienen un plazo de dos años para adecuar sus estatutos a la norma; la sanción: quedar liquidadas y extinguidas si no se cumple.

3. La modificación a la Ley Minera (Ley 535 de Minería y Metalurgia). Las Cooperativas rechazan esa Ley, porque pretenden que las empresas privadas puedan invertir en sus áreas de concesión, cosa que la nueva Ley lo prohíbe.

Esta Ley, generó el recrudecimiento de los enfrentamientos entre Sectores Mineros ya que se obliga a que las concesiones mineras sean otorgadas en contrato de arrendamiento por la Corporación Minera de Bolivia; en el antiguo Código los yacimientos podían ser explotados por particulares solicitantes, independientemente si eran nacionales o extranjeros.

4.- Como se señaló en los antecedentes, las actividades de los Cooperativistas están, casi siempre, reñidas con la norma medioambiental; la actividad pedía la flexibilización de las regulaciones medioambientales.

5. Se destinen recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim).- La entidad financiera no bancaria, otorga créditos a la minería cooperativizada; para el sector, los recursos son insuficientes.

6. La inclusión de un representante en el Directorio de la CNS y la consolidación de las áreas de la cooperativa 26 de Febrero en Colquiri.- Esto tiene que ver con el viejo conflicto del 2012, cuando fallecieron 2 personas por el tema de la veta Rosario que otorgó un porcentaje del yacimiento al los Cooperativistas; lo que se solicitaba era que las concesiones sean formalizadas.

7. Exigían la reposición del Viceministerio de Cooperativas o, en su defecto, se cree un Ministerio para su sector

8. El tendido de redes de energía eléctrica a todas las cooperativas del país con tarifas diferenciadas

9. La reinversión de recursos provenientes de las regalías mineras en proyectos para el sector. Las cooperativas mineras no pagan impuestos, pagan regalías, concretamente 2,5 % de las ventas; las empresas privadas pagan 8,5 %.

Los mineros cooperativistas buscan crecer como sector con esta última solicitud; crecer implica tener mayor poder de negociación y eso es lo que pretenden, eso lo sabe el Gobierno y al parecer, no está dispuestos a seguir en esa lógica.

Como están las cosas, es un hecho que los cooperativistas se saben perdedores de sus cuotas y ahí está el porqué de la violencia vivida en los últimos días.

El Presidente Morales acusa conspiración en las movilizaciones mineras y hasta acusa al imperialismo de tal conspiración, cuando lo evidente es que lo que hay es una pulseada entre un poder que no quiere ceder más a quienes en los últimos 10 años fueron sus aliados y se beneficiaron de todo lo que pudieron al amparo de Evo Morales.

El país observa la violencia de los mineros cooperativistas como si fuera la primera vez que esto ocurre y no recuerda los enfrentamientos como los de Posokoni, o de otros lugares; los Cooperativistas actúan siempre con violencia y ésta suele ser llevada al extremo, sin ningún miramiento. Parece que esta vez el Gobierno decidió poner límite y, lamentablemente, lo hizo muy mal, permitiendo o enviando (las dos versiones corren en el circuito informativo) al viceministro Illanes a tratar de encontrar un camino de diálogo, cuando los mineros enardecidos y alentados con la sangre de dos de sus compañeros pedían venganza.

¿Por qué el Gobierno permitió que Illanes haya ido al lugar? Eso lo tendrá que establecer una investigación; lo que queda claro es que el Gobierno actuó muy mal, como si no hubiera conocido, a lo largo de 10 años a sus «ex» aliados cooperativistas, como si no supiera que con ellos no hay términos medios; hay en este asunto mucho que investigar y muchas responsabilidades que achacar desde la Fiscalía, por ahora, cuando se vive una tensa calma, pero no hay acuerdos de paz: cada sector enterrará a sus muertos y se vivirá una «Pax-Armada».

Claro, el Presidente buscará culpables afuera del gobierno y mira y ataca a la oposición, como si ésta tuviera llegada a los sectores populares y ya declaró «héroe defensor de los recursos naturales» al asesinado Illanes, como si aquello tuviera alguna importancia o justificara la torpeza de haberle permitido acercarse, como lo hizo, al sector de conflicto.

Por ahora, sólo cabe esperar qué más puede ocurrir, los bolivianos sabemos que esto no se va a terminar ahí, lamentablemente no.