ESPECIAL: El conflicto sin soluciones de la Penitenciaria General de Venezuela

Familiares de privados de libertad de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en el estado Guárico, han denunciado las circunstancias dramáticas en la que se encuentra el penal. Hacinamiento y una posible epidemia de tuberculosis son solo algunos de los problemas que reclaman ser resueltos por las autoridades.

El 28 de septiembre familiares que asistieron al día de visitas, se quedaron en la penitenciaría con el objetivo de resguardar la vida de los presos ante amenazas de una posible “masacre”, pues existía el rumor de que las autoridades intervendrían la PGV. Desde entonces la cárcel se ha mantenido en un estado de tensión con la suspensión del suministro de agua, luz, alimentos y medicamentos.

A través de videos en el canal “Penitenciaria General” de la plataforma Youtube, los reclusos han hecho un registro de la situación, así como un llamado a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela y al Presidente de la República Nicolás Maduro a llegar a un diálogo para solucionar las condiciones en que se encuentran. 

Niños, adolescentes y mujeres dentro del penal

El pasado 4 de octubre, los reclusos enviaron un comunicado a la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, en el que denunciaron que al menos 7.000 reclusos, 800 niños, 500 adolescentes y 2500 mujeres se encuentran en las instalaciones.

Estas personas ingresaron al penal con el objetivo de evitar una intervención de las autoridades, sin embargo, se han visto afectadas ante la falta de alimentos, agua, electricidad y medicinas, pues no pueden entrar ni salir del recinto.

El documento destaca que se encuentran “acorralados” por funcionarios de distintos Organismos de Seguridad del Estado y señalan al Director General de Seguridad y Custodia del Ministerio de Servicios Penitenciarios, Wilmer Apóstol, ser el responsable de la situación.

En videos publicados desde la PGV, se han registrado los testimonios de familiares que afirman que se encuentran allí para proteger a sus parientes privados de libertad, pues rechazan una masacre en la cárcel y exhortan a las autoridades del Estado a llegar a un diálogo que permita el suministro de alimentos y medicinas.

En el material audiovisual se muestran niños de todas las edades e incluso con discapacidades, además  aseguran que también hay adultos mayores y mujeres embarazadas.

 

 

Posible epidemia de tuberculosis en la PGV

De acuerdo a las denuncias de los familiares existen 25 casos de reos con tuberculosis en el penal, de los cuales siete ya han fallecido.

A través de redes sociales y la plataforma Youtube se han difundido videos de los cadáveres de dos reos que fallecieron debido a la enfermedad, así como el llamado de los que aun se encuentran padeciéndola.

“Necesitamos las medicinas, no nos las quiten, por favor ayúdennos”, dijo un recluso en un video, donde se le ve débil, en un estado avanzado de desnutrición y acompañado de otros compañeros en el mismo estado.

“Todos somos seres humanos, necesitamos una segunda oportunidad”, expresó otro joven, quien aseveró junto con otros reos, que no desean morir.

Han reiterado a la ministra Iris Varela que autorice el suministro de medicamentos, así como a que no permita que se desate una epidemia en el lugar, ya que hay niños que pueden ser víctimas de la enfermedad.

Exigencias de diálogo y respaldo a los Derechos Humanos

El documento enviado a la Comisión del parlamento señala que los privados de libertad desean entablar un diálogo con las autoridades así como la garantía  de sus derechos humanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución, el cual señala que el Estado debe garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos sin discriminación.

El pasado miércoles, familiares protestaron en la sede administrativa de la Asamblea Nacional, el ministerio de Servicios Penitenciarios y las adyacencias al Palacio de Miraflores en Caracas, exigiendo “paz y no masacre”, además de la destitución de Wilmer Apóstol y José Mendoza, quienes han sido señalados de cometer abusos y excesos contra la población de la cárcel.

El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la comisión, Richard Blanco, declaró a los medios de comunicación que ha intentado comunicarse con la ministra Iris Varela, sin embargo, no recibió respuesta.

Por su parte, Juan Pablo García, diputado y vicepresidente de la comisión, desmintió declaraciones del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien había afirmado que la Defensoría de Pueblo estaba participando como mediador en un diálogo entre los presidiarios y el ministerio.

La comisión del parlamento, se ofreció a visitar el penal e informaron que denunciaran ante las instancias nacionales e internacionales lo que sucede en la PGV.

Respuesta de las autoridades

Hasta la fecha de publicación de este articulo, la ministra Iris Varela, no se ha pronunciado oficialmente sobre los sucesos en la penitenciaria o las exigencias de los reclusos y sus familiares.

Entretanto, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó en nota de prensa a través de su página web, que se mantiene atendiendo de forma integral a los parientes que se han acercado a la sede del despacho ubicado en el Rosal, en Caracas.

La directora de la Dirección General de Atención Integral a la Familia, Liana Reyes, afirmó que han brindado atención personalizada y asesoría jurídica en la mayoría de los casos que presentan retardo procesal.

Por otra parte, el viernes pasado en horas de la tarde se permitió el ingreso de alimentos a la prisión, sin embargo, los parientes que se mantienen fuera del penal han argumentado que son insuficientes para la cantidad de personas que se encuentran en las instalaciones.

El sábado 8 de octubre, los familiares en las afueras de la PGV intentaron entrar al recinto, por lo que recibieron bombas lacrimógenas y perdigones de parte de  la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para alejarlos del sitio.

“Fue algo demasiado atroz lo que hizo el comandante de la Guardia Nacional. Arremetieron contra nosotros como si lleváramos armamentos de guerra… con bombas lacrimógenas, con perdigones, con los rolos que ellos cargan y nos dieron como si fuéramos unos cochinos”, declaró Neida Farfan, familiar de uno de los reos, a El Pitazo.

Asimismo, se dio a conocer que madres, niños y personas mayores resultaron heridos, entre ellos una señora de la tercera edad y una joven que recibieron heridas en la cabeza. Por ahora los familiares se trasladaron a una plaza en la entrada de la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros, a más de una milla del recinto penitenciario.

Posibles motivos que detonaron el conflicto

El 14 de septiembre se presentó una explosión de granada en el anexo de la PGV conocido como Centro Penitenciario Los Pinos, que dejó tres fallecidos y al menos 22 heridos, durante la preparación de la fiesta de cumpleaños del pran de la cárcel Franklin Hernández, conocido bajo los alias de «Franklin Masacre» y «Franklin el Guaira».

De acuerdo con las autoridades, se trató de una granada que detonó de forma repentina mientras era manipulada por un recluso.

A seis días del hecho, el 19 de septiembre funcionarios de la GNB registraron el hurto de 84 granadas fragmentarias modelo M26 en el depósito N° 6 del servicio de armamento del ejército, ubicado dentro del Fuerte Conopoima, en San Juan de los Morros, estado Guárico.

El robo fue descubierto cuando realizaban una revista en la guarnición, donde había 387 granadas, de las cuales 34 habían sido asignadas a una unidad militar, por lo tanto hasta el lunes 12 de septiembre debían quedar 353, pero para la fecha del registro solo había 269 granadas.

En los días siguientes comenzó el rumor de la intervención de la PGV, que es una de las cárceles en el país que no está bajo el nuevo régimen penitenciario que ha afianzado el ministerio de Servicios Penitenciarios.

En una reunión privada entre medios de comunicación y el ministerio, Yorsy López, directora de Registro y Control Penal, descartó que se tenga previsto una intervención del centro de reclusión. Asimismo, afirmó que la cárcel se mantiene rodeada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), debido al hurto de las 84 granadas, que se presume, es responsabilidad del pran «Franklin Masacre».

El Pran y las estrategias mediáticas

Franklin Paúl Hernández Quesada, conocido como «Franklin Masacre», «Franklin el Guaira» o “Viru Viru”, es el líder de la PGV y quien ha hecho públicos los videos a través del canal de Youtube “Penitenciaria General”, donde exhorta en reiteradas ocasiones que desea paz y un diálogo con la ministra Iris Varela.

Además de Youtube, la penitenciaría también tiene una cuenta de Twitter (@PGeneraldeVzla), donde difunden información sobre lo que sucede dentro del penal.

Hernández ha sido acusado de torturar y mutilar a privados de libertad por no pagar “la causa” (extorsión semanal a los reos por su seguridad), incluso se presume que planificó el secuestro de 20 funcionarios de la PGV que duró una semana, en el mes de agosto, con el objetivo de que trasladaran 2.5000 reclusos al penal.

Las autoridades accedieron al traslado bajo la premisa de que estaban condenados y hacinados en centros de detención preventiva, sin embargo, familiares declararon a los medios de comunicación que la razón era que había pocos reos en la PGV y el pran quería dinero extra con el cobro de la causa.

Hernández reconoció en una entrevista vía telefónica a El Universal, que se trata de “una colaboración para mantener el penal limpio, traer comida y comprar gas, porque acá  no tienen casi nada para comer, traen 25 bultos de arroz y 25 cestas de pollo para una población de 10 mil 700 personas, eso alcanza para un día y medio, luego vendría toda la semana sin comida, ante eso nosotros tenemos que resolvernos”.

Asimismo, rechazó las acusaciones del hurto de las 84 granadas y las mutilaciones a reos por el cobro de la causa. “Esas son cosas de ellos (el  gobierno) y quieren involucrarnos a nosotros, al igual que con el video del hombre al que le cortan los dedos, eso no pasó acá y andan diciendo que fui yo, eso es falso”, declaró.

Franklin Hernández salió en libertad  luego de cumplir una pena de 8 años, sin embargo, regresó a la PGV cuando comenzó la Operación Liberación del Pueblo (OLP), pues según su testimonio, querían asesinarlo.

“Por allí anda el Gobierno matando gente con esas OLP y nadie les dice nada, entonces uno tiene que velar por su vida, yo lo que vi mejor fue venirme para a la PGV, acá estoy más seguro que en la calle”, afirmó el pran a El Universal.

Además, reconoció que tiene a su familia conviviendo en el recinto con él, e invitó a todos los que se encuentren en la misma situación a trasladarse a la cárcel por su seguridad.

Crisis penitenciaria

La Penitenciaría General de Venezuela (PGV) es una de las cárceles más grandes del país, el conflicto permanente en que se mantiene solo pone en evidencia la dramática crisis carcelaria y la grave negligencia del Gobierno Nacional.

La ministra Iris Varela guarda silencio ante la situación de la PGV, mientras tanto el conflicto persiste y miles de seres humanos y sus familias se ven afectadas, son amedrentados por autoridades y criminales, expuestos a un sistema fracasado que no vela por la justicia ni la regeneración de los presidiarios.

Entretanto, las cárceles se convierten cada vez más en pequeños países aislados donde se impone un sistema social distorsionado, en el que sobrevive el más fuerte y más sanguinario.