El delirio del Plan de la Patria

La sociedad civil puede entenderse, citando al pensador político checo Lubomír Sochor, como aquel grupo de instituciones sociales suprafamiliares y al mismo tiempo no estatales, que reúnen a los integrantes de la sociedad con miras a la consecución de acciones coordinadas que expresen sus opiniones, preferencias o intereses particulares, entre otras, mediante el derecho a la libre asociación de las personas en torno a objetivos comunes. Esta pronunciada simplificación de un concepto tan estudiado en los últimos siglos, especialmente con la evolución del Estado moderno y la Revolución Industrial, reviste de ciertas cualidades a ella intrínsecas que le confieren su valor como una de las expresiones últimas del hombre libre, digno y responsable. Una de ellas es ser un contrapeso al poder del Estado, de ese Leviatán que, deformado de sus tareas mínimas esenciales, se vuelve en el mejor instrumento para el terror, guiado por ideologías y recetas cuyo fin es el poder absoluto. Veamos un ejemplo diario de ello en Venezuela.                

El pasado 27 de marzo, grupos irregulares tomaron por vía de fuerza las instalaciones del estacionamiento privado Tracabordo, ubicado en Caracas, amparados en una supuesta medida de ocupación temporal dictada por el Ministerio de Poder Popular para Vivienda y Hábitat, publicada en Gaceta Oficial de fecha 1 de julio de 2016, que decreta la utilización de los espacios para la construcción de unidades de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El grupo autodenominado “Campamento de Pioneros” constituido por unas 30 personas, algunas de ellas portando armas de fuego, propaganda política oficial y haciendo alusión al carnet de la patria –como si esto les otorgase de pronto un estatus mágico-religioso, calificándoles automáticamente para ejecutar los designios de su voluntad desmedida y separando entre personas de primera y de segunda-, no conforme con irrumpir de forma violenta el establecimiento privado lejos de toda legalidad, amenazó a los vigilantes allí en labores, vecinos y propietarios de la zona, forzando al desalojo de sus vehículos ante la conmoción e incertidumbre generalizada, sin actuación ni respuesta alguna por parte de las autoridades competentes y los cuerpos de seguridad del Estado. La invasión puede considerarse como una actuación de particulares violatoria de la propiedad privada o del dominio con fines de utilidad pública que el Estado ejerce sobre ciertos bienes, y que consiste en la toma de posesión, uso y disfrute por la fuerza, sin ningún tipo de habilitación legal o título jurídico, de bienes inmuebles cuya propiedad es de otro particular o de una autoridad estatal, y que está tipificada como delito en la legislación venezolana. De acuerdo a cifras de la Asamblea de vecinos de esa comunidad caraqueña, al presente existen más de 30 propiedades tomadas por vía de fuerza en la zona. Si se examina el objetivo estratégico 3.4.6 dentro del gran objetivo histórico n° 3, contenido en el denominado Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, que refiere “Planificar desde el Gobierno Central y con protagonismo popular, el desarrollo urbano y rural de las ciudades existentes y de las nacientes a lo largo del territorio nacional”, y se añade, entre otros, el 2.1.1.3 que reza “Democratizar los medios de producción, impulsando nuevas formas de propiedad, colocándolas al servicio de sociedad”, se puede advertir con especial claridad que actuaciones como la apropiación forzosa del estacionamiento Tracabordo, los casos recientes contra las panaderías o la intervención de empresas como Clorox y Kimberly Clark no se encuentran desvinculadas una de la otra, sino que obedecen a un corolario de mandamientos de vocación totalitaria que se vale de las necesidades materiales o prejuicios socioculturales para sembrar entelequias narrativas que psicológicamente cumplen su misión: implantar en los seres humanos la idea de que sus vidas sólo tienen sentido y cobran valor por la acción de otro individuo, ideología o externalidad, y no por la acción personal de cada hombre o mujer tal cual es, un descubridor antropológico y evolutivo de sus capacidades.

Este acto violento del mencionado grupo, contrario al derecho humano a la propiedad privada y desconocedor del Estado de Derecho, emplaza de forma irreductible y comprobada a la creación de redes de mafia organizada que practican la extorsión, secuestros, robos y subastas ilícitas de espacios públicos y privados, reduciendo las posibilidades de empleo digno e inversión, vulnerando las actividades ciudadanas diarias de los vecinos de las zonas urbanas y traficando los derechos personales bajo las directrices del autoritario Plan de la Patria, cuyo fin ulterior es la extinción de la sociedad civil así entendida. Como lo señaló el laureado escritor argentino Jorge Luis Borges “…se empieza por la idea de que el Estado debe dirigir todo; que es mejor que haya una corporación que dirija las cosas, y no que todo ‘quede abandonado al caos, o a circunstancias individuales’; y se llega al nazismo o al comunismo, claro. Toda idea empieza siendo una hermosa posibilidad, y luego, bueno, cuando envejece es usada para la tiranía, para la opresión”. Es tiempo de dar paso a una visión de sociedad civil moderna y libre, cercana a lo apuntalado por Sochor entre tantos otros, forjando las condiciones y garantías para la consecución de un país de propietarios en Venezuela.