La crisis de Venezuela en América Latina
Democracia de todos

 

De Perú en 1979 a Chile en 1989, esa fue la década del cambio democrático en América Latina. La pregunta central era acerca del método más efectivo de llevarlo a cabo, aquel con mayores probabilidades de éxito. La política debía descubrir la trayectoria que llevaría al objetivo final: la consolidación de las instituciones democráticas.

Inequívocamente, se fue delineando un camino marcado por la negociación, por pactos. Acuerdos para involucrar a todos los actores importantes, moderar las intransigencias, generar tendencias centrípetas y reducir la incertidumbre típica de la transición. Era un razonamiento eminentemente inductivo. Así habían sido los pactos de La Moncloa y la transición española.

Y así lo había hecho antes Venezuela con el Punto Fijo: desde 1958 una democracia estable en una América del Sur violenta y autoritaria. El exilio venezolano de tantos argentinos, chilenos y uruguayos había contribuido, a su vez, a prestarle atención al país y su fórmula política. Venezuela, tolerante y con democracia pactada, era el ejemplo a imitar.

La democratización de América Latina fue de ese modo una construcción colectiva, beneficiada por la solidaridad y el derecho internacional, y anclada en la arquitectura hemisférica de derechos humanos. La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina de Videla en 1979 fue un hito. Hizo explícito que no hay soberanía ni jurisdicción nacional en esta materia.

Chavismo mediante, Venezuela vuelve a ser ejemplo. Claro que en sentido contrario. Sus simultáneas crisis—de la economía, el régimen político y el Estado—resuenan en el resto del continente. Por empezar porque viola los principios jurídicos del sistema interamericano, especialmente el que estipula la Carta Democrática de 2001 desde su artículo primero: la democracia es un derecho de los pueblos.

Por lo tanto, la obligación de la OEA respecto a la democracia no es con los Estados ni con los gobiernos sino con los pueblos. Invocar la Carta Democrática, entonces, es importante no únicamente desde el punto de vista jurídico. Lo es porque habla por aquellos que, despojados de sus derechos, han sido silenciados.

No termina de sorprender, en este sentido, la persistente falta de convicción de varios gobiernos de la región y de su diplomacia, (mal) entendida como el arte de decir eufemismos. Hay amnesia o ignorancia sobre las lecciones de la democratización en la región, la solidaridad internacional que la llevó adelante y los buenos ejemplos que le dieron sustento.

A pesar de la represión descontrolada y 60 muertes en dos meses, sigue prevaleciendo el apaciguamiento de la dictadura por sobre la censura normativa y moral, además a costa de la debida presión internacional. Y al que habla, como Almagro, se le pretende callar, según han propuesto algunos países caribeños—alguna vez clientes de Petrocaribe—para la próxima reunión de cancilleres en la OEA.

Siguen utilizando los mismo clichés. «Diálogo», término que cada vez que fue invocado sirvió para vaciar las calles y garantizarle continuidad al régimen. Y no es que no haya que hablar con Maduro y Cabello, pero hay que hacerlo con un temario y un cronograma sobre la mesa: las condiciones y los plazos de la transición.

Es una negociación lo que sigue y tal vez hasta sea necesario conceder algún exilio dorado. Solo eviten la palabra «diálogo», pues está contaminada. A fuerza de repetición, la han convertido en sinónimo de complicidad.

Es que hay amnesia e ignorancia, pero también miopía. No se logra comprender que el quiebre de la democracia en un país del sistema inevitablemente implica el deterioro de la misma en el vecino; por ello se trata de un «sistema». Y agréguese la amenaza a la propia seguridad nacional causada por una organización delictiva en control del Estado petrolero más importante del hemisferio occidental.

De ahí que Venezuela represente la crisis medular de la región, al mismo tiempo que el test ácido de viabilidad democrática. Si se la recupera, será un mensaje virtuoso. La propia idea de democracia recobrará robustez; el sistema de derechos humanos conservará su vitalidad y su autoridad moral; las instituciones multilaterales habrán cumplido su cometido.

Si, por el contrario, la Constitución de soviets prospera y la dictadura se estabiliza, será un terrible mensaje y un peor ejemplo. La cubanización total de Venezuela sería una invitación explícita a otros autócratas; y erosionará el principio que definía la democracia de partidos, separación de poderes y libertades individuales como el único gobierno legítimo en las Américas.

Lo que está en juego lo está para todo el continente.

Crédito: El País