Del masivo allanamiento a la inmunidad parlamentaria

En Venezuela, el allanamiento a la inmunidad parlamentaria es propio o típico del siglo XX, teniendo noticias del caso que afectó a Luis Beltrán Prieto Figueroa hacia 1937, quien se desempeñaba a la vez como concejal. Por cierto, una doble responsabilidad que la normativa de entonces no prohibía, parecido al caso de Teodoro Petkoff por 1961, incorporado a la diputación nacional que lo amparaba íntegramente como no ocurría con la diputación regional, aun siendo presidente de la Asamblea Legislativa del estado Miranda.

Objeto de una posterior regulación, como vemos, fue natural el desempeño o ejercicio al mismo tiempo de las dos curules, nacional y estadal, parlamentaria y municipal, y aunque fue permitida la candidatura misma a ellas, los partidos o movimientos de mayores dimensiones no lo acostumbraban. Esto, sencillamente, por la cuantía y el calibre de sus dirigentes que competían por cualesquiera espacios disponibles, mientras que los de más modestas dimensiones apostaban por la supervivencia o el crecimiento a través de los más líderes que necesitaban de un cupo institucional.

Consabido, el allanamiento a la inmunidad parlamentaria o, mejor, al complejo de inmunidades, comporta un procedimiento expresa e inequívocamente contemplado en la Constitución, con sus actos preclusivos y de alzada.  Suele confundirse el allanamiento con la eliminación, desconocimiento del parlamento a manos de los dictadores del XIX que, además, no guardaban las formas como procuró hacerlo Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez en la siguiente centuria.

La dictadura socialista del XXI, alérgica a la Asamblea Nacional como órgano independiente del Poder Público, intenta hasta el extremo cuidar esas formas y, disparates aparte, como el tal desacato, jura respetarlo. Sin embargo, comenzando por la unidad militar que le garantiza el dominio del Palacio Legislativo, trilla otros caminos para su eliminación, desconocimiento o cancelación.

Además del mencionado desacato, está el masivo allanamiento de hecho del complejo de inmunidades incurriendo en un exabrupto antes impensable sobre la flagrancia.  Nos referimos a un fenómeno sin precedentes en los últimos ochenta años, dando cuenta de perseguidos, acosados, presos y exiliados; por cierto, en éste último rubro, según las listas recientemente publicadas que juntan a la disidencia chavista con la oposición, hay una contundente mayoría, además, amenazada de muerte, evidentemente forzada, al lado de una minoría que se fue voluntariamente y puede entrar y salir por Maiquetía, sin problemas.

Lo curioso es que, a pesar de lo ocurrido en estas dos décadas, todavía cultivamos la vieja mirada hacia el parlamento y el complejo de inmunidades. Los meritorios estudios de Orlando Tovar o José Guillermo Andueza, todavía ejercen una importante influencia aunque importa reconocer los esfuerzos más recientes aportados por Héctor Granados o Tulio Alvarez, respecto a la academia; y, acotemos,  se nos antojan muy convencionales los discursos suscitados en la Asamblea Nacional que no se compadecen con el empeño demostrado por Prieto Figueroa, al escribir en la materia a propósito del caso de Salóm Meza Espinoza, desde mediados de los años setenta, respecto al ámbito político.

Hemos tardado en sistematizar y profundizar en una reflexión esclarecedora en torno a la peculiar dictadura y sus relaciones con el parlamento y el complejo de inmunidades,  aceptando los obstáculos de una profusión y continua presión de los acontecimientos. Superada la dictadura, seguramente asomaremos aquellas dimensiones ahora insospechadas de una institución, como el parlamento, llamada a vencer a los carceleros.