La señora Bachelet normaliza el horror

No importa la solidaridad que dicen haber visto en ella, ni tampoco los abrazos cálidos que se observan en las fotos. Ni siquiera tienen valor  cuántas lágrimas haya derramado al escuchar esos trágicos relatos.

Menos aún importa su historia personal, el hecho que su propio padre hubiera muerto en cautiverio bajo la tortura del régimen de Pinochet. Eso tampoco garantiza una genuina empatía, bien podría ser el origen de lo opuesto. De hecho, de eso se trata la negación como mecanismo de defensa. Justamente, produce seres fríos, distantes, impenetrables por dentro más allá de sus ojos llorosos.

Tal vez sea su caso, pero tampoco es relevante. Pues no estuvo allí para mostrar su propia humanidad sino para reparar la de las víctimas y sus familiares. La señora Bachelet visitó Venezuela en su carácter de Alta Comisionada de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas. Y reparar no es cuestión de congoja, es cuestión de acciones, decisiones, hechos políticos.

Ella lo sabe. La angustia solo tiene valor si es consistente con lo que queda después de su partida, con lo que comunica al concluir su visita. Es que lo que dejó es solo la legitimación de Nicolás Maduro, así de simple.

Dignificó un cargo mal habido, producto de una elección fraudulenta rechazada por medio planeta. Se refirió a encuentros con el «Presidente, Nicolás Maduro Moros», y varios ministros de Gobierno y otros altos cargos, incluyendo el Canciller, el Ministro de Defensa y el del Interior, la mayoría de ellos denunciados no solo por crímenes de lesa humanidad sino también por narcotráfico, lavado y crímenes conexos. Además de usurpación.

Nótese su propia redacción: «También mantuve reuniones con al Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente».

No pudo haber sido más sincera. En una sola oración apuntala a la dictadura, legitima instituciones totalitarias, exonera criminales y devalúa la Presidencia Interina de Juan Guaidó, la desconoce. Ahora sabemos para qué fue a Venezuela la Alta Comisionada.

No engaña su relato almibarado de los testimonios de algunas víctimas, ella misma suprime el valor de esas denuncias cuando dice: «Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país».

Aquí la ayudo en su tarea: los torturadores—que son del «Gobierno»—jamás se evalúan a sí mismos. El principal obstáculo en el acceso a la justicia es un régimen que está en el poder desde hace veinte años y que ha hecho del Poder Judicial su escribanía, una rama del Estado que nunca emitió una sentencia en su contra y que tiene como juez supremo de la nación a un ex convicto.

La señora Bachelet no puede pretender que la historia comience con ella. A diferencia de Luis Almagro, la CIDH, el anterior Alto Comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, y cualquier ONG de Derechos Humanos creíble, a ella el régimen sí la invita para que precisamente empiece de cero, por eso promete un nuevo informe, «completo», para el 5 de julio.

No siga perdiendo el tiempo, señora Bachelet, informes tenemos. La OEA produjo varios, las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela igual y otro tanto su propia oficina antes de su llegada, el 22 de junio de 2018. Nótese el título del mismo: «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin». Úselo, cópielo, plágielo, señora Bachelet, allí tiene la evaluación que necesita.

Anuncia que dejará dos funcionarios de su oficina en Caracas para continuar monitoreando la situación. ¿Tendrán libre acceso a las cárceles, a los centros de tortura, a los hospitales, a los centros de distribución de comida, a las trochas en la frontera? ¿Podrán hablar con periodistas, diputados, profesores, médicos, lideres de la sociedad civil, migrantes? La Alta Comisionada tiene la obligación de especificar esos detalles.

Preocupa a la señora Bachelet que las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro «están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica». Con ello contribuye al relato oficial, a la burda y exagera da simplificación que dice que la tragedia humanitaria es responsabilidad de Estados Unidos.

Es falso, todo estudio serio confirma que las sanciones explican una minúscula fracción de la crisis humanitaria y que el grueso del comercio de oro ni siquiera pasa por el Estado. Es decir, es robado por los colectivos, los pranes y el ELN bajo protección del «Gobierno» en cuestión. La Alta Comisionada debe remitir los testimonios escuchados a la Corte Penal Internacional en La Haya. Menciona torturas, un crimen de lesa humanidad. En La Haya hay un dossier abierto con los nombres de la mayoría de los funcionarios del régimen que ella misma vio. Existen denuncias de organizaciones y de países—Argentina, Canadá, Chile,  Colombia, Paraguay y Perú—sobre la base de dos informes que urgen a la Corte Penal a intervenir, uno de la OEA, con fecha 31 de mayo de 2018, y el otro de su propia oficina mencionado anteriormente.

Utilizó el viejo lenguaje de dos partes en conflicto, equiparándolas de manera automática. Omite así que una de esas partes controla el aparato del Estado y los medios de la coerción, incluyendo la represión ilegal. La otra parte solo representa el descontento de la sociedad, y ello de manera intermitente.

Decepcionante, por decir lo menos, el viaje de Michelle Bachelet a Venezuela legitima la dictadura, o sea, normaliza el horror. Uno ya casi puede imaginar a Maduro celebrando como es habitual en él, con su danza macabra.

Crédito: Infobae