En favor de la protesta

Desde el régimen militar y su amplísima plataforma de medios de comunicación se insiste en rechazar cualquier protesta, concentración o huelga porque “hay que preservar la paz y la seguridad”, desde la Mesa Nacional de Diálogo, la mesita, expresan que la ruta debe ser electoral (como si no se pudiera comer chicle y caminar a la vez), desde Vente Venezuela declaman (no se me ocurre otra expresión para ello) pidiendo la “ruta del coraje” pero no organizan ni una volteada colectiva de cachapas y, cuando otro se manifiesta, ni se les ve asomados. Todos esos actores tiene espacio privilegiado en la prensa, no obstante, los partidos ilegalizados del G4 y el mismo Juan Guaidó no se les puede ni mencionar en un programa de radio sin que el periodista sude frío frente a ti pensando en Conatel.

Es más que obvia la operación mediática: criminalizar la manifestación ciudadana. El artículo 68 de la Constitución vigente establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.” Asimismo, el artículo 97 indica que “Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley”.

Todos los ciudadanos, conforme a la constitución vigente tienen derecho a protestar, a efectuar una huelga y expresar libremente su disconformidad, su desprecio a las autoridades y a las decisiones por ellas tomadas sin sufrir represión alguna. Nadie debería andar  poniendo cortapisas al derecho que tiene los venezolanos, hoy más que nunca, de reclamar por no tener comida, salud, educación, seguridad o un salario digno. Las formas de expresar el malestar ciudadano son muchas: las marchas, las concentraciones, la huelga (de brazos caídos, de tomas de instalaciones, de no asistencia), todas perfectamente legales en una democracia. 

Todos pueden manifestarse de cualquier manera, estudiantes, trabajadores, públicos y privados, enfermeros, médicos, educadores… nadie debe decir, “tal o cual no puede protestar porque si se deja de ofrecer ”X” servicio puede sufrir “Y” y él no tiene la culpa”. Es decir, que la enfermera tiene que meterse la lengua en el bolsillo y percibir un salario que la mata de hambre porque su profesión es un “apostolado”. El mismo ejemplo cabe para los docentes. Ese es un brutal chantaje y el chantajista puede ser un representante del régimen o cualquier otro al que solo se le puede denominar esquirol.

Sobre este punto debe insistirse. No podemos privilegiar el mantenimiento del orden por encima de los problemas socioeconómicos. Si hay una protesta de transportistas, legítima por lo demás, habrá personas que no podrán llegar a sus destinos pero suponer que ese particular efecto es más importante que los reclamos de un sector completo es un acto de caprichoso individualismo. Además, la carga de responsabilidad por los perjuicios generados no puede recaer en el manifestante dado que este llegó a ese punto por la indolencia de las autoridades.

Por otra parte, los funcionarios públicos no pueden tener una mordaza, sus derechos ciudadanos no dejan de existir por trabajar para el Estado. Tienen derecho a reclamar, a viva voz, en público, sin temor a ser despedidos. Si eso ocurre, quien le despida viola la ley, los procedimientos inherentes a la gestión de personal y los derechos humanos. 

Hay un último argumento presentado por quienes no quieren que la gente proteste, aquellos que dicen “no seas carne de cañón”. Es decir, “no protestes porque los cuerpos represivos te pueden matar”. Todos pueden sentir miedo, sin embargo, debe admitirse que quien no tiene comida en su casa, no tiene un sueldo digno y se le ha ido media familia al exterior huyendo del “paraíso socialista” ya está siendo asesinado por el régimen, sigilosa, lenta y cruelmente, proteste o no. Dice mi suegro el gocho: “para estar guindando mejor caer”. No debemos tener vocación de mártires, pero las opciones que el régimen colocó sobre la mesa son dos: morir lento y en silencio o morir reclamando derechos. Todos decidiremos una de dos, yo tomé mi decisión: luchar.