La revancha de Cristina contra Macri

A mediados de 2016, poco después de que el gobierno de Macri forzara la renuncia del juez Norberto Oyarbide por acciones y riquezas incompatibles con la función de un magistrado, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con otro juez: Rodolfo Canicoba Corral. Le pidió la renuncia por orden de Macri porque las versiones sobre las prácticas deshonestas del juez eran constantes. El juez se negó a dimitir en una tormentosa reunión con el ministro.

Canicoba Corral es el mismo juez que está a punto de ser absuelto en el Consejo de la Magistratura, por obra y gracia del cristinismo, de serias acusaciones sobre enriquecimiento ilícito. No solo Macri y Garavano cuestionaron la integridad moral de ese juez; también lo hizo públicamente el actual presidente, Alberto Fernández. Con semejantes antecedentes, no hay lugar para dos conclusiones, sino para una sola: Canicoba Corral no puede seguir siendo juez. Su destino depende, no obstante, del voto de la diputada Graciela Camaño, que en el Consejo tiene ahora el poder de desempatar entre cristinistas y opositores.

Detrás del caso Canicoba Corral se esconde una amplia estrategia de los seguidores de Cristina Kirchner. Y de ella misma. La primera parte de ese plan consiste en exhibir poder para destituir (o para salvar) a jueces. Bastará con un solo caso para disciplinar a muchos jueces. La segunda parte refiere a la necesidad de revancha de la expresidenta. Ella y su familia no solo deben ser liberados de culpa y cargo, sostiene; también los exfuncionarios de Macri (y el propio Macri) deben ser procesados, como le pasó a ella. Ojo por ojo. Olvidó el consejo de Confucio: «Antes de emprender el viaje de la venganza, cava dos tumbas». Una será para el vengador (la vengadora, en este caso).

¿Qué tiene que ver Canicoba Corral con esa estrategia? El juez investiga una causa por la prórroga de las concesiones de autopistas que podría terminar con el procesamiento del exministro de Transporte Guillermo Dietrich. Si el juez se esforzara un poco más, a través de Dietrich podría llegar hasta el propio Macri. Es una causa pobre. Pero cualquier cosa sirve. Hubiera sido más preocupante para Macri si ese juez tuviera la causa del Correo. No la tiene. La causa penal por la empresa postal de la familia Macri está en manos del juez Ariel Lijo. Otra causa se tramita en el fuero Civil y Comercial, pero en el despacho de la jueza Marta Cirulli. La fiscal Gabriela Boquín, de Justicia Legítima, es la que impulsa esta última causa, que podría complicar, si se declarara que hubo una quiebra fraudulenta, a los hijos de Mauricio Macri. El expresidente les donó a sus hijos sus acciones en el Correo. ¿No sería la revancha perfecta? Los hijos de Macri complicados en la Justicia, como lo están los hijos de Cristina.

Seguramente Macri se equivocó cuando su gobierno trató de resolver la vieja querella entre el Estado y el Correo. Había conflicto de intereses, pero el propio Macri anuló las decisiones sobre el Correo antes de que tuvieran vigencia. Es igualmente cierto que ese conflicto, demasiado viejo y complejo, no lo puede solucionar el gobierno actual, influenciado por tanto rencor contra el expresidente. Sin embargo, es la causa que provoca uno de los mayores entusiasmos del cristinismo para terminar con Macri sentado frente a los jueces. O con los hijos de Macri.

Canicoba Corral está a un mes y medio de cumplir los 75 años constitucionales y despedirse del cargo. Al revés de otros casos, como los de Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco o María Servini, Canicoba Corral no tiene ningún papel, firme o endeble, que le permita permanecer en el cargo. El Gobierno deberá pedirle un nuevo acuerdo al Senado para que él siga siendo juez por cinco años más. Si lograra salvarlo del juicio en el Consejo de la Magistratura, la administración pedirá ese acuerdo. ¿Para qué pagaría el precio político de protegerlo si el juez no sería juez inmediatamente después? El cristinismo no paga viejos favores, aunque Canicoba se los hizo en otros tiempos. El cristinismo solo paga futuros favores.

Macri estuvo en el centro de otra presentación judicial, hecha esta vez por la interventora de los servicios de inteligencia oficiales, Cristina Caamaño. Esta pidió la declaración indagatoria del expresidente por la presunta responsabilidad en la intrusión de los servicios de inteligencia en las casillas de mails de varias personas. También pidió que se los llame a indagatoria al exjefe de la ex-SIDE Gustavo Arribas y a quien fue su segunda, Silvia Majdalani. Lo primero que resulta de la lista de presuntos perseguidos es la contradicción y la insignificancia. La mayoría de las personas no son conocidas por nadie. Hay dirigentes que sí son conocidos, pero muchos de ellos pertenecen a Cambiemos (o al actual Juntos por el Cambio), como Laura Alonso, Nicolás Massot, Ernesto Sanz y Mario Negri. No figuran ni Cristina Kirchner ni sus hijos ni Alberto Fernández. Tampoco forma parte de la lista Miguel Ángel Pichetto, que en tiempos de Macri conducía el peronismo parlamentario. Es decir, no están quienes fueron los jefes reales de la oposición política a Macri. El único periodista conocido en esa lista es Luis Majul, quien descalificó la denuncia. El periodista advirtió que podía tratarse de una operación del propio cristinismo para divulgar mails privados. No figura el periodista Hugo Alconada Mon, que informó en LA NACION que una investigación en Brasil en el marco del Lava Jato complicaba a Arribas, el supuesto jefe de los que espiaban. Tampoco figuran los dueños de los medios más críticos del macrismo, como Cristóbal López y Fabián de Sousa, o los periodistas que hicieron del antimacrismo una bandera permanente. Sea como fuere, la lista parece hecha por un idiota.

El hallazgo de Caamaño permite cualquier suposición. Encontró la lista haciendo un patrullaje cibernético en un disco rígido. La información había sido borrada, pero fue restablecida «con algunas falencias del sistema». La presencia de Macri en ese escrito de Caamaño tiene una ubicación rara. Primero, se pide la indagatoria de Arribas y de Majdalani, y en un párrafo posterior y especial se consigna el nombre del expresidente. Cualquier abogado puede sospechar que el nombre de Macri fue agregado a última hora porque no estaba en el escrito original. De tales superficialidades se agarró Marcelo Tinelli para denunciar que el macrismo lo persiguió por todos los medios conocidos o desconocidos. La pregunta que debe hacérsele a Tinelli es por qué le faltó valentía para denunciar públicamente en su momento que lo estaban persiguiendo. O, mejor aún, por qué fue tan meloso con Macri cuando este era presidente si él era víctima de semejante persecución macrista. Es lamentable que Alberto Fernández se haya metido en tales lodos. Criticó a Susana Giménez, una figura popular alejada del actual oficialismo, que decidió pasar la cuarentena en una de sus propiedades, después de hacer todos los trámites necesarios. Y defendió al ubicuo Tinelli y sus denuncias de inverosímiles acosos. Dejó de ser el presidente de todos para ser solo el de los suyos.

A todo esto, desde agosto de 2018 hay una causa contra Cristina Kirchner porque en su casa de El Calafate encontraron carpetas de los servicios de inteligencia con información reservada. Hay transcripciones de diálogos telefónicos de dirigentes opositores y de directores de empresas multinacionales. Hay también seguimiento a medios periodísticos y expedientes de la AFIP que estaban bajo secreto fiscal. Hay hasta transcripciones de teleconferencias de importantes empresas con abogados y bancos. Esas carpetas las encontró el entonces juez Claudio Bonadio en un allanamiento por otra causa. Bonadio sacó esas carpetas de su investigación, abrió otra causa y la mandó a sorteo. Cayó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que nunca hizo nada. Al mismo Martínez de Giorgi le tocó ahora la denuncia de Caamaño contra Macri. Ese juez tiene la responsabilidad de investigar a dos expresidentes por el mismo presunto delito. ¿Seguirá sin hacer nada? Canicoba Corral es el juez más polémico y expuesto, pero no es el único que merece regresar a casa.

Crédito: La Nación