Triunfó la política de la patota

La bicefalia está provocando el ascenso de los mediocres. La competencia entre dos líderes asegura que los distintos bandos están protegidos, sin importar lo que hagan o digan. La reciente derrota de los moderados del albertismo, cuando el Presidente nombró a Martín Soria como ministro de Justicia, alentó aún más a las franjas del fanatismo cristinista. La guerra con la Justicia se despliega en distintos espacios y niveles, aunque en todos lados el objetivo es el mismo: acobardar a los jueces independientes para que estos opten por la renuncia o la jubilación.

Los ministros a cargo de la economía, Martín Guzmán y Matías Kulfas, no controlan (o controlan parcialmente) sus territorios. La Secretaría de Comercio, cuya jefa es la cristinista Paula Español, acaba de intimar a las grandes empresas a que le den información confidencial. Es un remedo casi exacto de las viejas prepotencias de Guillermo Moreno, que terminaron en su momento por ahuyentar la inversión y estimular el éxodo de empresas. ¿Por qué ahora resultaría otra cosa si están haciendo lo mismo? El Estado de Derecho es un solo bloque, y cualquier fisura lo compromete íntegramente.

Los prepotentes ganan la disputa interna. El designado ministro de Justicia anunció que irá a la Corte Suprema para exigirle que le diga qué opina sobre el procurador general y jefe de los fiscales, Eduardo Casal; sobre la reforma judicial, y sobre el proyecto de modificación de la ley del Ministerio Público, que regula el trabajo de los fiscales. Soria deberá esperar a que la Cámara de Diputados le acepte la renuncia, luego asumir el cargo de ministro y después pedir formalmente una reunión con la cabeza del Poder Judicial. Y Soria debería saber, en primer lugar, que los fiscales son un poder independiente de la Corte. O debería darse vuelta y preguntarle a su jefa, Cristina Kirchner, por qué Casal sigue siendo un procurador general interino si en el Senado está el pliego para la designación de un procurador titular, el actual juez Daniel Rafecas, propuesto por Alberto Fernández. Cristina no movió un solo dedo ni dio un solo paso para iniciar el trámite de aprobación de Rafecas. Casal no está “atornillado” al sillón, según la despectiva descripción de Soria. Está haciendo interinamente el trabajo de procurador general porque su larga carrera judicial lo colocó en ese lugar cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Se irá, para volver a su cargo de procurador general ante la Corte, cuando la política se ponga de acuerdo y nombre a un titular. El problema es que no se ponen de acuerdo el Presidente y su vicepresidenta. Rafecas no la entusiasma a Cristina, y Alberto se resiste a retirar la postulación del actual juez federal. La designación de Soria alejó cualquier posibilidad de cambiar la ley que indica cómo debe nombrarse al jefe de los fiscales. Entonces, o lo intentan con Rafecas en las actuales condiciones o a Casal lo aguarda una larga vida como interino jefe de los fiscales. Casal es una de las obsesiones del cristinismo, tal vez porque no decapitó a su otra obsesión, el fiscal Carlos Stornelli, que fue quien tomó las declaraciones como arrepentidos de los secretarios del matrimonio Kirchner y del propio contador de esa familia. Los delitos de corrupción de la familia Kirchner están más respaldados por esos testimonios que por los de los empresarios.

¿Irá Soria a patotear a la Corte Suprema reclamándole que se pronuncie delante de él sobre proyectos de reformas (la judicial y la del Ministerio Público), como anticipó en sus primeras declaraciones? Si lo hace, se encontrará con respuestas que son obvias hasta para un alumno de la Facultad de Derecho: la Corte no puede adelantar opiniones sobre temas que llegarán a su consideración. Estaría prejuzgando, porque ese tribunal no tiene todavía las leyes aprobadas ni hay denuncias presentadas sobre ellas. Un juez resumió así la opinión general sobre Soria en los tribunales: “O es ignorante o le habla al tontaje”. Lo cierto es que la guerra declarada por el cristinismo a la Justicia abroqueló nuevamente a la Corte Suprema. Se terminaron las peleas. Las disputas internas entraron en período de tregua.

La balacera no discrimina a nadie. Soria ya había hecho una interpretación estrafalaria de una visita del juez Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, a la Casa de Gobierno en tiempos de Mauricio Macri. Ahora, la cacofonía oficialista insiste con la difusión de un listado de llamadas telefónicas entre Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Macri, con los también miembros de la Corte Carlos Rosenkrantz (que es el presidente del cuerpo) y Horacio Rosatti. Ya una vez, hace mucho, Rosenkrantz aclaró que lo une una amistad de décadas con Rodríguez Simón y que nunca hablaron de causas judiciales puntuales. Durante una parte del tiempo en que esos dos hombres conversaron por teléfono (entre 2016 y 2019, según la auditoría que se conoció), Cristina Kirchner no tenía ninguna causa en la Corte Suprema. ¿Hablaban solo para criticarla? ¿Esa es la versión conspiranoica de ahora? ¿No cabe la posibilidad de que esos hombres hayan conversado como dos viejos amigos?

Los cruces de llamadas telefónicas se conocieron en el marco de una denuncia de Cristóbal López y de su socio Fabián de Sousa por la supuesta presión a ellos del gobierno de Macri para que vendieran empresas, incluida la que controla un canal de noticias y una radio. La causa está en manos de la jueza federal María Servini. Resulta que ahora son mártires de la libertad de prensa. Esa es una figura que ya publicitó el actual presidente Alberto Fernández durante la campaña electoral cuando aludía a López y De Sousa. La estrategia esconde la verdad más importante: todo comenzó cuando la AFIP descubrió que López y De Sousa se habían quedado con 8000 millones de pesos (cuyo valor era diez veces superior al actual) que recaudaron mientras vendían naftas. El director de la AFIP que los denunció, Alberto Abad, también fue llamado a declaración indagatoria por la jueza Servini. Es extraño que la magistrada haya entregado solo los cruces telefónicos de Rodríguez Simón (o que la defensa de los empresarios kirchneristas haya pedido solo los de ese exfuncionario) cuando en la causa están imputados otros funcionarios de la era Macri y el propio Macri. Más extraño es que López y De Sousa se hayan convertido en fiscales que acusan a la Corte Suprema. Los que deben dar explicaciones por el dinero del Estado que se metieron en los bolsillos son ahora los que acusan a los jueces. ¿Quién es el que practica el lawfare? ¿O el lawfare es una buena práctica cuando la aplica el cristinismo?

Tres jueces de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, que no militan en el kirchnerismo, fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura. Los tres firmaron resoluciones contra Cristina o sus exfuncionarios. La mayoría de los jueces de esa instancia, la más alta en el fuero penal del país, podrían reunirse en los próximos días para dejar también de lado las diferencias internas. “Buscaremos la unidad ante el permanente atropello”, dijo uno de ellos. La política de la patota que aplica el cristinismo ya lo dejó sin mayoría en la Cámara de Diputados y amenaza con abroquelar a los jueces en su contra. Pura pérdida.

La revolución llegó también a la Secretaría de Comercio. La cristinista Paula Español acaba de intimar a las empresas más grandes del país para que le suministren datos confidenciales de las compañías. Las empresas “resultan una amenaza efectiva para la progresiva recuperación económica que se ha emprendido”, dice el revolucionario texto de la resolución. Y agrega que su intención es “prevenir las conductas infraccionales”. Es interesante observar lo que hacen con la Justicia y con las empresas. Los oficialistas descreen del principio republicano que instaura el control del poder. Prefieren restituir un concepto autoritario: el control desde el poder. No hay mejor manera de alejar la posibilidad de reactivación económica del país y de su crecimiento. No habrá riqueza nacional sin inversión. Otra vez la política de la patota se volverá contra sus propios autores.

Fuente: La Nación