Manifestaciones y Contramanifestaciones

En las democracias occidentales, en Europa y América, existen manifestaciones públicas,
protestas, marchas y huelgas. El contexto de libertades públicas fomenta la participación y
expresión libre de todos los grupos e ideas, sin embargo, a los efectos de resguardar la integridad
de los manifestantes y la seguridad del resto de los ciudadanos y el patrimonio público y privado,
se establecen normas y procedimientos para abordar las manifestaciones públicas con miras a
proteger los derechos de todas las personas.

En principio, se requiere que el grupo social que desea efectuar una manifestación pública
notifique la realización de la misma, no debe interpretarse ello como un permiso, todos tienen
derecho a expresarse sin que medie una autorización, pero la notificación se requiere a efectos de
que las autoridades policiales y de atención de emergencias provea protección a los
manifestantes. Léase bien, protección a los manifestantes. ¿Por qué protegerlos? Pues bien,
porque puede ocurrir, en una sociedad diversa, que otro grupo de personas organice una “contra
marcha” o existan reacciones espontáneas contra los asistentes a una manifestación. De ocurrir
esa situación, la reacción de los cuerpos policiales es clara: separar a ambos grupos y dispersar a
los contramachistas.

En esto no hay valoración sobre si se está o no de acuerdo con lo expresado por los manifestantes,
puede que defiendan ideas impresentables, sean terraplanistas o fanáticos del fenómeno OVNI, el
asunto es que como ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas pacíficamente y a viva voz.
Supongamos que la manifestación sea antigubernamental, es decir, pida la dimisión del gobierno,
elecciones adelantadas o califique al jefe de estado como criminal. Pues también los
manifestantes gozan de todas las garantías para efectuar su acto de protesta.

Esto puede parecer utópico para los venezolanos cuando organizaciones no gubernamentales
como PROVEA contabilizan por miles las ejecuciones extrajudiciales en el país y cuando un acto en
recuerdo de un joven manifestante caído en 2017 termina con la detención arbitraria de los
organizadores del acto conmemorativo. Hace poco Juan Guaidó fue víctima de contra
manifestantes pero protegerlo, salvaguardar a sus colaboradores y simpatizantes, procesar
judicialmente a quienes amenazaron su integridad física, depende de los pareceres y ánimos de los
cuerpos de seguridad más que de lo que dictaminan nuestras leyes.

Pasar la página a nuestro largo, pesado y agotador pasado de infértil conflictividad política no es
posible prohibiendo el recuerdo y promoviendo el olvido bajo una espesa capa de impunidad, al
contrario, debe existir un camino claro de 1) establecimiento de la verdad histórica, 2) reparación
moral, material y financiera a las víctimas y 3) garantías de no repetición de violaciones a los
derechos humanos. La protección del Estado no puede ser para unos si y para otros no, debe

respetarse a la persona humana por encima de cualquier otra consideración, solo así podríamos
construir sociedades pacíficas que se parezcan a aquellas del primer mundo democrático que
tanto admiramos.