Sin partidos no hay democracia

En Venezuela hemos discutido durante años sobre elecciones, liderazgos, transiciones y crisis. Sin embargo, uno de los problemas más determinantes —y paradójicamente menos abordados con la profundidad necesaria— ha sido el progresivo vaciamiento institucional del sistema de partidos políticos.

No existe democracia moderna sin partidos políticos funcionales.

No se trata de una afirmación teórica ni de una preferencia ideológica. Es un hecho estructural. Los partidos no son simples maquinarias electorales ni instrumentos circunstanciales de poder. Son mecanismos esenciales de representación, formación de liderazgo y canalización institucional del conflicto político.

No es casualidad que cuando los partidos se debilitan, la democracia se debilita con ellos.

Durante las últimas décadas, Venezuela ha experimentado un proceso complejo y profundamente distorsionador: judicializaciones, intervenciones administrativas, inhabilitaciones, fragmentaciones inducidas y sustituciones de autoridades partidistas que han erosionado la autonomía organizativa y la confianza ciudadana en las estructuras políticas.

Las consecuencias han sido severas, solo basta ver el país que tenemos hoy en día y compararlo con el que algún día tuvimos.

Un sistema político sin partidos sólidos tiende inevitablemente hacia la personalización extrema del poder, la volatilidad electoral, la fragilidad institucional y la desconexión entre ciudadanía y representación.

No es casual que, en contextos de deterioro institucional, resurja una ilusión tan seductora como peligrosa: la idea de que la política puede sostenerse únicamente sobre liderazgos individuales.

El expresidente francés Charles de Gaulle advertía que “la política es demasiado importante como para dejársela solo a los políticos”.

Lejos de ser una consigna anti-política, la frase encierra una verdad democrática fundamental: la política moderna requiere estructuras, ciudadanía organizada, mecanismos de representación y participación que trasciendan a los individuos. Requiere instituciones capaces de sostener visiones de país, acuerdos duraderos y estabilidad democrática.

Pero también nos recuerda algo aún más esencial: la política no es una actividad reservada a una élite. Es un espacio que pertenece a la sociedad entera.

En momentos de profunda incertidumbre nacional, como el que vive Venezuela, la participación ciudadana deja de ser una opción para convertirse en una responsabilidad democrática. Cuando la gente se distancia de la política, no desaparecen los problemas públicos; por el contrario, se debilitan los mecanismos para resolverlos.

La reinstitucionalización del sistema de partidos no es, por tanto, un asunto secundario ni un debate procedimental. Es una condición indispensable para cualquier proceso de normalización democrática.

Reinstitucionalizar implica, en primer lugar, restituir principios fundamentales:

Elección de autoridades.

Autonomía organizativa real.
Seguridad jurídica.
Respeto a la voluntad interna de sus militantes.
Igualdad de condiciones en la competencia política.

Sin estos elementos, la dinámica electoral pierde sustancia democrática. Las elecciones sin partidos libres y funcionales se convierten en ejercicios limitados de validación, no en auténticos mecanismos de representación.

Pero el desafío va aún más allá de lo jurídico.

Venezuela necesita reconstruir la credibilidad política. Y esa reconstrucción no puede descansar exclusivamente en figuras individuales. Requiere organizaciones capaces de articular programas, formar liderazgos, canalizar demandas sociales y sostener gobernabilidad institucional en el tiempo.

Los partidos políticos cumplen precisamente esa función estabilizadora.

Las democracias contemporáneas más estables no son aquellas libres de conflicto, sino aquellas donde el conflicto encuentra cauces institucionales previsibles. Los partidos son esos cauces. Son estructuras que transforman tensiones sociales en debate político, competencia programática y alternancia ordenada.

Debilitar partidos no elimina la confrontación política. La vuelve más caótica, más impredecible y más frágil institucionalmente. Estos últimos 27 años y en especial el 3 de enero del año en curso son una muestra de ello (no sé si el chavismo ha aprendido la lección).

En momentos de alta incertidumbre nacional, la tentación suele ser simplificar la política en términos de individuos providenciales o soluciones inmediatas. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la estabilidad democrática sostenible depende menos de nombres y más de instituciones.

Y entre esas instituciones, los partidos ocupan un lugar central.

Reinstitucionalizar el sistema de partidos significa apostar por una política menos personalista y más estructurada. Más predecible y menos volátil. Más institucional y menos improvisada. Significa fortalecer la representación en lugar de debilitarla.

Pero significa también algo igualmente importante: abrir nuevamente espacios para que la ciudadanía participe, se involucre y recupere la confianza en la política como instrumento legítimo de transformación colectiva.

En definitiva, significa reconstruir los cimientos mismos de la democracia.

Venezuela no necesita únicamente procesos electorales. Necesita un sistema político genuinamente institucional.

Y no existe sistema político institucional sin partidos políticos libres, autónomos y jurídicamente protegidos.

La reinstitucionalización de los partidos no es una reforma técnica.

Es una necesidad democrática.

Y, sobre todo, una invitación a que la política vuelva a ser un espacio de participación de todos.