El país donde nadie confía en nadie

Durante casi tres décadas, Venezuela no solo ha perdido libertades. Ha perdido algo más difícil de recuperar: la confianza.

No se trata únicamente de una relación rota entre el ciudadano y el Estado. Es una fractura más profunda, más silenciosa y más peligrosa: la desconfianza se ha instalado en todos los niveles de la vida nacional. Hoy, en Venezuela, nadie confía plenamente en las instituciones, pero tampoco en el otro. Y ese deterioro no es casual. Es el resultado de un modelo que, durante 28 años, ha debilitado deliberadamente las reglas, ha vaciado de contenido a las instituciones y ha convertido el poder en un fin en sí mismo.

Las instituciones le dieron la espalda al ciudadano. No solo dejaron de resolver problemas, sino que los agravaron deliberadamente. La justicia dejó de ser un refugio, la administración pública dejó de ser un servicio, y el Estado dejó de ser un árbitro. En su lugar, emergió algo distinto: un sistema donde el poder se protege a sí mismo, donde las decisiones no buscan ordenar la vida en sociedad, sino preservar el control. El poder en Venezuela está, fundamentalmente, al servicio del poder mismo.

En ese contexto, la Constitución ha pasado de ser norma a convertirse en retórica. Se invoca constantemente, se cita, se utiliza como argumento político, pero en la práctica se vulnera sin consecuencias. Pocas veces se ha visto una contradicción tan evidente: un país que menciona tanto su Constitución y, al mismo tiempo, la pisotea con tanta frecuencia. Cuando la Constitución y las leyes dejan de ser límite y pasan a ser decoración, lo que se pierde no es solo legalidad, es credibilidad.

Y cuando se pierde la credibilidad, se instala la sospecha.

Así, en la Venezuela de hoy, todo actor es cuestionado de antemano. El empresario que decide invertir es rápidamente señalado. El político que intenta negociar es descalificado. El que propone acuerdos es visto como débil o traidor. Algunos lo serán, sin duda. Pero la incapacidad de distinguir entre unos y otros revela un problema mayor: una sociedad que ha dejado de evaluar y ha comenzado a condenar automáticamente.

Esa lógica ha sido alimentada desde el poder, pero no se ha quedado allí. También ha permeado a la sociedad en general. Se ha impuesto una forma de pensar que reduce todo a extremos: conmigo o contra mí. En ese esquema, el disenso no se discute, se castiga. La política deja de ser un espacio de construcción y se convierte en un campo de confrontación permanente.

Las redes sociales han amplificado este fenómeno. Cualquier intento de negociación, cualquier gesto de pragmatismo, cualquier esfuerzo por construir acuerdos es rápidamente sometido al escrutinio más severo. No hay espacio para matices ni para procesos graduales. Se exige pureza en un entorno donde lo que se necesita, precisamente, es flexibilidad.

Mientras tanto, el país permanece atrapado en una narrativa que mira constantemente hacia atrás. Se reeditan los mismos conflictos, se refuerzan las divisiones y se alimentan los extremos. El poder ha entendido que una sociedad fragmentada y desconfiada es más fácil de condicionar. Por eso se siembran dudas, se alientan los puntos más radicales y se debilita —o se rodea— a quienes intentan hacer política desde dentro de Venezuela, con todas las limitaciones que ello implica.

El poder no solo se sostiene en el control institucional. También se sostiene en el manejo de las emociones colectivas.

En Venezuela, el gobierno ha aprendido a jugar con la desesperanza. No como consecuencia, sino como estrategia. Porque entiende que una sociedad sin expectativas es una sociedad más dócil, más manejable.

Por eso intenta, a como dé lugar, erosionar cualquier brote de esperanza. Especialmente aquella que surgió en los venezolanos el 28 de julio de 2024 y que volvió a reavivarse el pasado 3 de enero de 2026. No se trata solo de fechas, sino de momentos en los que una gran mayoría del país volvió a imaginar la posibilidad de tener un país normal.

Y es precisamente esa posibilidad la que se busca neutralizar.

Se colocan en posiciones de poder a los actores más cuestionados, aquellos que refuerzan la percepción de arbitrariedad y abuso. Se vacila deliberadamente sobre asuntos fundamentales, como la realización de elecciones, generando incertidumbre permanente. Se siembra el miedo, incluso en lo más íntimo: la duda sobre si algún día será posible regresar a nuestro país.

No es improvisación. Es método.

Porque cuando la esperanza se debilita, también se debilita la capacidad de exigir, de organizarse, de construir.

Y sin esperanza, la desconfianza deja de ser una reacción y se convierte en destino.

Sin embargo, el país no puede permitirse seguir anclado en esa lógica. Venezuela necesita aprender a mirar pa’lante. No como un acto de ingenuidad, sino como una decisión consciente de romper con un ciclo que ha demostrado ser estéril. Porque sin confianza no hay inversión, sin confianza no hay acuerdos, y sin acuerdos no hay posibilidad real de reconstrucción.

Reconstruir la confianza no será inmediato. No será épico. No será limpio.

Será lento. Será incómodo. Y exigirá algo que hoy escasea: aceptar que el otro no necesariamente es el enemigo.

Pero también exige algo más: memoria.

Venezuela no es un país condenado a la fractura. Ya ha atravesado momentos oscuros. Ya ha salido de dictaduras. Ya ha reconstruido instituciones. Ya ha logrado, en otros momentos de su historia, transformar crisis profundas en etapas de estabilidad y crecimiento.

No hay razones para asumir que esta vez será distinto.

La historia no se repite automáticamente, pero tampoco desaparece. Y en esa historia hay una lección clara: los países pueden tocar fondo… y aun así encontrar la forma de levantarse.

Tal vez ese sea el primer paso.

Volver a creer —aunque cueste— que un futuro distinto no solo es necesario, sino posible.