Los rojos buscan y provocan un enfrentamiento como si hubieran arrasado en las pasadas elecciones
La mágica oportunidad

Cada vez que me preguntan sobre mi preferencia constitucional para definir el mecanismo que permita “la salida” desvío la respuesta a otro escenario. No es que mi opinión este signada por poses guabinosas, trágicamente uno de mis muchos defectos es asumir definiciones en un mundo en el que el predominio de la doblez obliga a andar con cuidado, sino porque estoy convencido que ese no es el tema central.

Lo considero así por dos razones: En las actuales circunstancias lo peor que puede suceder es que nos ataje la “otra solución”, la misma que ni me atrevo a mencionar, en el camino del diseño, discusión y negociación de las vías idóneas; y, otro punto, también creo que el tema no se limita simplemente a salir de Maduro. Mientras los arquitectos políticos preparan sus planos, el terreno en el que se va a construir la nueva construcción sufre desplazamientos y se manifiesta inestable.

Es por eso que en un ejercicio de eclecticismo político, en un momento en que valen solo las definiciones, puedo afirmar que iniciar la enmienda, activar el revocatorio, convocar la asamblea constituyente, inclusive la última propuesta de dictar una ley especial de referendos, todos a la vez o alguno de ellos, pueden ser adecuados y convenientes; con el único requisito de que sean asumidos en forma “oportuna”. Y si algo ha caracterizado a los factores democráticos desde el 6-D es su carencia de “timing”, salvo la glamorosa y exitosa estrategia de instalación de la Asamblea Nacional el 5-D.

¿Cuál ha sido la razón de esta carencia si la definición de un liderazgo político la da precisamente el sentido de la oportunidad? La respuesta está en otra pregunta: ¿Quién ha transmitido a los factores democráticos la idea de que debe evitarse la crisis constitucional a toda costa? La interrogante cabe porque no puede escapar, ni al observador más desprevenido, el tremendo esfuerzo que hacen los líderes partidistas del polo democrático para eludir lo que a todas luces luce inevitable.

Analicemos el panorama. Los rojos buscan y provocan un enfrentamiento como si hubieran arrasado en las pasadas elecciones parlamentarias de diciembre. Esto obliga a considerar si ellos son tan irracionales y están tan mal ubicados que buscan un enfrentamiento en el peor momento político concebible. La otra posibilidad es que, cual fiera jauría, ladran con energía para desestimular lo que saben sería la activación de la etapa final del proceso de deterioro y derrumbe del sistema perverso de control de poder implantado en Venezuela. No hay que olvidar que son maestros en la política al revés, la desinformación y el despiste como salvia que alimenta todas sus actuaciones.

La verdad sea dicha, con sus amenazas y acciones, no dejan otra salida que provocar la crisis constitucional. A veces siento que la oposición se viene planteando la crisis de la misma forma como yo les impongo hipotéticos problemas a mis alumnos de Derecho Constitucional, en la UCV, UCAB y UMA. Pero no se trata de un examen que debe ser aprobado con un 20 para graduarnos con honores. Más bien estamos en un verdadero laboratorio de la política en que todas las formulas sirven pero ninguna será utilizada porque, al final, no tendremos el mechero para comprobarlas.

La crisis constitucional se nos viene encima porque el T.S.J. ha usurpado la función contralora y legislativa de la Asamblea Nacional desde el día mismo de su instalación; y Maduro, como Jefe Político de la jauría, desconoce el resultado del 6-D, viola sistemáticamente la Constitución, imparte instrucciones para que sus subalternos hagan lo suyo, anuncia y ejecuta el incumplimiento de su propia función constitucional. En definitiva, con su actitud, perfila la causal de abandono del cargo que puede ser calificado por la Asamblea Nacional, en cualquier momento, por mayoría simple.

Se hace imprescindible enfrentar la situación juzgando a los miembros del TSJ que han usurpado funciones, declarar la irrita constitución de todas sus salas por la integración con los “miembros express” que fueron designados por el PSUV, plantear el vicio implícito en todo ese proceso y, simultáneamente, declarar el abandono del cargo por parte de Maduro. Estos son actos legítimos de actuación y una obligación política, moral y constitucional para evitar que este país se siga desmoronando.

Solo cuando se presente la crisis constitucional se establecerá la verdadera base de sustentación de Maduro. Perdido el apoyo popular, esa base estx en un trípode: militares, grupos violentos y malandros agazapados en el Tribunal Supremo de Justicia. Podría considerarse que ante tamaño respaldo y con todo el poder que da el usufructo de los recursos públicos la canalla es imbatible. Pero el conflicto demostrará que los militares están divididos, los violentos se enfrentan entre sí por el botín con máxima furia y que en el mismo seno del PSUV existen insuperables discrepancias.

En la medida que nos alejemos de la circunstancia política más relevante de los últimos tiempos, la aplastante victoria de las fuerzas democráticas en diciembre, el riesgo de una derrota se acrecienta. El juego de ellos es que se supere el testimonio de rechazo nacional del 6-D, utilizar el factor boli burgués y la corrupción como eslabones adicionales que aprisionan al pueblo de Venezuela, además tratar de negociar y satisfacer con mayores concesiones al estamento militar.

El elemento final es el influjo de la política internacional y una eventual aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática; la misma que, por vez primera, se aplicó en Venezuela en el 2002. Los rojos que en aquel tiempo se sintieron muy aliviados hoy hablan de injerencia de países extranjeros en nuestros asuntos internos. Alberto Fujimori y Lucio Gutiérrez abandonaron la Presidencia por las flagrantes agresiones contra la institucionalidad democrática y la sistemática violación de la Constitución, tal como lo ha hecho Maduro; y, en esas salidas, fue clave la comunidad internacional.

Después de la última usurpación orquestada por la Sala Constitucional, al modificar el control sobre los altos funcionarios previsto en la Constitución y el RIDAN, lo que cabe es abrir juicio contra sus miembros. Esto podría acompañarse de la tardía declaratoria de los vicios de la selección de los “Express” y “Prepagos” de diciembre que se han incorporado en todas las Salas del TSJ. Pero no hay que olvidar al actor principal del fraude constitucional. Que se vea en el espejo de Lula y la Kichtner, por ahora.