¿Por qué estamos entrampados?

Ante esta mortandad tan bárbara, ante tantos abusos, ante esta jornada de protestas que más que jornada se ha constituido, después de más de mes y medio ininterrumpidos, en lucha y masacre diaria, la pregunta que tenemos, desde el dolor, desde la desesperación más grande, es ¿Por qué seguimos aquí? o, mejor dicho ¿Por qué Maduro continúa allí? ¿Por qué no termina de caer la dictadura? La sensación que tenemos es confusa, sabiendo al régimen débil pero, al mismo tiempo, atornilladísimo.

Nunca antes, en el transcurso de estos casi veinte años, la dictadura castro-chavista había estado tan débil. Ha perdido el apoyo internacional de un montón de naciones y organizaciones que antes la apoyaban, teniendo a varios países «pesados», como Brasil, por ejemplo, en contra. Con una OEA frontalmente enemistada, con sólo el apoyo minoritario de esos pequeñísimos países que mendigan dólares haciendo vida en Petrocaribe, Maduro se mantiene, inusitadamente, sentado en la Silla de Miraflores.

Un asunto doméstico

Y más allá del rechazo del mundo civilizado a nuestra dictadura, el propio país está alzadísimo y muy dispuesto a erradicar de una vez por todas este cáncer despótico. Incluso, y de manera inédita, se ha quebrado, al menos en apariencia, el monopolio de los poderes públicos, hasta hace muy poco secuestrados en su totalidad por el Ejecutivo. No hace falta recalcar que el Poder Legislativo se encuentra en manos de grupos demócratas actualmente, asunto de suma importancia por ser la Asamblea Nacional la representación directa de los ciudadanos en los poderes públicos.

¿Y por qué no cae la dictadura?

Sin embargo, y teniendo la Asamblea Nacional la posibilidad de asumir el poder en representación de los ciudadanos para aplicar los mandatos (sí, mandatos) que la Constitución establece en defensa de la República y de las leyes, no termina de determinar el desconocimiento de los poderes usurpados por la tiranía. La Asamblea Nacional, en la práctica, está respetando a Maduro y su control del Poder Ejecutivo como si fueran legítimos; se niega a desconocerlo como Presidente. Esto constituye un verdadero sinsentido, puesto que, al mismo tiempo, ha denunciado un Golpe de Estado arguyendo una confabulación de los Poderes Ejecutivo y Judicial, al margen de la ley, cuando desconocieron al Legislativo, intentando anular sus facultades.

La verdad es simple

Durante la mal llamada Revolución Bolivariana hubo una reestructuración de la distribución de las rentas de la nación en la sociedad. Por una parte, nunca antes el Estado había controlado con tal totalidad la entrada de dinero al país (se acentuó el carácter mono-productor petrolero, y se instauró un control de cambio que imposibilitó casi por completo la entrada de capitales que no pasaran por las manos del Estado), nunca Venezuela había percibido tanto dinero, y además, nunca antes el grueso de los capitales habían ido a parar a tan pocas manos: una nueva oligarquía, mezcla de las élites de antes con las nuevas surgidas en el seno «revolucionario». Esta nueva realidad se tradujo en la innegable y lógica participación de una inmensa cantidad de venezolanos en negocios que, directa o indirectamente, incluían al gobierno. En el mejor de los casos de enriquecimientos en los recientes quinquenios se puede hablar de meras «salpicaduras» con dinero de la corrupción, y de un tiempo para acá, del narcotráfico.

Los dirigentes políticos no escapan a esa realidad. Muchos tienen fortunas nada deleznables, y en ocasiones, producto de negocios que incluyeron, en buena medida, al régimen. No son cuentos de camino ni chismes sin fundamento, son realidades que se conocen, que conocemos, que están a la vista.

Y en ese orden de ideas, la realidad dolorosa es que, para buena parte de la dirigencia política opositora, la transición debe darse con una delicadeza sumamente complicada. El programa para la transición del ala más conservadora de la MUD (la del popularmente llamado Pacto del Huevo Frito, entiéndase, de las cúpulas de Acción Democrática y Primero Justicia, sin olvidar a Un Nuevo Tiempo) no incluye la sustitución del sistema imperante, sino el desplazamiento del poder del sector gobernante del castro-chavismo para, desde el gobierno, y manteniendo Constitución y leyes vigentes, encauzar al país en la continuidad de un esquema que, a sabiendas de su caducidad, necesitan conservar para garantizar una política de «reconciliación» y una «amnistía» que les permita escapar a la ley. Una transición que garantice justicia sería ver caer a muchos, de todos los colores y de todos los partidos. La cautela con la que trabaja la MUD hoy no es guabineo: es el «tiempo de Dios» necesario para encauzar la transición por el ojo de una aguja.

¿Y qué hacer al respecto?

Sin embargo, siguen existiendo voces desde la política y desde la sociedad luchando contra la dictadura, contra el sistema, contra la corrupción, contra la complicidad. Nosotros sabemos quiénes son, porque han llamado a la dictadura por su nombre desde siempre, sin miedo, sin rabos de paja. A ellos debemos apoyarlos y seguirlos, y no a otros. A ellos les duele el país como a nosotros, y por eso, junto a nosotros, están luchando por un cambio real, por una verdadera salida de la tiranía y por la refundación de la patria. Con ellos, y entre todos, debemos presionar a las élites. Debemos denunciar la corrupción y la complicidad. Debemos quitarnos el miedo. Conformarnos con un gobierno de transición, si llegara a darse, dirigido por la cúpula de la MUD no sería, y en el fondo de nuestros corazones lo sabemos, una salida de la dictadura, sino la continuidad de esta.

Nuevamente es el momento de la ciudadanía, es nuestro momento. El proceso de transición depende de la presión que hagamos nosotros. Sabemos qué tenemos que hacer. El desconocimiento del régimen es un mandato de la Constitución, y no sólo un derecho. Convoquemos a las fuerzas vivas del país, incluyendo a los rangos medios de las Fuerzas Armadas que Borges y Ramos Allup desmovilizan a diario con discursos desalentadores, y a los que necesitamos para que detengan con las fuerzas del orden público a los Guardias Nacionales y a los grupos paramilitares que siguen órdenes de gobernantes ilegítimos y quebrantan la ley.

Nos asisten la razón y las leyes. Los que deben temer son los usurpadores. No nosotros.

¡Libertad!