La política es la Libertad (I)

Hoy en día el país atraviesa por una gravísima situación económica: escasez de alimentos, de medicinas, de bienes básicos, inflación, desempleo, incremento de la pobreza, deficientes servicios públicos, inseguridad, y un largo etcétera… Situación que no es sino la lógica consecuencia de la aplicación de un modelo económico que nos ha acompañado, no desde finales del siglo XX, sino desde por lo menos los años sesenta del mismo siglo, y que se ha venido acelerando. 

Un modelo que podemos definir de Estado interventor en la economía, restricciones a la competencia, prácticas proteccionistas (monopolios privados y estatales, concesiones), Estado-empresario, regulador, controlador de la economía, clientelar y asistencialista, y que para su funcionamiento y sostenimiento necesariamente requiere un gasto público elevado, altos impuestos, endeudamiento, inflación. Un modelo que inexorablemente tiende por naturaleza a mayor intervención, mayor control, a empeorar los resultados económicos, a la pérdida de bienestar, al totalitarismo y, si no se detiene a tiempo, a la tiranía. Es decir, es un modelo que aunque comienza confiscando las libertades económicas de los ciudadanos, siempre amparado y justificándose en su persecución del bien común, termina confiscando las libertades civiles también… termina confiscando la libertad, que es una sola.

En mi opinión, y no es sólo mía, lo natural, lo sano, lo correcto, debería ser un arreglo institucional en que, mientras el estamento político sea quien tenga el poder político, la sociedad civil, los ciudadanos, sea quien mantenga el poder económico. La relación sana es que el estamento político, las instituciones políticas, los organismos públicos, el gobierno, el parlamento, el poder judicial, el Estado, estén al servicio del ciudadano. No al revés. 

Lo sano es que el ciudadano sea quien tenga el poder económico, sea dueño de empresas, produzca, genere empleo y bienestar, y mediante sus impuestos sostenga al Estado, al gobierno, al estamento político. Es decir, el ciudadano sea el empleador que, a través de los impuestos, le pague sus buenos servicios a sus empleados, los servidores públicos, el estamento político. Entonces, el ciudadano mantiene el poder económico, y negociará, a través de las organizaciones políticas, como el parlamento, los impuestos que pagará a cambio de buenos servicios públicos. Y si los servidores públicos no hicieren bien el trabajo para el que el ciudadano los eligió, pues, a través de mecanismos predispuestos, debe tener el poder para removerlos y elegir a otros

Esto, opino, debe ser el principio del arreglo institucional correcto y sano para todos en la sociedad: los políticos manteniendo el poder político, pero sirviendo y dependiendo del ciudadano, quien es quien tiene el poder económico. Así se logra el balance necesario para que las cosas funcionen, y para que se preserve a largo plazo la libertad, y por ende la democracia. Si el estamento político, o el Estado, tuviera ambos, tanto el poder político (que por naturaleza ya tiene) como el económico, ¿con qué carta se sientan a negociar los ciudadanos? Con ninguna; y sin tener nada con qué negociar, lo más probable es que terminen siendo los ciudadanos servidores del Estado.

Esto es lo que ha venido ocurriendo en el país desde los años sesenta del siglo XX: un Estado que ha ido quitando el poder económico de las manos de sus naturales dueños y gerentes, la sociedad civil.

A manera de ilustración, y de una larga lista, sólo destaco tres hitos de nuestra historia político-económica: la estatización del Banco Central (1974), la consolidación de la estatización de la industria petrolera (1976) y la sustitución de importaciones por la misma época. 

Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos argumentando que la política necesaria es la Libertad y el respeto a la Dignidad humana, en el próximo artículo.

Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué no cambia y por qué es difícil cambiar el statu quo.

Rafael Avila

Rafael Avila

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila. Profesor de la UCAB y el IESA. Ingeniero Civil, UCAB. Master en Administración de Empresas, Políticas Públicas y Finanzas, IESA. PhD. in Economics de la SMC University, Zug, Suiza.
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