¿Cómo crear capacidades para el nuevo estilo de desarrollo? (I de III)

La primera de las tres estrategias que hemos propuesto para reconstruir a Venezuela sobre un nuevo estilo de desarrollo, busca suplir las capacidades que perdimos a lo largo de los últimos cuarenta años y desplegar un conjunto de sistemas que las renueve y las incremente de manera incesante en el tiempo, en sintonía con las dinámicas que tienen lugar en los países más avanzados. Sobre esta estrategia tratan el presente escrito y los tres que le siguen, de la serie de artículos que hemos basado en las propuestas del libro “Venezuela, vértigo y futuro” cuya autoría compartimos con Tanya Miquilena.   

La estrategia de capacidades en su conjunto

Si todas las personas pueden desarrollar sus propias capacidades humanas, y si funcionan las instituciones y los marcos regulatorios adecuados, aquellas se conjugan forjando una capacidad creciente del sistema de producción del conjunto de la sociedad, para generar más recursos de capital humano, capital económico y capital social-relacional, las tres clases de recursos que pueden emplear los individuos para construir sus capacidades y convertirse en agentes de sus propias vidas. 

Es decir, en las condiciones antes descritas las capacidades de la economía se convierten en motor para amplificar las capacidades humanas de todos los miembros de la sociedad y viceversa.  Por el contrario, cuando una sociedad no ofrece a todos sus miembros el acceso a oportunidades para acrecentar sus capacidades humanas, tiende a deteriorarse económicamente y a escindirse social y políticamente, y sus integrantes pueden perder la libertad. Eso le sucedió a Venezuela en los últimos cuarenta años.

La estrategia que proponemos para la creación de capacidades prescribe transformaciones institucionales para que los sistemas de seguridad social y de educación se recuperen de la precariedad a la que han llegado hoy, y en adelante contribuyan de manera permanente a elevar el capital humano de todos los venezolanos; en segundo término la estrategia aborda reformas regulatorias de la economía que buscan estimular la competencia y la inversión privada, nacional y extranjera en todos los sectores, con miras a generar una gran expansión en la escala productiva de Venezuela y en su generación de empleos en condiciones de trabajo decente; y en tercer lugar nuestra propuesta plantea relanzar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que está muriendo, promueve una reforma que busca modernizar y elevar la eficiencia del Sistema Nacional de Universidades y plantea incentivos para fomentar la conexión orgánica permanente entre estos dos sistemas y el aparato productivo, para contribuir a que el conjunto así integrado sea un motor fundamental de nuestro progreso y se inserte en la nueva economía del conocimiento y la innovación que mueve el desarrollo en todo el mundo.

Este artículo se concentra en las propuestas relativas a los sistemas de salud y seguridad social, mientras los tres siguientes despliegan las correspondientes al sistema educativo, la economía productiva y el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Un nuevo sistema integral de seguridad social

Desde hace muchos años el sistema venezolano de prestación de servicios públicos de salud vive en precariedad debido a problemas de organización, de gestión y de falta de financiamiento adecuado, mientras el subsistema de pensiones y seguros de desempleo ha estado crónicamente insolvente desde hace muchas décadas. 

El fin específico de nuestra propuesta es crear un Sistema Integral de Seguridad Social (SISS), universal y eficaz, compuesto de un subsistema de salud (SS) y otro subsistema de pensiones y auxilio al desempleo (SPAD), cuyo desarrollo progresivo plantea dos clases principales de retos. 

La primera clase comprende garantizar un piso de protección social, que es el nivel mínimo de las prestaciones que debe ofrecerse a todo ciudadano, independientemente de cuánto cotice, y crear estadios progresivos de intensidad de las prestaciones. La segunda es asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en el tiempo, volviéndolo robusto frente a los cambios que irán sufriendo en el futuro la estructura etaria de nuestra población y la capacidad económica de los afiliados para otorgar soporte al sistema con sus contribuciones. Países de America Latina como Argentina, Brasil, Chile y México han dado pasos importantes para implementar pisos de protección social en sus sistemas de seguridad social. 

En nuestra propuesta, toda la población estaría afiliada y cubierta tanto en el SS como en el SPAD; el punto de partida de la reforma sería la universalización de las coberturas a toda la población con pisos de protección social; la prestación se realizaría con la participación de agentes públicos y privados y los dos subsistemas operarían bajo la supervisión de entes reguladores del Estado. El desarrollo progresivo llevaría a la coexistencia de regímenes contributivos y no contributivos y a que los afiliados tengan la posibilidad de elegir si se sirven de las aseguradoras y redes de servicio estatales o privadas.

En relación con los servicios públicos de salud, la propuesta contempla elevar los estándares de prestación y simultáneamente ampliar la cobertura hasta universalizar el acceso a los servicios, independientemente de la capacidad de pago, la condición social o la situación laboral de los usuarios. Lograr esos objetivos implica realizar un conjunto de reformas en la organización, en la prestación de los servicios y en el financiamiento de los sistemas de seguridad social. 

En lo que respecta a las pensiones y el seguro al desempleo, la propuesta apunta a un sistema organizado en tres pilares, sujeto a un desarrollo progresivo de la cobertura y las prestaciones, con un primer pilar asistencial y solidario que sería implementado de inmediato al aprobar las reformas, mientras que los otros dos entrarían en operación más adelante y funcionarían fundamentalmente sobre la base de la capitalización individual. 

La reforma que daría origen al nuevo Sistema Integral de Seguridad Social es un deber ético de la sociedad venezolana y una necesidad política asociada a la viabilidad de la democracia que estamos por re edificar, por lo que debería guiarse por ideas como las aquí expuestas. Pero su implementación progresiva, en particular la referida al subsistema de pensiones y auxilio al desempleo, debe también ser realista considerando las capacidades de aporte de las empresas y los trabajadores en el proceso de recuperación económica de Venezuela, por lo que no puede ser impuesta sino resultar de una negociación tripartita entre trabajadores, empresarios y gobierno. Dos de los temas más álgidos en esas negociaciones van a ser con toda seguridad los aportes patronales y la decisión acerca de si se acepta la participación de agentes privados en la administración de los fondos de pensiones, asuntos que han enfrentado a las partes en todos los países en los que han sido implementadas reformas de este tipo. 

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