AL GRANO

Por Efrén Rodríguez

 

Esta semana hemos decidido reproducir una declaración de la jueza María Lourdes Afiuni. El dolor que se desprende de estas líneas es razón suficiente para darle la mayor difusión posible a un hecho que ilustra el actual estado de la justicia venezolana. El silencio no puede ser aliado de la barbarie. Por ello, agradecemos compartir el Al Grano de esta semana.

 

¿Justicia?

 

Mi nombre es María Lourdes Afiuni. Soy una mujer y madre venezolana, encarcelada desde el 10 de diciembre de 2009, cuando en mi condición de juez de la República, en observancia de una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, así como de las leyes y de la Constitución de mi país, tomé una decisión judicial de libertad condicional a favor de un procesado. Esa decisión de libertad restringida, me costó la mía, y con ello, un conjunto de violaciones a mis derechos como procesada, como detenida y como mujer. A más de un año de mi detención, he tomado la difícil decisión de informarle al mundo la aterradora realidad que actualmente estoy sufriendo.

 

Hasta hoy mantuve oculta la humillación y abuso más grande que una mujer puede vivir. Hoy lo denuncio y acepto contarlo al mundo, como única vía para superar el trauma psicológico causado y para romper el silencio sobre las aberraciones, tanto del sistema de justicia venezolano, como del régimen que me mantiene detenida.

 

En enero de 2010, a solo semanas de haber sido ilegalmente encarcelada, un grupo de mujeres entró a mi celda mientras me encontraba durmiendo. Mi celda en esa época no tenía cerradura y el candado de la puerta de acceso al área de admisión solo es controlado por el personal femenino de custodia. Me cubrieron con una sábana, me golpearon, tirándome del cabello y pateándome por todo el cuerpo, incluyendo los senos. Paralelamente me agredían verbalmente, haciendo incluso mención a mi condición de juez; mis lágrimas y súplicas no fueron suficientes y continuaron la tortura quemando mis partes íntimas con cigarrillos, para luego introducir de manera agresiva y violenta objetos metálicos en ella. Esto produjo severas inflamaciones en mi matriz y fueron varias las semanas que necesité para recuperarme de este horrendo suceso.

 

Las agresiones no terminaron allí. En julio del mismo año, en horas de la madrugada, cuando la población penal dormía, me trasladaron esposada a la enfermería sin ninguna explicación. Poco después entró un hombre moreno de aproximadamente 1.75m, con una identificación del Ministerio de Relaciones Interiores y sin piedad alguna ante una mujer indefensa y esposada, procedió a abusar de mí sexualmente. En los días posteriores de la violación noté un atraso en mi menstruación, logré ingresar a la cárcel una prueba farmacéutica por medio de una visita, la cual resultó positiva. Semanas después presenté un sangramiento, teniendo así una interrupción espontánea de dicho embarazo.

 

Esa es la razón por la que han retrasado por meses mi traslado médico y por la cual me negué a ser trasladada al Hospital Militar, donde sabía que ocultarían la verdad. Cuando mis abogados defensores lograron que fuese oída la recusación y cambiaron al Juez Alí Paredes (por pocos días, lamentablemente) se lograron varios traslados al Hospital Oncológico de Caracas. Los médicos que me han atendido en esas consultas pudieron observar señales evidentes de violencia en mis partes íntimas, así como las protuberancias en la zona entre la axila y la mama, producto de las patadas recibidas en enero. Es esa la razón por la cual, tanto la Guardia Nacional como personal de custodia de la cárcel, intentaron presionar y modificar los resultados que observaron los médicos en mi persona, en esas consultas, llegando a impedir cualquier acceso de mis familiares y abogados a los informes médicos y a los resultados de los exámenes que me fueron practicados; el personal de custodia civil y militar sabe y conoce lo ocurrido, al igual que las autoridades de la cárcel en la que aún permanezco, quienes son conscientes y cómplices, por acción, omisión o encubrimiento, de los hechos que por primera vez estoy denunciando.

 

Hoy me encuentro cada vez más aislada en las condiciones de detención que he denunciado varias veces, rodeada de reclusas que me amenazan y no pocas veces me agreden, encerrada en mi celda en un pasillo que me separa tenuemente de la mayoría de la población penal. No puedo salir a caminar, ni hacer ejercicios, menos a tomar sol o asistir a servicios religiosos que me consuelen del infierno en el cual vivo.

 

A la injusticia de mi encarcelamiento, se ha sumado el trauma ocasionado por las agresiones sexuales. No espero justicia por parte de los órganos judiciales de mi país, pues, tanto mi proceso, como muchos otros que hemos tenido oportunidad de conocer, evidencian que ya no es posible tener expectativas de justicia. En mi condición de mujer, soy consciente del riesgo y las consecuencias que tiene romper el silencio ante hechos tan abominables, pero también entiendo que la verdad ha sido y seguirá siendo la única arma a mi alcance para defender mi dignidad. Es por ello que, aconsejada por mis más íntimos amigos y mis abogados, he decidido firmar esta declaración, bajo juramento, rogando a Dios que me dé fuerzas para superar este tormento y clamando ante la comunidad internacional que abra los ojos ante mi caso y el de tantas otras víctimas, reflejo del acelerado deterioro y perdida de independencia del sistema de justicia venezolano.