INVESTIGACIÓN ESPECIAL: INFIERNO EN EL RODEO
Luego de los hechos de violencia en 2011, el Internado Judicial Rodeo I fue reinaugurado el mismo año por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Sin embargo, los problemas de violencia, hacinamiento, insalubridad y tráfico de armas parecen estar a la orden del día.
Luego de una riña interna que puso en evidencia el poder armado de los reclusos, el 12 de junio de 2011 se produjo una crisis de violencia que llevó a las autoridades a la intervención del penal Rodeo I. La cifra de fallecidos ofrecida oficialmente fue de 31 reclusos –uno de los peores motines en este penal– a pesar de que algunos internos hablaban de un número mayor. Para ese momento albergaba 1.722 reclusos, de los cuales fueron trasladados 860 después del motín. Sin embargo, a la fecha el penal triplica su capacidad.
De acuerdo con los expertos, el problema de la crisis carcelaria radica principalmente en la falta de políticas eficaces para resolver dicha situación. La falta de funcionarios capacitados ha permitido que se violen los Derechos Humanos de los internos; el descuido en materia de salud, higiene, alimentación, y asistencia legal han hecho invivibles la reclusión de los internos.
El hacinamiento es uno de los aspectos más preocupantes en la crisis del sistema carcelario. Venezuela tiene una capacidad para recluir 16.500 internos, y actualmente el número de privados de libertad es de 51.500; es decir, una sobrepoblación por el orden de 210%, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. Rodeo I tiene capacidad para 750 privados de libertad, sin embargo recluye alrededor de 2.584.
Una crisis que se pudo haber detenido
El Rodeo I fue inaugurado en el año 1983 y desde ese entonces se evidenciaba un mal manejo del sistema, el cual se
ha deteriorado gradualmente. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indica que el Rodeo I se encuentra bajo medidas provisionales desde el año 2006 concedidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A pesar de esto, anterior a 2011 el índice de hacinamiento era de 187%, por lo que las organizaciones que defienden los Derechos Humanos de los privados de libertad señalaban importantes violaciones en ese ámbito.
Heriberto Manzano estuvo recluido en Rodeo II por homicidio hasta 2008. Pertenecía a una de las bandas que controlaba el sector “Barrio Chino”. Explica que después de 2009 las autoridades perdieron completamente el mando de ambos penales. Cuenta que Yorvis López, conocido como “Oriente”, quien fue pran (líderes negativos que controlan los penales) en Rodeo II, cuando ingresó no permitió más la presencia de los funcionarios, “llegó Oriente, pasó el candado y no dejó pasar más número” (forma de referirse al conteo diario de reclusos).
Los hechos violentos entre las bandas, el deterioro de las instalaciones, la falta de control por parte del Estado, la exigencia de procesos judiciales más expeditos y de condiciones dignas por parte de los internos, eran aspectos que alertaban la explosión de una crisis. “Lo que allí sucedió se veía venir por falta políticas de Estado y control del penal, se lo veníamos diciendo al Gobierno”, comenta Humberto Prado.
Prado explica que si se hubiera mantenido el diálogo entre las partes, probablemente la intervención militar en el recinto podría haber sido distinta. “En ese momento dije que era mejor negociar y encontrar una salida en paz. Se había llegado a un acuerdo, pero de la noche a la mañana las autoridades tomaron el penal. Tareck (El Aissami) –ministro de Interior y Justicia en ese momento– debió haber buscado una salida que no arrojara muertos”.
Un ex recluso y actualmente es funcionario de Ministerio para Servicio Penitenciario, participó en la mesa de diálogo que se estableció en 2011. Él asegura que el motín sólo podía concluir con muertes, ya que Tareck El Aissami “venía con la mente de intervenir el penal”. Sin embargo, para ese momento Elías Jaua (vicepresidente para la fecha) aseguró que el mandato fue siempre preservar la vida de los internos.
Quienes participaron en el diálogo para mediar la crisis aseguran que si se hubiera prestado atención a la situación de los internos, y se hubiese llegado a un acuerdo con las partes en vez de intervenir con las fuerzas militares, probablemente la situación de violencia se podría haber detenido, sin el resultado de más de 31 internos, un visitante y un Guardia Nacional fallecidos.
Reinauguración entre comillas
Luego de los hechos violentos, el 25 de julio del año 2011 se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario, designando a Iris Varela como ministra. Su primera obra fue la reinauguración de Rodeo I, creando 5 aulas, galpones de trabajo y restructurando lo que se conoce como el anexo (antigua área administrativa) convirtiéndolo en área de reclusión.
Ante la ausencia de Estado los internos han tomado el control de los penales, implantando sus propias dinámicas y
reglas. Luego de la remodelación, ese mismo año, se presentó un motín que obligó la ministra Iris Varela a comprometerse con el cumplimiento de las exigencias de los internos, entre las que estaban servicios básicos de agua, alimentación y médicos. La deficiencia en los servicios básicos y las condiciones aptas de reclusión actualmente continúan colaborando con la proliferación de enfermedades, (gastrointestinales, respiratorias, tuberculosis y VIH), sin embargo no existen datos oficiales en cuanto al número de enfermos.
Igualmente, incumpliendo con el cronograma del Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario, fueron trasladados al Rodeo I los internos del ex recinto “La Planta”, incrementándose el número de reclusos. Para el director del Observatorio Venezolano de Prisiones no es suficiente una reinauguración, pues el problema radica en el poco personal y experiencia de los funcionarios a cargo de la custodia de las cárceles.
Situación actual
La situación del Rodeo I no es distinta a la de hace algunos años. Lo que en 2011 se instaló como áreas de trabajo y educación, actualmente funciona como habitaciones para los reclusos; ni el área de las escuelas ni los talleres funcionan al 100%, ya que uno de ellos está dispuesto para una discoteca, mientras que una parte muy pequeña se utiliza para trabajar. Algunos están funcionando, sin embargo, no hay espacio para la participación de todos los reclusos. En cuanto a la infraestructura, sólo se recuperó lo que se conoce como “el anexo”, pues el antiguo pabellón “sigue igualito” según el Jefe de Servicio del Comando Regional N°5 de la Guardia Nacional Bolivariana, Destacamento 55.
Desde el patio trasero del Destacamento se observa una de las canchas, donde está ubicada una de las entradas de
agua que los internos utilizan para bañarse, pues este servicio básico no llega todos los días a los pisos altos donde se ubican los baños del penal. Igualmente se puede ver, a escasos metros del comedor, una torre de basura que evidencia la falta del servicio de recolección de desperdicios. Este es un “eterno problema del Rodeo”, comenta uno de los funcionarios.
Si bien la reinauguración del penal incluyó fachadas, habitaciones, canchas y baños, los internos siguen teniendo las mismas carencias de hace 3 años. En el caso de los dormitorios, se dotó de 490 literas a los centros penitenciarios, sin embargo, muchos de los internos duermen en el pasillo y guardan las colchonetas en las celdas. “Se arreglaron las escaleras pero ahí duerme gente, el mal olor es igualito”, dice Sheily, quien tiene a su primo en el Rodeo I. Comenta también que a los familiares se les están restringiendo las visitas y no permiten el acceso de dinero, afirma que “eso es lo único que ha cambiado”.
Según la Memoria y Cuenta del ministerio, para el año 2012 se suministraron más de 40.164 toneladas de comida y 18 equipos de cocina en las cárceles del país, informando que el abastecimiento de alimentos estaba regularizado. Sin embargo, Sheily cuenta que los antiguos problemas en materia de salud y alimentación siguen siendo los mismos. “Ahorita solo dejan pasar alimentos preparados… pero la comida que dan ahí es horrible y no alcanza para todos”.
“No se puede pasar”
Los funcionarios no pueden ingresar al penal por orden de los internos que controlan el recinto, pues nadie garantiza su seguridad, sólo ingresan los familiares, los médicos y los profesores. Por esta razón crearon un acceso alrededor de la parte perimetral del recinto para realizar “el número” cuando los internos lo permiten. “Se le ven las armas, los fusiles, por dentro de la ropa”, asegura una funcionaria del área administrativa.
“No la puedo dejar ingresar al penal porque ni con un custodio se le garantiza su seguridad, ahorita no está pasando nadie”, fue la respuesta del Director cuando se solicitó la entrada con su autorización, durante la investigación para el presente reportaje. Mientras tanto, se podía observar a unos funcionarios montando en una ambulancia a un interno que había sido herido de bala.
Cada vez más recursos
Entre las diversas causas del colapso del sistema penitenciario, se encuentran la distribución y asignación de recursos. El presupuesto fijado para el MPPSP este año fue de Bs. 1.497 millones, lo que representa sólo el 0,4% del presupuesto de la nación. Mientras que en 2012 esa proporción fue 0,5%; si bien la cifra en bolívares se incrementó, en términos porcentuales es menor.
El presupuesto fijado se amplió gracias a la aprobación de créditos adicionales por el orden del 161%, es decir, Bs. 2,5 mil millones más de lo asignado. De dichos créditos, 5 estaban destinados para gastos de alimentación. A pesar de que estos créditos representan casi el 36% del incremento, el Estado sólo aporta 14 bolívares de los 110 aproximados que requieren los internos para alimentación diaria.
En 2012 en el marco del proyecto “Atención Integral a los Privados y Privadas de Libertad y Residentes del Sistema Penitenciario Venezolano” orientado en profundizar la atención integral, incluyendo el sistema de salud, se asignaron del presupuesto otorgado más de 531 millones de bolívares, incluyendo la adquisición de 1.087.984insumos médico-quirúrgicos.
La Memoria y Cuenta no refleja un monto específico en el tema de salud asignado al Rodeo I, sin embargo los familiares aseguran que no hay suficientes medicamentos, y son ellos quienes deben llevárselos los días de visita. Así mismo, a pesar del capital asignado al sistema penitenciario, también deben llevarles agua, artículos de aseo personal, víveres, alimentos preparados y ropa.
Al Internado Judicial Rodeo I se le asignaron 43.570.796 millones para el desarrollo del plan “Ampliar, Recuperar y Dotar los Centros Penitenciarios”, lo cual comprende acondicionamiento de aguas servidas, acondicionamiento de áreas de enfermería, sistema de abastecimiento de agua, entre otros, a pesar de que estos aspectos que siguen siendo reclamo de los reclusos.
Después de 2 años nada ha cambiado
Antony fue pran en varios penales del país y está en régimen de presentación desde hace cuatro meses, por eso conoce la realidad de sus compañeros en El Rodeo. Considera que más que tapar los problemas arreglando las fachadas de los edificios, el Gobierno debe trabajar en influenciar la conciencia del privado de libertad.
“El preso no cree en el Estado, y mientras no se acabe la corrupción que tienen los verdes (como es llamada la Guardia
Nacional), ahí eso va a seguir igualito”. A pesar de que se creó un sistema de visita computarizado, el trato por parte de los militares es una de las principales quejas de los familiares.
Uno de los funcionarios del Ministerio para Servicios Penitenciarios, quien trabaja en el área de transporte, comenta que el Ministerio hizo un gran esfuerzo por remodelar el Rodeo, sin embargo la cultura destructiva del privado de libertad junto a la corrupción, han hecho que el penal se mantenga con los mismos problemas. “Ahora sólo queda la recuperación de la fachada, los internos tienen las mismas armas y las condiciones siguen siendo iguales”. Cuenta también que el interno que paga mayor cantidad de dinero a los funcionarios del ministerio, es ubicado en “la máxima, que es donde está el pran y los beneficios”.
Por mayores que sean los esfuerzos se dificulta el trabajo en un penal que triplica su capacidad. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, asegura que luego de casi dos años de los hechos violentos, el Gobierno sigue sin poder asumir su autoridad legal dentro del penal, ni tomar el control interno, a pesar de la presente figura de un Ministerio que tiene autonomía jurídica y financiera. En 2011 el número total de fallecidos fue de 560 reclusos; mientras que en 2012 fue más de 591; ante los recurrentes problemas y la falta de mejoras, se estima que esta cifra aumente.
Por Fabiana Crisci
@Fabiana_Crisci
