¿CÓMO CAE UN GOBIERNO?
Por Efrén Rodríguez
@er251173
El texto que leerán a continuación forma parte del libro La rebelión de los náufragos, escrito por la periodista Mirtha Rivero. Un libro necesario, el cual debería ser leído por la mayor cantidad de venezolanos posible para intentar comprender cómo fue que llegamos al siglo XXI en semejantes condiciones. En este sentido, el propósito de esta breve nota es el de compartir lo que, a mi juicio, constituye la explicación más plausible de la caída del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y, de igual forma, el trágico ascenso de la opción golpista representada por Hugo Chávez Frías.
De la mano de Mirtha Rivero, la brillante viceministra y luego, ministra de la Secretaría durante la segunda presidencia de Pérez, Beatrice Rangel, nos señala en primera persona las consecuencias de ser una sociedad corporativista y cómo Venezuela no ha dejado de ser una piñata apaleada por el poder y los cazadores de rentas. Antes y ahora.
“Lamentablemente no puedo recordar las fechas exactas. Los hechos sucedieron en distintos tiempos, mientras fui viceministra y ministra de la Secretaría, pero todavía en mi mente retengo muy vívidas las imágenes. Son tres actos que, para mí, definieron la caída del gobierno. Porque le dieron sustento dentro de la élite dirigencial del país a la conspiración que adelantaba el grupo militar.
El primero ocurre después de que se consigue el ingreso de Venezuela al GATT, el General Agreement on Tariffs and Trade, que es el sistema multilateral de comercio. Miguel Rodríguez Mendoza era el comisionado por el Presidente para gestionar el ingreso; él había estado trabajando meses y meses con los sectores público y privado, negociando la mejor manera de abrir el mercado, buscando y encontrando las salvaguardas necesarias para proteger a la industria nacional, pero dentro de una política comercial moderna. El objetivo era empezar gradualmente la apertura. Cuando se acordaron las condiciones de política comercial que exigía la carta constitutiva del GATT, en Miraflores se hizo un acto en donde se invitó al sector privado. Habló el Presidente, habló Miguel, habló el presidente de Fedecámaras, el de Fedeindustria, el de no sé qué otra asociación y todos se veían muy satisfechos.
Terminó el acto, hago algunas cosas y cuando llego a mi oficina me dicen que me han estado llamando, y que me siguen llamando: el presidente de la federación de industriales tal, el presidente de la asociación cual, el director ejecutivo de la federación equis… Y yo me pregunto: «¿Pero toda esta gente no estaba hace un momento aquí?» Lo que se me ocurre pensar es que a lo mejor el Presidente, en medio del evento, mientras conversaba informalmente con ellos, les había dicho que se iban a reunir para tratar alguna problemática y que buscaría fechas o algo así. Entonces, para estar preparada, hablo con el Presidente y le pregunto que si en la reunión había prometido algún encuentro con los empresarios. Me contesta que no, pero que qué raro. Bueno, empiezo yo a devolver las llamadas. Llamo al primero, y me dice:
–¿El comisionado Rodríguez Mendoza cuándo es que se va para Ginebra?
–Mañana… ¿por qué?
–Ah, es que yo necesito hablar hoy mismo con el Presidente, aunque sean cinco minutos.
–Pero ¿en relación a qué?
Llamo al segundo, y es el mismo cuento; llamo al tercero, igual. Llamo al cuarto… ¡Todos! pedían lo mismo: cinco minutos con el Presidente Pérez porque querían que excluyeran a su sector del acuerdo que se iba a firmar dos días después en Ginebra. Después de que llevaban meses trabajando en eso. Conclusión política: la supuesta bandera del sector privado venezolano de la liberación de la economía era de la boca para afuera, la usaban simplemente como postura pública, pero de verdad-verdad ellos lo que querían era seguir siendo subsidiados por el Estado. Porque no sabían competir y preferían que el mercado venezolano continuara cerrado, lo cual desde luego le ponía tope al crecimiento y a la posibilidad de que se diera una competencia vibrante de precios, que es lo que permite hacer los productos asequibles a los consumidores. Fue cuando me dije: aquí el sector privado no va a acompañar más a este gobierno –como efectivamente pasó– . Y ahí, yo creo, fue cuando se unieron a la conspiración.
El segundo acto se da a partir de un día en que el ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, en reunión de gabinete dice que tenemos que reducir los presupuestos de todos los ministerios veinticinco por ciento, y que cada ministro decidiera cómo lo iba a hacer. Pues, bien, llega el siguiente consejo y todos los ministros presentan sus reducciones, menos el de Defensa, que conserva su mismo monto, porque resulta que para el Ministerio de la Defensa todas las compras que hacían estaban protegidas por el secreto militar. En consecuencia –de eso fue de lo que nos enteramos– ellos no licitaban nada, no daban precios de nada porque todo: lápices, papel toilette, verduras, carne, botas, uniformes… ¡todo! estaba resguardado. Por supuesto, a partir de ese gabinete se decidió que había que modificar esos parámetros, y dejar el secreto militar solo para lo que tenía que ver propiamente con la función de defensa: armas, sistemas de comunicaciones, sistemas de defensa. Pero el resto: uniformes, rancho de los soldados, todo lo demás tenía que licitarse y someterse a control público. ¿Qué significó esa decisión? Que se vino a fortalecer a los militares golpistas que ya estaban conspirando, aunque nosotros no lo sabíamos. ¿Por qué digo esto? Porque en Defensa, como no licitaban absolutamente nada, las compras las tenían arregladas jerárquicamente: los que cobraban las comisiones por las armas eran los generales; los que cobraban comisiones por los sistemas de comunicaciones eran los coroneles; los que cobraban comisiones por la comida eran los tenientes coroneles; los que cobraban por los uniformes eran los mayores. Algo más o menos así. Cada rango, según el rubro del presupuesto, tenía su comisión. Cuando se pone algún coto porque se les obliga a abrir las cuentas y a licitar determinados rubros, resulta que no quedaron vigentes sino las comisiones para generales y coroneles, con lo cual de tenientes coroneles para abajo se distancian del gobierno. En una sociedad corporativista a cada cual le toca participar en la renta que genera el control del Estado según su rango, y esto, en la mente del corporativista, es considerado un derecho adquirido.
El tercer acto ocurre precisamente a raíz de una de las quejas del Presidente, que señalaba que en Consejo de Ministros se aprobaban presupuestos para obras públicas pero de ahí en adelante las obras tardaban mucho en concretarse. Fue entonces cuando llegó el ministro de Transporte y Comunicaciones, Roberto Smith, con la buenísima noticia de que, luego de una revisión exhaustiva del registro de contratistas, se había encontrado que de los aproximadamente treinta y cinco mil inscritos –no recuerdo exactamente la cifra– solamente unos quince mil aproximadamente cumplían con los requisitos. Es decir, un poco menos de la mitad cumplía con las exigencias técnicas, financieras y legales. El resto estaba registrado pero no se sabía por qué. La decisión de gabinete fue depurar el registro. Ponerlo a derecho pues. Ahora, ¿por qué estaban inscritos esos veinte mil? ¿Quiénes eran esos veinte mil que no cumplían? ¿De dónde salían esas compañías? Eran la típica compañiíta de un señor que era amigo de un político y el político le conseguía que lo metieran en el registro de contratistas y le asignaran una obra. Por supuesto, el señor de la empresita pico y pala no tenía capacidad de hacer la obra que le mandaban, pero la subcontrataba a una de las grandes. Pero cuando se subcontrata, veinte por ciento del dinero se pierde, otro veinte por ciento se le da al político que había que había conseguido el contrato, y al final había que ejecutar una obra con sesenta por ciento de lo presupuestado. Por supuesto que por eso en Venezuela nunca se terminaba una obra: ni escuelita, ni carretera, ni puente. Pero, claro, cuando se limpió el registro de contratistas, se le quitó a los políticos su bread and butter –como dirían los americanos– porque de eso vivían.
Esos tres actos fueron los que llevaron a la conspiración masiva: los empresarios, porque no querían competir; los militares porque les quitaron las coimas, y nada más se las dejaste a los generales y a los coroneles; y los políticos porque vivían del presupuesto de obras públicas del país. Por eso es que a mí me da risa cuando dicen que sacaron a Carlos Andrés Pérez por corrupto. Ahí es cuando yo digo: «No, no, no… a Carlos Andrés Pérez lo sacó la corrupción»”.
Fuente: Rivero, Mirtha (2010) La rebelión de los náufragos, Editorial Alfa, Caracas, pp. 301-304.
